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Denuncian al intendente Ripoll por “apropiarse” del espacio verde de un loteo

El Concejo Deliberante pidió informes y el Ejecutivo no respondió. Luego ingresó un pedido para crear una comisión investigadora por este hecho. Los vecinos fueron a la Justicia Penal porque el Municipio entregó el espacio que iba a ser una plaza, lo cercaron y ahora funcionaría una fábrica.

18 noviembre, 2024

Un grupo de vecinos de un loteo identificado como “Don Darío” en el municipio de Garupá, presentó una denuncia contra el intendente Luis “Lucho” Ripoll por apropiarse y ceder una propiedad que estaba destinada a un espacio verde o de recreación de los residentes de ese barrio: Villalonga Norte.

Fueron acompañados por un concejal del PRO, Rodolfo Kusczak, quien además presentó, primero, un pedido de informe para que el Intendente explique la situación y luego un pedido de crear una comisión investigadora para determinar sus responsabilidades.

El pedido de informe no se respondió de parte del Ejecutivo y la comisión investigadora no tuvo el acompañamiento del Concejo Deliberante, donde la mayoría de los concejales son renovadores que, aunque no están alineados con Ripoll, tampoco quisieron “tensar la cuerda”.

La situación social y económica del país y del municipio no es propicia para reactivar una interna renovadora tan cerca de Posadas. El presidente del Concejo, Miguel Rauber, el año pasado jugó para el diputado Rolo Roa, quien buscó desbancar al intendente. Ripoll fue reelecto pero Roa quedó a pocos votos y las heridas de aquella disputa política persisten.

El alcalde no salió nunca a dar explicaciones y desde su entorno indican que las actuaciones están encuadradas en el marco del PISUT (Programa de Inclusión Social Urbano Territorial) “destinado a otorgar el uso de tierras del dominio privado municipal a beneficiarios cuyas condiciones socioeconómicas resulte necesaria su atención primaria para el desarrollo de su vivienda”. Sin embargo, los vecinos aseguran que no era una propiedad “privada municipal” ni se instalaron viviendas familiares en el lugar.

La polémica comenzó a principio de año cuando los vecinos notaron la apropiación de particulares en un terreno destinado a ser utilizado como espacio verde. La situación quedó en evidencia cuando, de manera repentina, se construyó un costoso muro perimetral e incluso se instaló una fábrica dentro del perímetro.

Según los vecinos, ese predio correspondía ser utilizado como punto de esparcimiento o de uso público para los vecinos, tal como lo establece la ordenanza municipal 119 del año 1991. Esa ordenanza, en los artículos 1 y 2, establece que los terrenos destinados a “espacios verdes” solo pueden cumplir fines recreativos (plazas, parques, juegos infantiles, paseos), prohibiendo la construcción de viviendas particulares, cooperativas, fábricas o clubes.

Lo que aseguran los damnificados es que se trata de un lugar privilegiado, en la zona más elevada del loteo, con rápida salida a la ruta 12, también al acceso sur y con una vista al río Paraná.

En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN, el concejal Kusczak dijo que “en septiembre vinieron los vecinos a pedir respuestas de lo que pasaba, les atendí y les dije que no contestaron desde la Municipalidad, y que corresponde hacer la denuncia”.

“Se la acompañó a hacer la denuncia y ahí ya se judicializó lo que antes era como pedido de informe normal al Ejecutivo. Se mandó a la Justicia, en el Juzgado Penal N° 3 del juez Fernando Verón”, dijo.

Recordó que “yo pedí un proyecto de ordenanza para crear una comisión investigadora, eso está presentado, a la espera de que se arme la comisión”. Recordó que “el terreno fue cercado, a pesar de ser un espacio verde”.

Kusczak explicó que “la denuncia fue en la Comisaría Quinta para que se investigue el comportamiento del intendente para establecer o deslindar responsabilidad que le pudiera caber a él o a quien esté entregando terreno, el espacio público”.

Aclaró que se trata de un espacio verde o reserva fiscal y los vecinos sospechan de que se habría entregado o autorizado su ocupación de parte del Ejecutivo.

La propiedad se encuentra totalmente cercada con altos muros perimetrales de unos 25 por 25 metros (ver imagen) y los vecinos grafitearon los muros construidos con mensajes de protesta contra el Intendente.

PRIMERA EDICIÓN se comunicó con vecinos del lugar, todos desde hace poco tiempo ya que el loteo tiene unos dos años, quienes explicaron que “parece que regalaron el espacio público a gente de la Municipalidad y cuando los vecinos fuimos a limpiar para comenzar una plaza o algo así apareció la policía y nos sacó”.

“Después de eso, un grupo de vecinos fueron a reclamar a la Intendencia y los sacaron sin ninguna explicación”, agregó una vecina.

El propietario de la inmobiliaria que realizó el loteo, Julio González, indicó: “Creo que no se hicieron las cosas bien, en su momento lo hablé con el Intendente y le manifesté lo que pasaba, me respondió que me apartara, que él tenía la potestad de disponer, de igual manera nos preocupa como empresa lo que se habla, nosotros buscamos darle seriedad”.

En declaraciones a Multimedios Garupá, González agregó que “es un error del Intendente, se lo hice saber, espero que en los futuros loteos que tenemos previsto no ocurran estas cosas, porque comercialmente nos hace daño y no tenemos nada que ver”.

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Tags: GarupáIntendente Luis RipollLoteoTerreno
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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