24 horas después de haber declarado por primera vez en la causa y de ser expulsado de la Legislatura, el juez de instrucción Miguel Ángel Faria ordenó la prisión preventiva contra el exdiputado provincial Germán Kiczka y, de esta manera, seguirá detenido hasta que finalice el juicio por ““tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) con la participación de menores con edad presunta inferior a los 13 años”.
De acuerdo a lo que informó el portal Infobae, con base en fuentes judiciales, en los próximos días el magistrado extenderá la medida al hermano del exlegislador, Sebastián Kiczka, quien es otro de los implicados en esta causa.
Ayer, Germán Kiczka compareció en el Juzgado Penal 4 de Apóstoles, a dos semanas de ser detenido en una cabaña en construcción del camping de Loreto, Corrientes.
El dirigente apostoleño asistió a la sede judicial a media mañana de ayer, siendo trasladado desde la Unidad Penal de Cerro Azul donde también se encuentra su hermano.
Estuvieron ante el exlegislador del puertismo el magistrado Miguel Ángel Faria y la fiscal de la causa, Silvia María Barronis y sigue siendo asistido legalmente por el abogado de esa localidad, Gonzalo de Paula, cuya pareja quedó en la mira de los investigadores. Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, la además secretaria del Juzgado de Paz local habría recibido varios llamados de Germán Kiczka durante sus seis días profugado.
Porno sí, pedofilia…
Según pudo reconstruir este Diario parte de la coartada relatada por Germán Kiczka en la sede judicial, el imputado habría reconocido que “consume, que descarga pornografía y después de mirar las borra”, explicaron fuentes oficiales. Sin embargo, en el relato donde no aceptó preguntas de los funcionarios judiciales, habría negado que en esa pornografía haya contenido con menores.
Al explicar por qué tenía material de abuso sexual infantil en los aparatos secuestrados, habría dicho que “se las envían en sus grupos de Whatsapp”.
Cabe recordar que la directora de Cibercrimen de la Policía de Misiones, Marylin Ozuna, confirmó en dialogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que la ONG que descubrió el tráfico de MASI desde los Estados Unidos, reportó que fueron 603 archivos descargados y compartidos mediante la red P2P. Y que en los segundos allanamientos de agosto, al ver material similar en la notebook del ahora expulsado legislador, le dio “asco” lo que descubrieron.
Sobre esta red P2P, habría indicado al juez Faria que “son por descarga errónea ya que el programa no reconoce visualizaciones previas”. Es decir, que al descargar la pornografía no habría forma de filtrar las edades de quienes aparecieron en los videos que quedaron guardados en los dispositivos electrónicos secuestrados en febrero pasado.
Insólita hipótesis de la fuga
Según el relato de Julia, la mujer que vive en el camping de Loreto y que se animó a denunciar a Kiczka ante la Justicia el 28 de agosto, el misionero arribó a la vecina provincia el jueves 22 del mismo mes. Coincidió la fecha con el día que la Legislatura lo desaforó para canalizar el pedido de inmediato de detención, dictado por Miguel Faria.
Ayer, durante su declaración judicial, Germán Kiczka habría negado que haberse ido se haya tratado de una fuga. No es para menos, el delito por el cual se lo investiga es excarcelable pero seguirá preso al haber evadido el pedido de detención del Juzgado.
En su coartada, el exlegislador habría sostenido una insólita explicación: “Que se ocultó de la prensa y quería estar solo aislado por la angustia que sentía”.A su vez, para fundamentar su rechazo a una actitud fugitiva, habría asegurado que “no sabía que se lo estaba buscando y que tenía carácter de prófugo de la ley”.
Una vez finalizada su declaración espontánea judicial, tanto el magistrado Faria como la fiscal Barronis tenían una serie de preguntas para hacerle, especialmente sobre el material que tiene recabado sobre los primeros allanamientos. Sin embargo, volvió a evadir las requisitorias judiciales, y respondió que se abstenía de atender esos cuestionarios.
Otra declaración e informes pendientes
Tras la presentación del exdiputado Kiczka, resta saber si hablará en algún momento su hermano Sebastián, el primer señalado en esta investigación judicial que se inició con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando fue llevado horas después de su aprehensión mientras deambulaba en San Juan de la Sierra, en Misiones, prefirió guardar silencio al momento de la indagatoria.
Además, resta conocer los datos que arrojaron las pericias a cargo de integrantes de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) y Cibercrimen de la Policía misionera sobre los dispositivos electrónicos secuestrados el 6 de agosto pasado en el domicilio personal del expulsado diputado.
A su vez, se sumaron en nuevos allanamientos a la oficina de Germán Kiczka en la propiedad que ocupan Cigarros Misionero y Social Club de la familia Puerta; y la requisa al despacho legislativo en el anexo al edificio histórico. En ambos se sumaron más aparatos electrónicos que deberán ser registrados de manera minuciosa por los investigadores.
La propia Ozuna reveló en la entrevista con FM 89.3 de las Misiones que el juez amplió los plazos para la presentación de los informes finales, que se cumplirían esta semana. Sin embargo, no hay certeza sobre una fecha concreta de entrega del mismo.
Una secretaria judicial en la mira
En medio de las pericias a los teléfonos celulares y entrecruzamiento de llamadas realizadas y recibidas por el expulsado diputado provincial, Germán Kiczka, habrían surgido algunas de ellas con una funcionaria judicial de Apóstoles, que ahora quedó en la mira de la investigación.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, las comunicaciones se habrían realizado durante el tiempo en que Kiczka estuvo prófugo de la Justicia y buscado hasta por la Interpol con una alerta roja para su detención.
Esta integrante de la Justicia misionera presta servicios actualmente en el Juzgado de Paz de Apóstoles, bajo las órdenes de la jueza Liliana Analía Ayala.
Los peritos habrían detectado seis llamadas entre la secretaria judicial y Germán Kiczka evadido. Ahora, el juez Miguel Ángel Faria debe decidir si cita a declarar a la esposa del abogado defensor del exdiputado. Fuentes de la investigación admitieron que podría ser investigada por presunto “encubrimiento” con un agravante por su condición de funcionaria. Habrá que ver si el STJ inicia también un sumario interno por el hecho.
