El plan “Manos a la Obra” que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue generando reacciones, voces a favor y en contra de los especialistas. En la provincia de Misiones, el abogado Eduardo Magno Scherer es una voz autorizada y se mostró de acuerdo con la iniciativa que será implementada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país.
No obstante, el extitular de la Comisión contra la Tortura provincial tuvo algunos cuestionamientos sobre el programa para los presos y opinó en una entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la radio de PRIMERA EDICIÓN, que primero se tiene que conocer cómo se implementará el programa, cuáles son los objetivos finales y que, antes de ponerlo a funcionar en todas las cárceles nacionales, se tienen que modificar ciertas reglas carcelarias.
Al respecto, el especialista en el sistema carcelario reconoció que el plan de la Ministra de Seguridad “era uno de los temas que yo había estudiado porque quería ver la factibilidad de implementarlos. La verdad es que del plan específico de la ministra de Seguridad de la Nación, lo único que dio a trascender o por lo menos el acceso que tuve yo a la información, es una intención para que las personas privadas de su libertad trabajen a cambio de una suma de dinero”.
En esta línea, expresó que “no sé cómo pretenden implementarlos a nivel nacional, si es con una finalidad de lucro y obtener una suma de dinero para que ellos puedan incrementar su peculio,o para que puedan pagar la luz, el agua o comprar los elementos de limpieza, o sea, para mantener su vida diaria de adentro” de la cárcel.
“Por lo que vi me parece más un eslogan, que los presos trabajen es algo que buscan mucho, pero no sé cómo en la práctica lo van a implementar y lo van a llegar adelante”, manifestó el abogado misionero que estuvo al frente de la Comisión contra la Tortura y tiene una vasta experiencia en el tema carcelario.
En otra de la entrevista, Magno Scherer se preguntó dos cosas: “En primer lugar, ¿el trabajo es para el mantenimiento y para procurarse la alimentación, o la limpieza, o la refacción de los lugares donde se encuentran detenidos? O, ¿es un fin de lucro?”. Y añadió que “es uno de los temas más importante a resolver, porque trabajar es poner la fuerza de trabajo a disposición de otra persona a cambio de una remuneración y ésta tiene que ser en blanco, con aportes jubilatorios, se deben pagar los seguros respectivos, es una relación jurídica que tiene tanta burocracia para las personas privadas de su libertad, como las personas que se encuentran en la calle”.
La idea de hacerlo en la Provincia
El extitular de la Comisión explicó que intentaron hacer un programa similar en Misiones, “pero no pudimos avanzar”, admitió. Y contó que “habíamos tomado conocimiento en Mendoza que los familiares de personas privadas de su libertad se juntaron en una cooperativa, y eran quienes comercializaban los productos que desarrollaban los presos, por lo que había una especie de convenio con el Servicio Penitenciario para que le den todos los elementos y las herramientas para elaborar los productos”. Según el abogado fue el único caso que funcionó y por eso quisieron hacerlo en la tierra colorada.
“Nosotros intentamos hacer algo muy parecido, pero nunca se logró porque hubo un encontronazo entre familiares respecto a la composición y se terminó. No se pudo lograr más allá de la buena predisposición en este caso de la Unidad Penal de Menores y de los menores alojados para que realicen una actividad de manuales con papeles, pero nunca se llegó a perfeccionar, era lo único que yo había averiguado y que había llegado buen puerto”, relató.
Las expresiones de la Ministra
En otro tramo de la entrevista, se le recordó a Magno Scherer los dichos que Bullrich, quien citó que el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas como creo que acá está claro que se refiere a pagar su manutención en las unidades carcelarias. Y el abogado sentenció: “Eso ocurre, tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial y cobran lo que se denomina el peculio, que es una suma de dinero”.
Detalló que “en la provincia es ínfimo, no recuerdo la suma, pero una cosa de 500 pesos por mes, y los presos federales condenados que realizan actividades dentro de las Unidades Penales si tienen una suma de dinero importante, mucho más que ese importe, que me animaría a decir 200 mil pesos“. No obstante, aclaró que “para eso tenés que estar primero condenado”. Los presos se ocupan de cortar el pasto, realizar la comida, los trabajos de albañilería, de carpintería, de limpieza, de pintura, de mantenimiento, de las maquinarias, “si tienen algún aserradero cerca como ocurre en la provincia de Misiones, para las unidades penales se les piden a los reclusos que realicen todas las sillas, las mesas, e inclusive algunas de ellas con fines sociales como para escuelas o reparación de pupitres”, manifestó.
Por último, el especialista en el sistema carcelario sostuvo que “no es el trabajo jurídicamente dicho o entendido, sería más una actividad laboral pendiente a procurarse sus propios, su propia manutención y evitar, en todo caso, gastos innecesarios al Servicio Penitenciario, como pasa en Misiones con las huertas, la actividad porcina. Por ejemplo, como pasa en la Unidad Penal 4 de menores con la panadería, o en la Unidad Penal de Mujeres donde se instalaron maquinarias para realizar actividades de costura, talleres de mantelería, de blanquería, pero no con un fin de lucro en sí, en el cual ya hay una relación jurídicamente”. Y, en esta línease preguntó: A qué patrimonio ingresaría, quién administraría ese bien sí una persona privada de su libertad no puede hacerlo“.
Son muchos interrogantes que solamente con el correr de los días y con la implementación del programa nacional se podrá conocer.
