Los gremios docentes reaccionaron ante el proyecto de Presupuesto 2025 presentado este domingo por el presidente Javier Milei ante la Cámara de Diputados que, de aprobarse, suspendería el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI en educación y de invertir 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% del PBI en educación técnico profesional. En otras palabras, al menos durante un año, la inversión en educación quedaría librada a la voluntad y discrecionalidad del Ejecutivo.
“Veíamos venir esta iniciativa porque la Nación no está mandando los recursos a las escuelas técnicas y por supuesto expresamos nuestro rechazo rotundo, ya lo hicimos el 6 de agosto en un abrazo al INET como defensa de los recursos de las escuelas técnicas”, indicó a PRIMERA EDICIÓN el secretario general de Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Ángel Rodríguez.
Según advirtió, este recorte en el presupuesto de educación “tiene un impacto directo en lo social, es llevar a la sociedad a mayores índices de pobreza y mayor desigualdad social porque es sacar los recursos que llegan por medio de los programas de educación a la gente. Cuando se sacan los recursos de salud, educación, seguridad, lo que se hace es exponer a la gente a una situación social de mayor vulnerabilidad”.
Advirtió que la desatención a muchos programas, “como ocurre ahora con los dirigidos a la población LGBT, a la violencia de género, al de aborto legal… que ahora no están recibiendo financiamiento y están a la buena de Dios. Esto mismo es lo que, de aprobarse la Ley de Presupuesto 2025, pasará con la educación técnica en particular y la educación en general, especialmente en las provincias con economías más deprimidas o que no puedan sostener con sus propios recursos lo que Nación deja de aportar”.
Rodríguez advirtió que “por ley (artículo 51 de la Ley de Financiamiento de la Educación Técnica) está establecida que el sostenimiento de la educación es una facultad indelegable de Nación” y anticipó que “sin dudas, esto se judicializará, porque roza la inconstitucionalidad… porque el Estado nacional está dejando de lado su función primordial que es el sostenimiento de la educación”.
“La Provincia puede judicializar como lo hizo con el FONID”
Por su parte, la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT) Misiones, Mirta Chemes, manifestó su preocupación por esta iniciativa que claramente implica más ajuste en educación “cuando ya venimos con ajuste en educación… Milei desfinanció totalmente la educación pública en todos los niveles, empezó con el salario, suspendió todos los programas nacionales desde el ex Ministerio de Educación de la Nación, desde diciembre el sistema educativo está totalmente a cargo de las provincias, con lo que eso significa porque eso ocurre en forma simultánea a la falta de envío a las provincias”.
Para Chemes, claramente suspender el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo es “desentenderse del sistema educativo y cargarlo en un 100% sobre las espaldas de las provincias”. Si bien, desde la sanción de esta ley solo un año -en 2015- se cumplió con la meta de financiación “una cosa es no llegar al total del porcentaje y otra es la nada misma o dejarlo como fondos discrecionales”.
Para la dirigente gremial, “la Provincia puede judicializar el reclamo como lo hizo con el FONID” y lamentó que el único objetivo del Gobierno nacional sea el déficit fiscal “así cualquiera tiene déficit fiscal cero, si no paga sus cuentas y no cumple las leyes”.
El impacto de la falta de inversión en educación se sentirá en todos los niveles, “no solo en la infraestructura, porque las provincias tendrán la opción: se crean o no escuelas, si arreglan o no los edificios para garantizar la seguridad y comodidad de la comunidad educativa, si pagan o no un mejor sueldo a los trabajadores… tendrá que tomar decisiones muy fuertes en función de los recursos disponibles y no en función de sus necesidades o de lo que debería ser según las leyes”.
Por su parte, para la secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (SEMAB), Mariana Lescaffette, la iniciativa de Milei para legitimar la suspensión de envíos de fondos para educación durante un año “es un avance más de la política nefasta del Gobierno nacional en relación a la destrucción del Estado y un déficit cero a costa de los trabajadores y el pueblo, mientras que se enriquecen los mismos sectores que siempre ganan en las crisis”. Lescaffette confirmó que desde la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) ya comenzaron a elaborar un pedido de amparo que será presentado en breve para tratar de frenar esta avanzada del Gobierno nacional.
