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Condenaron a Martín Sánchez, sumó dos causas por narcotráfico en cuatro meses

Acordó una propuesta de pena del fiscal Pablo Di Loreto de 4 años y 1 mes de prisión por violar dos veces, entre mayo y septiembre de 2023, la ley 23.737 y vender marihuana en una plaza y en un narcokiosco.

5 octubre, 2024
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Sánchez (sin remera) fue capturado en el barrio Ex Hipódromo, Ñu Porá, en Garupá.

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Sánchez (sin remera) fue capturado en el barrio Ex Hipódromo, Ñu Porá, en Garupá.

Martín Alejandro Sánchez deberá cumplir una condena unificada de cuatro años y un mes de prisión efectiva por sus andanzas y violación de la ley de drogas (23.737) durante el año pasado. En mayo escapó por centímetros de un procedimiento en el barrio Fátima de la policía motorizada, pero en septiembre lo sorprendieron las esposas en su vivienda en el barrio Ñu Porá, Garupá.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, ratificó hace pocas horas el acuerdo de unificación de los dos juicios abreviados ofrecido por el fiscal Pablo Di Loreto al albañil de 30 años detenido en la comisaría Segunda de Posadas. El análisis y homologación correspondió al juez Fabián Gustavo Cardozo y fue firmado el martes 1 de octubre.

En el fallo se destacó, que el miércoles 24 de mayo de 2023, cerca del mediodía una patrulla en motocicleta de la Unidad Regional X en el barrio Fátima realizaba recorridas y en la calle Pueblos Guaraníes frente a una plaza observaron a Sánchez con una mochila azul y naranja y que comenzó a correr para escapar de los uniformados.

Se realizó un rastrillaje y una vecina salió a la calle asustada porque en su casa se escondió un hombre desconocido. Los policías ingresaron al inmueble pero Sánchez reaccionó con golpes de puño y patadas y escapó nuevamente.

Lo único que no pudo conseguir fue llevarse la mochila, que contenía marihuana fraccionada para la venta, 55 envoltorios por un total de 313 gramos y el detalle que lo delató: su documento de identidad y un teléfono celular.

Cuatro meses después, el viernes 22 de septiembre , investigadores de la división Drogas Peligrosas de la UR-X allanaron una casa de la calle Buenos Aires en el barrio Ex Hipódromo, Ñu Porá y aprehendieron a dos hombres y dos mujeres, con más de dos kilogramos de marihuana fraccionada para la venta. Uno de ellos y presunto cabecilla del punto de narcomenudeo fue Martín Sánchez.

Tras la requisa de la vivienda se secuestró una balanza digital, una planta de cannabis sativa y 2,5 kilogramos de marihuana fraccionada. Por este procedimiento, hace pocas semanas, Sánchez firmó un juicio abreviado de cuatro años de cárcel por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” previsto en el artículo 5, inciso C de la ley 23.737, ante el mismo Tribunal Federal.

Por lo que el hecho de mayo de 2023, fue subsumido como “tenencia simple de estupefacientes” (artículo 5, inciso C y 14, primer párrafo, de la ley 23.737) y cuya condena fue de un año, se unificó en cuatro años y un mes de cumplimiento efectivo.

El juez Cardozo decidió además que Sánchez se haga cargo de una multa de 787.575 pesos, las accesorias legales y costas, pero lo declaró exento de cubrir los honorarios del defensor oficial, Ministerio Público de la Defensa.

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Tags: Barrio Ñu PoráGarupáMartín Alejandro SánchezMisionesPolicialesprisión efectiva
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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