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Los hermanos Kiczka “están complicados” y “no hay dudas de la investigación”

Daniela Dupuy, la fiscal porteña que inició la causa contra los hermanos Kiczka, reveló que en los dispositivos hallaron material de abuso sexual de bebés, niños y adolescentes. "Está claro que integraban una red de pedófilos", sentenció sobre los misioneros detenidos.

2 septiembre, 2024

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló por primera este lunes sobre la investigación que inició en enero pasado contra una red de pedofilia, que llevó en Misiones, por el momento, hasta el diputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián.  Ambos fueron detenidos, luego de estar prófugos, por la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En declaraciones a A24, Dupuy recordó que la investigación comenzó a mediados de enero a partir  una alerta de la organización estadounidense NCMEC, que monitorea el tráfico de material pedófilo en redes, e involucró a 15 países. En febrero hubo múltiples allanamientos en simultáneos, entre ellos en la casa del padre y del hermano de Germán Kiczka, además de otras propiedades de la familia.

“Hablamos de una persona en Misiones, pero detrás de este legislador (por Germán Kiczka), hay una  una organización internacional de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, indicó.

En este punto, Dupuy reveló que en los allanamientos realizados en Misiones, se incautaron dispositivos que contenían más de 600 videos con material de abuso sexual infantil. Los mismos involucraban a bebés recién nacidos, niños y adolescentes. “Estoy hablando de niños entre 0 mes y 13 años, además de algunos otros que eran de 13 y 18 (años)”, remarcó.

“Cuando hablamos de explotación sexual infantil, creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras. Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes”, expresó.

La fiscal no dudo en señalar que los hermanos “están complicados” y que “no hay dudas respecto de la investigación”. “Desde la Fiscalía de la Ciudad se hizo un excelente trabajo, continuado por la Justicia de Misiones”, elogió.

Las declaraciones de Dupuy van en sintonía con lo que contó la directora de Cibercrimen, Marilyn Ozuna, quien participó del allanamiento en la casa de Germán Kiczka a principios de agosto, cuando la causa ya estaba en manos del juez de instrucción Miguel Faria de Apóstoles.

“Sentí asco y “aberración. Es muy fuerte el material. Doce años haciendo lo que hago, trabajando en el área, y no dejo de sorprenderme las cosas que aparecen”, dijo Ozuna en 89.3 FM Santa María de las Misiones, al referirse a las fotos y videos que encontraron en una notebook del legislador, quien estaba presente cuando revisaban las imágenes.

Germán Kiczka durante los allanamientos en su casa en agosto

“Estaba parado al lado nuestro, y su reacción fue inerte, totalmente, ningún comentario, como si fuera algo casual. No hubo ningún tipo de negativa, no hubo ningún tipo de rechazo, nada en absoluto”, reconstruyó Ozuna.

Volviendo a la entrevista con la fiscal Dupuy, destacó que “el Laboratorio Informático de Misiones hizo un gran trabajo” y adelantó que, con los peritajes posteriores, se encontraron más materiales que aún no salieron a la luz.

Dupuy explicó que las penas en este caso arrancaría desde los cuatro años de prisión como mínimo, lo que implica cumplimiento efectivo. Es que a la tenencia y distribución del material de abuso, se le suma el agravante que hay víctimas menores de 13 años, expresó la funcionaria judicial.

No obstante, apuntó que “si la Justicia de Misiones hace un buen trabajo y profundiza la investigación, estas personas(los hermanos Kiczka) van a llevar muchísimos años en prisión”.

Dupuy manifestó que las pesquisas surgirá si el legislador de Activar y su hermano era solo consumidores o si también produjeron que el material de pedofilia. “Eso implica analizar vídeo por vídeo, ver exactamente dónde fueron filmados, como para corroborar si son caseros, efectuados en la casa de alguno de ellos, o nada más lo que hacían era una facilitación de material”, continúo.

No obstante, la fiscal no dudó en recalcar que “está claro que integran una red de pedofilia”, la misma que ella empezó a investigar.

En una entrevista previa con Radio Mitre, dijo que “hoy la captación más frecuente es a través de WhatsApp, juegos en línea, Instagram y otras redes sociales, donde las personas que cometen este tipo de delitos captan a los niños y adolescentes y comienzan a tener una relación de amistad. Rompen el hielo diciendo que tienen muchos gustos parecidos, como el deporte, y luego terminan consiguiendo que las víctimas le envíen fotos o videos llevando a cabo alguna actividad sexual”, precisó.

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Tags: Abusos sexualesDaniela DupuyDiputado acusado de pornografía infantilGermán KiczkaInvestigación por pedofiliaJusticiaSebastián Kiczka
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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