En Cámara de Representantes, está en tratamiento un proyecto de ley que establece que los conductores responsables de siniestros viales, donde se compruebe el consumo de alcohol, drogas o violaciones graves a las normas de tránsito, deberán reintegrar al Estado provincial los gastos médicos generados por dichos incidentes. Esto incluye no solo los costos de asistencia, sino también los daños al sistema vial, como la infraestructura e iluminación.
Además, el reintegro de gastos será aplicable en casos donde las obras sociales o seguros no cubren los costos generados por el siniestro. Los recursos obtenidos a partir de esta ley se distribuirán en un 80% para el sistema público de salud y un 20% para campañas de concientización sobre seguridad vial.
A su vez, esta iniciativa establece que todos los conductores afectados deberán realizar una capacitación obligatoria en seguridad vial. De aprobarse, la norma abarca no solo a conductores argentinos, sino a extranjeros sin residencia en el país, asegurando así una regulación más amplia y efectiva.
En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones el diputado Rafael Pereyra Pigerl explicó que “la realidad es bastante dura cuando vemos las estadísticas: en 2023 hubo más de 4 mil accidentes fatales”. A pesar de que la mayor cantidad de víctimas fatales se concentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, recordó que Misiones no se encuentra exenta de esta problemática, donde los involucrados mayormente son motociclistas.
Sucede que, antes faltas graves, como el conducir en estado de ebriedad o bajo efecto de estupefacientes, mayormente todos los gastos luego de un accidente vial terminan siendo cubiertos por el Estado, ya que no cuentan con cobertura de compañías de seguro ni obras sociales. Por tanto, con este proyecto se busca que “paguen también quienes son responsables de la seguridad pública”.
En este sentido, señaló que el objetivo es que “reintegren esos montos a la salud de la provincia”. Asimismo, precisó que los siniestros también causan importantes daños en espacios públicos y elementos viales, que “tenemos que pagar todos los misioneros”.
Pereyra Pigerl aclaró que, para implementar la normativa, el proyecto establece que primero “tiene que haber alguna resolución administrativa o judicial que encuadre en estos tipos: alcoholemia, estupefacientes o culpa grave”.
Asimismo, con experiencias en otras provincias donde debieron recurrir a acciones legales para acceder al pago de los daños, resaltó que “pretendemos que esto quede en concreto y sea en la provincia, que se aplique para todos los casos, no solo en excepciones”.
Asimismo, recordó la importancia de un Observatorio Provincial y jornadas de capacitación en manejo, sobre todo para motociclistas, los mayores protagonistas de siniestros en la provincia. Entre los puntos del proyecto, mencionó como prioridad la educación vial y la necesidad de concientizar en la seguridad vial.
P66461_241027_200218
