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En Argentina hay más de 2 millones de trabajadores en blanco que son pobres

En 2024 se duplicó la cantidad de asalariados formales pobres que ya alcanza al 30% de la población. También lo son el 70% de los empleados informales.

2 octubre, 2024

En la Argentina de 2024 uno de cada tres trabajadores formales es pobre, a pesar de contar con un empleo en blanco, aguinaldo, salario surgido de negociaciones paritarias, obra social y todas las condiciones que marcan las leyes.

Al mismo tiempo, también están bajo la línea de la pobreza el 70% de los trabajadores informales, que no gozan de esos beneficios pero tienen un ingreso estable. El plan de ajuste para estabilizar la economía dispuesto por el gobierno de Javier Milei intensificó el fenómeno de los “trabajadores pobres”, algo que ya se había manifestado con claridad durante el gobierno anterior, en la pospandemia.

El 30% de asalariados en blanco que son pobres en 2024 duplica a las cifras del año pasado, según un informe de Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, investigadores del Instituto Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

“Trabajadores pobres”

En base a los datos de su investigación, los investigadores estiman que en la Argentina existen más de 2 millones de trabajadores formales en situación de pobreza, en base a un cálculo hecho sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que toma en consideración los principales conglomerados urbanos del país y excluye las ciudades de menos de 200.000 habitantes.

Si se extrapolara a la totalidad de la población, la cantidad podría ser aún mayor.

El reporte destaca el “cambio significativo en la configuración de la pobreza en los últimos años” que pone en evidencia el hecho de que en la Argentina contar con un empleo formal puede ofrecer algunos beneficios pero no alcanza para escapar del drama central del país: más de la mitad de sus habitantes, tal como lo muestra la última estadística del INDEC conocida la semana pasada, son pobres.

“Uno de los hallazgos más importantes es la creciente presencia de ‘trabajadores pobres’, quienes, a pesar de estar empleados, no logran superar la línea de pobreza. Este fenómeno es más agudo entre los trabajadores no registrados, con una tasa de pobreza superior al 70%, mientras que los trabajadores regulados enfrentan una pobreza del 30%. Esto evidencia que el empleo formal, aunque brinda cierta protección, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis”, señala el informe.

También destaca que el incremento de ese segmento social que trabaja pero no logra alcanzar los niveles de ingreso suficientes para superar la pobreza representa “un cambio en la estructura social que pone en evidencia la necesidad de analizar no solo los ingresos, sino también los mecanismos de inserción ocupacional y la calidad del empleo disponible”.

Ganadores y perdedores

Como dato saliente de 2024, los investigadores resaltan que a diferencia de la pospandemia, en donde “todos se empobrecieron por igual”, este año aparecieron con claridad “ganadores y perdedores” a los que clasifica según el tipo de empleo. Los profesionales o microempresarios se ven golpeados por la crisis, pero tienen herramientas que les permiten alejarse de la pobreza.

Entre los perdedores, mencionan a muchas actividades muy masivas y formalizadas cuyos trabajadores no pudieron evitar caer en la pobreza. En ese grupo, destacan a los obreros de la construcción, los empleados de comercio, los “oficinistas de tareas rutinarias”, los limpiadores tercerizados de hotelería y el personal doméstico.

En el terreno de los trabajadores mercantiles, mencionan a los “empleados de franquicias”, sobre todo gastronómicas, en las que se respetan todas las condiciones de trabajo que marca la ley pero, a la vez, se pagan sueldos muy bajos. Si se analiza el impacto de la pobreza en base a distintos segmentos socioeconómicos, aparecen los grupos que “antes gozaban de mayor protección y han comenzado a verse afectados”.

En este sentido, si bien la pobreza aumentó en los últimos años en todos los casos, existe una “estructura jerárquica”, lo que implica que “las clases más desventajadas, especialmente aquellas con empleos manuales de baja productividad y cualificación, son las que presentan mayor exposición”, mencionan los investigadores. En estas clases, para 2024, la pobreza afecta a casi 7 de cada 10 personas.

La calidad del empleo y las horas trabajadas

No obstante, el informe de Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente subraya que “es evidente que la pobreza ha crecido notablemente en las clases medias, en particular entre los trabajadores no manuales de grandes establecimientos y los propietarios o directivos de pequeños negocios. En estos grupos, la pobreza se ha triplicado en tan solo siete años”. Es en ese marco en el que se asienta el crecimiento de la pobreza entre los trabajadores formales.

La calidad del empleo y las horas trabajadas juegan un papel crucial en la pobreza, explican. El deterioro del poder adquisitivo en los asalariados formales forma parte de un avance de la pobreza tanto en los subocupados (que trabajan menos de 35 horas semanales) como en los sobreocupados (que lo hacen más de 45), un dato que refleja que “más horas de trabajo no garantizan mejores condiciones económicas”.

“Al analizar la relación entre pobreza y horas trabajadas, se destaca el incremento en el porcentaje de trabajadores regulados que son pobres, en especial los sobreocupados, cuyo número ha crecido en aproximadamente 20 puntos porcentuales, mientras que los ocupados plenos y los subocupados han aumentado alrededor de 15 puntos porcentuales”, concluye el informe.

 

Tags: PobrezaTrabajadores formales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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