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Pedofilia y MASI, reformas legislativas que no forman parte del “caso Kiczka”

1 septiembre, 2024

El tráfico de material multimedia (fotos y videos) que contienen material de abuso sexual infantil (MASI) se encuentra en la agenda social y mediática misionera, a partir de la denuncia contra el diputado provincial, Germán Kiczka (Activar) y de su hermano, a partir de un operativo internacional que denunció a la Justicia argentina el consumo, almacenamiento y distribución del mismo.

Cuando se observa lo que estipula el Código Procesal para este tipo de delitos, se puede entender que cualquier persona que sea condenada por este delito, no pasaría mucho tiempo tras las rejas, sabiendo que se trata de una calificación que prevé la posible excarcelación y que la condena puede quedar firme dentro de mucho tiempo, con el paso lento con el que transita la Justicia.

Y lo primero que el común de las personas se pregunta es ¿tan poco vale la integridad de niños, niñas y adolescentes que son abusados para obtener material, para movilizar en un mercado ilegal mundial que maneja 150.000 millones de dólares anuales?

Paula Wachter, directora de la ONG “Red de Infancia”, advirtió en FM 89.3 Santa María de las Misiones que la utilización de menores para el registro fílmico o fotográfico de este tipo de hechos aberrantes “creció en el último año un 7.800%, de acuerdo a ICMEC ( sigla en inglés para el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados), organización civil de Estados Unidos que es la que detectó el caso de Kiczka y es la que avisó a las autoridades de Argentina”.

Sin embargo, en la agenda legislativa misionera o nacional, se desconocen proyectos de ley que impulsen en el ámbito adecuado una reforma del Código, que sea más duro con estos delitos que hoy movilizan a la opinión pública y que no paran de aparecer casos similares en toda la tierra colorada.

Lo dijo la directora de Cibercrimen de la Policía, Marilyn Ozuna, quien fue testigo de la apertura de la notebook del diputado Germán Kiczka, en los últimos allanamientos en el domicilio del legislador el 6 de agosto e inmediatamente aparecieron pruebas, delante del propio investigado. “Es muy fuerte el material. Llevo 12 años trabajando en el área y no dejo de sorprenderme de las cosas que aparecen”.

“Asco, aberración”, sostuvo ante FM de las Misiones al hablar por primera vez de ese hecho que la tuvo de testigo.

 

Reforma de privilegios

La otra reforma debería apuntar al impedimento judicial misionero para detener a cualquier persona que goce de fueros, cuando exista flagrancia como ocurrió con Germán Kiczka.

Hace falta para ello clarificar los artículos 88 al 90 de la Constitución provincial, con lo cual se debería impulsar una enmienda constitucional, aprovechando los comicios del año próximo donde se pueda facilitar la actuación judicial.

Es que el artículo 88 sostiene: “Los diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que manifiesten o votos que emitan en el desempeño de su cargo. Gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el cese. Tampoco podrán ser arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos ‘in-fraganti’ en la ejecución de un delito que merezca pena corporal, caso en el cual deberá darse cuenta de la detención dentro del plazo de tres días a la Cámara, la que al conocer el sumario podrá allanar el fuero del acusado con el voto de los dos tercios de sus miembros”.

Una cuestión es que no sean molestados por las denuncias, investigaciones u opiniones sobre los hechos que tratan, para lo cual ya existen límites en el fuero Civil y Correccional. Otra es que puedan delinquir sin límites, abriendo una “grieta” sobre el ideal de Justicia entre quienes ostentan poder y quienes no.

¿Algún legislador se animará a promover este cambio aprovechando el pleno interés que tienen estos lamentables hechos, que han trascendido a nivel internacional?

 

Empezó la investigación legislativa

El viernes, durante dos horas y media, los cinco miembros de la Comisión Especial investigadora del diputado Kiczka, comenzaron a analizar las prueba remitidas por el juez penal de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, que no solo es numerosa sino que es de muy difícil tratamiento por las características que tienen estos abusos.

La presidenta de la misma, Anazul Centeno, anticipó que no descartan la convocatoria al magistrado que entiende en la causa. Y, como lo prevé la legislación actual, habrá que “escuchar” al diputado de Activar en su defensa, ya sea por su declaración ante la Justicia (que no se dio, ya que optó por el silencio el pasado viernes) o por algún tipo de explicación presencial u online, si es que pretende contar su versión de los hechos.

 

Ex socios políticos “knock out”

Que Pedro Puerta, como amigo personal y socio político de Germán Kiczka se haya visto forzado a “desconocerlo” en cuanta entrevista dio en los últimos días, marcó a fuego la contundencia de pruebas que se manejan en la investigación y que los diputados obtuvieron el día que analizaron su desafuero.

Pero el legislador detenido fue parte una alianza partidaria donde convivieron la UCR y el PRO que, desde el primer momento en que se empezó a conocer el caso, apuntaron sus críticas a los medios de comunicación y sus contrincantes políticos, con tal de defender a quien incluso se terminó profugando, lejos de cumplir con su promesa de ponerse a disposición de la Justicia.

Tan cortos de reflejos y manejo de la crisis estuvieron legisladores como el obereño Horacio Loreiro o los radicales Ariel Pianesi y Martín Arjol, que no expresaron una sola palabra en la sesión donde trataron el desafuero de su ex socio político, con el que tenían fotos de campaña que borraron rápidamente de sus redes sociales.

Al menos, podrían haber hecho, al estilo Pedro Puerta, un mea culpa o un desconocimiento del dirigente, para intentar no quedar tan mal parados, buscando desviar la atención de una investigación internacional que simplificaron en una acusación de “chicana política”.

La reacción radical, en cambio, fue expresar solo en las redes sociales, en la previa a la última sesión legislativa, el pedido de inmediata expulsión de Kiczka del cuerpo.

Menos mal que Pianesi es abogado y, al menos en estos años de legislador, leyó el Reglamento y la Constitución para entender el procedimiento. Tal vez por ello, el jueves pasado ni siquiera realizaron el ingreso formal del mismo pedido al ámbito que corresponde. Vale aclarar que sí se expresó en ese sentido la eldoradense, Rosa Kurtz, en la Comisión Especial y le explicaron cómo funcionan las normas del caso.

Ahora, en general, lo de Germán Kiczka golpea a toda la representación política que ya tiene una desgastada relación con la opinión pública. Lo dijo Anazul Centeno el viernes en FM de las Misiones: “Creo que (la clase política) queda muy golpeada. Me parece que es muy lesivo lo que ha sucedido, en una época en la cual el descreimiento hacia la clase política es enorme y nosotros hacemos mucho trabajo por poder revertir esa visión”.

Finalmente, desde la Nación, el Gobierno de Javier Milei se despegó por completo no solo de Kiczka sino del puertismo. No deben ser fáciles los días para la diputada nacional, Florencia Klipauka, representante del espacio político a la que sacaron del bloque de Pichetto para sumarla a La Libertad Avanza.

El “sueño” de Pedro Puerta de convertirse en el referente de Javier Milei, Gobierno por el cual declaró su “amor ideológico” a minutos de conocidos los resultados del balotaje, está más lejano que nunca.

Después de faltar a la última sesión, radicales y macristas se habrían reunido con él de manera reservada para analizar este caso. Nadie sabe qué pasos dará a tan solo siete meses de haber asumido su banca en la Cámara de Representantes.

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Tags: #DePrimeraManoAnazul CentenoGermán KiczkaInvestigación por pedofiliamaterial de abuso sexual infantil (MASI)Pedro Puerta
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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