El gobierno de Javier Milei anunció el fin del programa Procrear, vigente desde el 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios. Este anuncio generó inquietud entre los beneficiarios actuales y aquellos que esperaban acceder a este programa.
De ahora en más, los beneficiarios que ya cuentan con créditos del Procrear deberán seguir gestionando sus pagos a través del Banco Hipotecario, manteniendo las condiciones acordadas previamente. Esto implica, en principio, que no habrá modificaciones en las cuotas ni en los términos de los contratos hipotecarios para quienes ya han recibido su crédito o están en proceso de construcción.
No obstante, la situación es más incierta para aquellos que obtuvieron una asignación en los últimos años o que estaban esperando la adjudicación de un crédito. El decreto que formaliza la disolución del Procrear no ofrece un plan claro para estos casos, lo cual plantea dudas sobre el futuro de sus solicitudes y proyectos.
A pesar de las inquietudes, aclararon que el Ministerio de Economía, junto con el Banco Hipotecario, procederán con una evaluación de cada caso en función de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y las normativas complementarias.
En cuanto a los inmuebles que no tienen contratos de obra vigentes, se prevé su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta medida permitirá reubicar estos recursos y podría abrir nuevas oportunidades para que provincias y municipios gestionen estas propiedades en beneficio de sus comunidades. Sin embargo, todo dependerá de los fondos disponibles para inversión y la posibilidad de gestionar financiación para viviendas familiares.
A su vez, anunciaron la introducción de “hipotecas divisibles” para proyectos inmobiliarios en desarrollo, lo cual podría beneficiar principalmente a sectores medios y altos.
Según lo expuesto por el Gobierno, la disolución del Procrear se oficializó mediante el decreto 1018/2024, respaldado por informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En ello, señalaron que el fondo representaba una carga significativa para las finanzas públicas y no cumplía con los estándares de transparencia y eficiencia requeridos.
Fuente: Agencia de Noticias NA
