El Gobierno encamina la nueva movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso hacia un conflicto de poderes al anunciar su intención de llevar el tema al plano judicial.
El Senado dio sanción definitiva a una nueva fórmula que plantea una suba y un cambio en su forma de actualización en sintonía con el proyecto que había votado Diputados.
Entre los argumentos figuran cifras lamentables como que los ingresos que perciben los cerca de tres millones de jubilados que cobran bono tuvieron una caída del 2,5% en términos reales en comparación con lo que cobraban antes de que comenzara la gestión de Javier Milei. Igualmente, el Gobierno sostiene que el superávit fiscal está por sobre cualquier cuestión y se opone a la nueva movilidad jubilatoria y a otras mejoras.
Si después del veto el Congreso sostiene lo que ya votó, entonces se cumplirá la amenaza de la judicialización que lanzó el vocero Manuel Adorni días atrás y si así funciona, es todo un enigma lo que pueda suceder.
El desenlace quizás encuentre respuesta en el pronunciamiento de la Corte Suprema que meses antes determinó que es obligatorio aplicar una fórmula de ajuste para las jubilaciones. De otra forma el Estado queda sometido a una batería de demandas entabladas por jubilados de todo el país que esperarán reparaciones ante la falta de una ecuación estable.
Con todo, la “guerra santa” del superávit parece estar por encima y, si el Congreso ratifica lo votado derribando el veto, el Gobierno se arriesga también a otra derrota con lo que exhibiría una inusitada debilidad.
