En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la imposibilidad de otorgar libertad condicional a quienes cumplen penas de prisión perpetua en Argentina. La decisión se basa en la necesidad de respetar el “derecho a la esperanza” de los condenados, conforme a principios internacionales de derechos humanos.
La resolución, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, rechazó un recurso presentado por la fiscalía en el caso de Sebastián Alejandro Guerra, condenado a prisión perpetua en 2014 por el asesinato de una policía federal y otros delitos graves. El juez Ricardo Lorenzetti no suscribió la decisión.
De acuerdo a Infobae, la Corte señaló que la normativa vigente, en particular el artículo 14 del Código Penal, es incompatible con el mandato de resocialización de las penas, la proporcionalidad y la prohibición de castigos crueles o inhumanos. Según los magistrados, la norma perpetúa la exclusión social del condenado sin ofrecer una vía clara para su reintegración, lo que contraviene tratados internacionales suscriptos por el país.
El caso Guerra
Sebastián Alejandro Guerra fue condenado por el homicidio de una policía de 34 años, ocurrido en 2012, durante un asalto en el que también resultó herido su pareja, un hombre de 28 años. Guerra recibió la pena de prisión perpetua bajo un régimen que impedía cualquier posibilidad de libertad condicional.
La defensa planteó la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que la exclusión total de beneficios como la libertad condicional o asistida vulnera principios fundamentales de los derechos humanos. Aunque los tribunales inferiores inicialmente rechazaron este planteo, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dio lugar a la apelación, declarando inconstitucional el artículo 14 del Código Penal en su aplicación al caso.
Los fundamentos del fallo
La Corte Suprema subrayó que una condena perpetua que no permita condiciones para la reintegración social resulta contraria al principio de legalidad en materia penal y al mandato de certeza. Según la decisión, el condenado debe saber, desde el inicio de su sentencia, qué requisitos debe cumplir para eventualmente acceder a la libertad.
El fallo también destacó que la fiscalía no presentó argumentos sólidos para refutar las conclusiones de la Cámara. Por tanto, declaró “mal concedido” el recurso extraordinario interpuesto y dejó firme la inconstitucionalidad del artículo cuestionado.
(Fuente: Infobae)
