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La Provincia firmó un convenio con el INAI y unificarán criterios para la inscripción de comunidades indígenas

La iniciativa busca facilitar los trámites de registro y fortalecer la representación de estas comunidades en la provincia de Misiones

30 septiembre, 2024
Hugo Passalacqua y Claudio Avruj durante la firma del convenio

Hugo Passalacqua y Claudio Avruj durante la firma del convenio

Esta tarde, el gobernador Hugo Passalacqua firmó un convenio con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, con el fin de unificar los criterios para la inscripción de la personería jurídica de comunidades indígenas de la provincia.

De acuerdo a lo que explicaron desde el Gobierno, el acuerdo permitirá acompañar institucionalmente los procesos de organización y participación de los pueblos originarios.

Durante el evento, también se firmó otro acuerdo que promueve la cooperación técnica para garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias. Este convenio, al que Argentina adhirió, es clave en el nuevo contexto de desarrollo del país.

El objetivo es asegurar que tanto el Estado como las empresas privadas respeten este proceso de consulta antes de avanzar en proyectos de inversión o desarrollo. En Misiones, permitirá coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio del Agro y la Producción.

 

“El estado es uno solo”

En la rúbrica, Passalacqua valoró la iniciativa conjunta con el INAI destacando el valor que tiene y la significancia para la provincia con el respeto a la cultura mbya guaraní. Sobre todo por “ser un trabajo complejo pero que el Estado debe intervenir y hay unir fuerzas ya que el Estado es uno solo”.

Al respecto, la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Karina Aguirre, brindó detalles sobre la rúbrica con el INAI que dará mayor inclusión política a las comunidades nativas en la provincia. “Se trata de que ellos puedan participar políticamente también de todo lo que son las decisiones que se van tomando en torno a los intereses y a sus propias comunidades”, afirmó.

Del mismo modo, comentó que la provincia ha venido trabajando activamente en la articulación de políticas con el INAI, que es un órgano nacional que lleva a cabo relevamientos territoriales de gran impacto en la vida de las comunidades indígenas y en el territorio provincial. Explicó que “Misiones viene trabajando muy bien, participando del Consejo Federal de Políticas Indígenas y está muy involucrada en las decisiones que surgen de esos relevamientos”.

gualmente, dio cuenta de la articulación con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Agro y el Ministerio de Agricultura Familiar para acompañar estas medidas. Ya que dichas carteras trazan lineamientos para acciones políticas que se alinean con los criterios del INAI que busca federalizar aún más las políticas que lleva adelante.

 

Qué se busca con esta iniciativa

En detalle,  la directora de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, Sonia Ochoa, señaló que mediante esta iniciativa se busca traspasar la potestad de registro de comunidades a las provincias, apoyando su capacidad técnica y promoviendo el reconocimiento de derechos de pueblos nativos, con un enfoque en el desarrollo sostenible y la consulta previa para proyectos productivos.

Asimismo, destacó que “Misiones además tiene las políticas públicas que se implementa en el cuidado del abolengo, en la protección, en la creación de la figura del intérprete en el Poder Judicial”.

En tanto, el cacique de la comunidad Caá Cupé de Ruiz de Montoya, Osvaldo Morínigo, dio cuenta que la medida ayudará a la toma de decisiones en diversos programas “que son beneficios para las comunidades”. “Por eso es fundamental este espacio que tenemos con el Gobierno de Misiones”, aclaró.

En la firma también estuvo presente el director provincial de Asuntos Guaraníes; Francisco Rodríguez, la coordinadora de Relevamiento Territorial de la provincia, Pardeilhan María Elisa; el presidente del Consejo de Caciques, Alejandro Benítez; el cacique  de la Aldea Perutí de El Alcázar, Cristian Cabrera; el representante de la Colonia Mado Delicia, Cleiton Duarte, el representante de la Aldea Paí Antonio Martínez de Fracrán, Juan Ramos entre otras autoridades.

 

Ventajas

El convenio firmado hoy establece que el INAI y la provincia coordinarán acciones relacionadas con el registro de comunidades nativas, respetando sus pautas de organización y garantizando un proceso administrativo homogéneo.

Así, la Dirección de Asuntos Guaraníes, junto con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se encargará de gestionar los expedientes, recopilando los requisitos y dictaminando sobre la inscripción de cada comunidad en el Registro Provincial de Comunidades Indígenas.

Este marco de trabajo responde a lo estipulado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y a la Ley Nacional N.º 24.071, que ratifica el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios y tribales.

Igualmente, el convenio permitirá acelerar los procesos de inscripción y proporcionar asistencia técnica en la elaboración de los estatutos comunitarios. Las comunidades que ya hayan iniciado su trámite ante el INAI podrán continuar el proceso administrativo con la provincia, sin necesidad de reiniciar el expediente.

Entre los requisitos para la inscripción figuran la presentación de una nota formal de solicitud, la descripción de las pautas de organización de cada comunidad, una reseña histórica sobre su origen étnico-cultural y una nómina actualizada de sus integrantes. Además, las comunidades deberán incluir fotocopias de los documentos de identidad de sus autoridades y el acta de asamblea que apruebe su solicitud.

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Tags: AcuerdosHugo PassalacquaINAIMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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