El Gobierno decretó el veto total de la reforma jubilatoria sancionada por el Congreso que disponía elevar el haber mínimo y, además, establecía una nueva fórmula para el cálculo de los ingresos de los jubilados. Ahora será el turno del Poder Legislativo, que deberá decidir si insiste o no con el proyecto.
Tal como adelantó Ámbito, el presidente Javier Milei decidió avanzar con el rechazo total de la ley 27.756 aprobada el mes pasado por amplia mayoría en Diputados y en el Senado.
El mandatario estampó su rúbrica en la noche del viernes, pero recién ayer de madrugada se publicó el decreto 782/24 en el Boletín Oficial, el cual es calificado como “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Además, argumenta que ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es clara al exigir de forma expresa que toda “ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
El decreto indica que la aplicación de la ley “implicaría para el Estado nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente seis billones ciento sesenta mil millones de pesos ($6.160.000.000.000.-) para el año 2024”, que se elevaría a “quince billones cuatrocientos treinta mil millones de pesos ($15.430.000.000.000) para el año 2025”.
Asimismo, señala que dichos importes “equivalen al uno coma dos centésimos por ciento (1,02%) del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de uno coma sesenta y cuatro centésimos por ciento (1,64%) de aquél, estimado para el año entrante”. Y añade que las cifras tornarían “imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional”.
A su vez remarca que dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina” e implicaría “obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
Por ese motivo, el artículo 1 del decreto declara: “Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756”. En tanto que el artículo 2 dispone devolver el proyecto al Congreso de la Nación, donde se deberá rechazar o aprobar el decreto.
Milei se prepara para defender el veto
El jefe de Estado firmó el decreto el viernes por la noche, horas después de mantener una reunión en la Casa Rosada con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo para el veto. Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.
Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita “ampliada” con el resto de los legisladores que integran esas bancas. Fuentes oficiales indicaron a esta agencia que Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.
De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición dialoguista para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación. Pese a la voluntad del Presidente, el Congreso todavía tiene una última instancia para seguir adelante con la reforma jubilatoria.
En caso de juntar los dos tercios en ambas Cámaras, los legisladores podrán insistir sobre el proyecto y pasar por encima del veto presidencial. De todas formas, todavía no hay certezas de que el Congreso logre juntar los dos tercios, tras largas disputas internas en el PRO durante la última semana.
Si bien en las votaciones iniciales ambas Cámaras aprobaron el proyecto con amplia mayoría (61 votos a favor en el Senado y 160 en Diputados), el oficialismo estaría empezando las negociaciones con los distintos bloques para que finalmente se termine aprobando el veto.
Desde el radicalismo, Unión por la Patria y otros bloques minoritarios anticiparon que tras el veto presidencial se insistirá con la aprobación de la movilidad jubilatoria, ratificando la ley con el voto de los dos tercios de los legisladores. Así lo marca el artículo 83 de la Constitución nacional.
El proyecto regresará a la Cámara de origen; en este caso, la de Diputados. Si el cuerpo legislativo decide insistir en su tratamiento y consigue los dos tercios, como ya sucedió, será remitido al Senado. En esta instancia, Milei ya no podría hacer uso de la herramienta del veto.
Los números en Diputados
El oficialismo buscará asegurarse un total de 88 diputados que le permita impedir los dos tercios opositores. Esperan contar con los 77 del PRO, LLA y el MID, las dos diputadas de Buenos Aires Libre – que lidera Carolina Píparo -, los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, los dos sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego, y a Paula Omodeo de CREO. Ponen en duda qué actitud tendrá Lourdes Arrieta, recientemente expulsada del bloque libertario.
A favor de la ley votaron los diputados de UxP (99 votos), la UCR (34 votos), gran parte de Encuentro Federal (13 votos) y la Coalición Cívica (6 votos). El FIT, mientras tanto, se abstuvo en la votación de junio, pero adelantó que acompañaría la ley si Milei la vetaba.
La clave estará en las ausencias, las abstenciones y en el rol que jueguen los gobernadores, presionados por la Casa Rosada en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2025.
Bono
A la par del veto, el Gobierno nacional fijó un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados por un monto máximo de hasta 70.000 pesos que se abonará en el presente mes.
Según lo fijado en el decreto, serán beneficiarios de este bono las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias, los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo ANSeS.
Además se dispone que aquellos titulares que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, también serán alcanzados por el bono.
El decreto establece que para aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono, es decir, que cobrará la diferencia.
El bono tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.
Amparo
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, anunció que está preparando una denuncia penal en respuesta al reciente veto presidencial. La denuncia, según Semino, vendrá en formato de amparo y busca frenar la implementación del veto firmado por el presidente Javier Milei. Este veto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial este lunes.
La medida provocó una fuerte reacción entre los jubilados, causándoles una mayor preocupación en un momento ya crítico para su bienestar. Semino considera que la medida vulnera sus derechos y ha tomado la iniciativa para revertirla legalmente.
El defensor compartió sus pensamientos en el programa de radio Dato sobre Dato en la radio Milenium. Durante la entrevista, afirmó: “Si bien el veto es un resabio monárquico, está en la Constitución nacional y lo han usado todos los presidentes. Pero ese derecho que tiene el Ejecutivo tiene que estar fundado”.
Semino no se detuvo ahí. También mencionó la responsabilidad compartida del Poder Legislativo en la situación actual. Según él, es necesario que los miembros del Legislativo, que inicialmente sancionaron la ley, también apoyen la postura contra el veto.
Comentó: “El otro 50% de responsabilidad la tienen los miembros del legislativo. Si todos apoyan sin cuestionar y levantan la mano, exactamente los mismos que sancionaron la ley podrían estar permitiendo que el veto ocurra. Vamos a ver si no se repite el transfuguismo habitual de Argentina”.
Aseguran que la ley favorece el superávit
Desde el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sostienen que con la cabeza más fría, Javier Milei se daría cuenta que la ley, al consolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017, es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal.
En marzo del 2024 el Gobierno modificó, mediante el DNU 274/24, la fórmula de movilidad previsional. Se estipuló que a partir de abril los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la tasa de inflación de dos meses atrás. Esto significa que las jubilaciones no recuperarán más la perdida en términos reales sufridas desde el 2017 hasta el 2023 que fue del orden del 35%. Además, para enero 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%.
El Congreso sancionó una ley respetando la nueva fórmula de movilidad de la administración Milei, pero estipulando que todas las jubilaciones deben ajustarse en el faltante para llegar al 20,6% de enero, esto es, un 7,2%. Además, estableció que el haber mínimo tendrá una garantía equivalente a la Canasta Básica equivalente y que una vez al año las jubilaciones se ajustarán por el 50% de lo que haya crecido el salario real, si creció.
En base a datos de la Secretaría de Seguridad Social, IDESA realiza las siguientes estimaciones: el aumento del 7,2% de todas las jubilaciones implica un aumento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI. La garantía de la Canasta Básica Total implica un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI.
El Gobierno está otorgando discrecionalmente un bono de $70.000 a los que reciben los haberes más bajos que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI.
Estos datos muestran que la aplicación de la ley sancionada en el Congreso representa un aumento de gasto previsional de alrededor de 0,4% del PBI. En paralelo el Gobierno viene pagando discrecionalmente el bono con un costo de aproximadamente 0,7% del PBI. Esto implica que, rediseñando el bono, se puede compensar los aumentos que fija la ley. Es decir, es posible aplicar la ley sin causar un impacto desequilibrante en las cuentas públicas.
El haber mínimo actual es de $225 mil y el bono es de $70 mil totalizando $295 mil. El bono se otorga de manera indiscriminada a todos los jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, que cobran menos de $295 mil. Hay muchos jubilados y pensionados que reciben el bono teniendo otras fuentes de ingresos, sean previsionales, laborales, familiares o provenientes de rentas de activos. Estos jubilados y pensionados no viven solo de la jubilación o pensión mínima. Esto da la oportunidad de ahorrar recursos aumentando la equidad. Para esto, hay que focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los que no se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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