El intendente de Dos de Mayo, Ricardo Weber, no tuvo excusas para sostener en el cargo al contador Carlos Arrúa y lo terminó despidiendo de la Municipalidad por la presión de los concejales que denunciaron que el profesional se encuentra procesado y condenado por el desfalco a la Municipalidad de El Soberbio, junto al exintendente Alberto “Coleco” Krysvzuk y otras tres personas; y por esa razón tiene prohibido cualquier cargo público “de por vida”.
Los concejales habían pedido un listado del personal y detectaron a quien fue el principal responsable de llevar la contaduría durante la intendencia de Coleco, que terminó con destitución y denuncia penal por desvío de sumas millonarias.
Si bien el intendente aceptó su equivocación y les envió una nota a los ediles informando que había dado de baja el contrato con Arrúa, al otro día usó el acto por el 84° aniversario del municipio para lanzar amenazas de querellas y de perseguir con el “aparato judicial”.
“Voy a poner en marcha el aparato judicial para demostrarles que hay límites, no se puede agraviar a una persona por libre antojo”, remarcó.
“Tengo la esperanza de que esto se puede reordenar con un criterio de autoridad desde el presidente (en referencia al Concejo Deliberante) para arriba y legislar como corresponde. Estamos a punto de superar ese detalle, dentro del Concejo está la falla”, sentenció el mandatario electo el 2023.
El supuesto agravio que ofendió al alcalde renovador es por la numerosa cantidad de pedidos de informes que le hicieron por situaciones que los concejales consideraron irregulares y poco claras. De los nueve ediles que tiene el municipio, ocho son renovadores y la gran mayoría votó a favor de exigirle respuestas. Es decir que no puede alegar “palos en la rueda de parte de la oposición”. A lo sumo sería una interna de la propia renovación.
Entre las situaciones poco claras que advirtieron los concejales está el hecho de que el intendente le compra combustible con recursos del municipio a una estación de servicio que es de su propiedad, con lo cual señalaron un claro conflicto de intereses.
Por otra parte, meses atrás compró una motoniveladora por 200 millones de pesos sin licitación ni autorización del Concejo Deliberante. Al mismo tiempo usó esa motoniveladora y otras máquinas y camiones municipales para extraer tierra de un terreno suyo, durante semanas, mientras los caminos vecinales de las picadas se encuentran deteriorados y los vecinos reclaman reparaciones hace meses.
Y a todo esto se suma la contratación del contador condenado y la presentación de varios DNI diferentes, con domicilios diferentes, en los trámites municipales por parte del alcalde.
Una de las concejales que más insistió en remarcar las irregularidades es la renovadora Marcela Velázquez, que fue acompañada por Yanina Holland en la mayoría de las ocasiones. La edil declaró a PRIMERA EDICIÓN que está sufriendo hostigamiento y persecución de parte del alcalde.
“Mi marido vivió una pesadilla por ser hijo de un exintendente. A su padre, ‘Koki’ Lorenzo, lo destituyeron años atrás del cargo de concejal y él fue a la Justicia y le ganó un juicio al municipio”, recordó.
Y dijo que Weber “cree que el Concejo Deliberante es una escribanía que debe aprobar todo lo que él hace”.
Velázquez denunció que la tensión escaló en las últimas semanas al punto que el alcalde “le pidió al comisario que le haga un pedido de arresto (a su marido) y el Juez de Paz no se lo permitió porque no había ningún motivo. El Juez le dijo que arregle sus problemas políticos en otro lado”.
También contó que “enviaron una carta documento a mi domicilio y yo no la recibí, eso le molestó peor” y agregó que ahora “están buscando cualquier cosa para meter a mi marido”.
Por último, la edil dijo que la mayoría de los concejales está analizando crear una comisión investigadora contra el alcalde, por las numerosas situaciones irregulares, pero están tomando la situación con calma para ver si cambia la actitud y respeta al poder legislativo.
