El juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial, César Raúl Jiménez, ratificó la libertad del conductor de un automóvil a quien, en abril de este año, le habría fijado una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación para volver a manejar por arrollar a una pareja en motocicleta en enero de 2019, pero que en junio pasado un control de la Policía Federal lo descubrió al volante de una camioneta Toyota Hilux.
La decisión del juez fue notificada durante los últimos días a las partes y ayer fue la fiscal Correccional y de Menores, María Laura Álvarez, quien presentó la apelación del fallo ante el Superior Tribunal de Justicia.
La polémica surgió, según las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, en que el mismo juez que le impuso la pena en suspenso y restricciones que el encartado Arturo David Sosa (47) no cumplió, remarcó como fundamentos para reiterarle el beneficio excarcelatorio los mismos puntos utilizados cuando lo halló culpable (noviembre de 2023 y cómputo firmado en abril 2024).
Jiménez sostuvo en su última resolución: “El condenado carece de antecedentes penales a la fecha, siendo ésta su primera condena; que el mismo ha reparado íntegramente los daños a la víctima (…) Entiendo en definitiva que la aplicación de una pena privativa de la libertad, de cumplimiento efectivo, a este caso, resultaría no solo sumamente perjudicial para el penado, sino alejada totalmente de las finalidades que el instituto persigue”.
También pondera que “el señor Sosa Arturo David, es padre de familia, convive con su esposa con la que tienen dos hijas a cargo, siendo el principal sostén de su hogar”.
Hace cinco años
Sosa es empleado de una compañía de servicio de telefonía celular, cable e internet. Durante la madrugada del viernes 25 de enero de 2019 cuando se dirigía hacia su vivienda en el barrio Santa Helena de Garupá, colisionó a bordo de un Citroën Picasso sobre la avenida Tulo Llamosas (exruta nacional 12) en el cruce con la calle Saltos del Moconá a una pareja de jóvenes en motocicleta. Carlos Ledesma, entonces de 24 años y su compañera Isabel Batista, sufrieron lesiones de diversa gravedad.
El peor saldo le quedó de por vida a la joven a la que debieron amputarle la mitad de la pierna izquierda, cortes en el rostro y traumatismos múltiples que le costaron largas semanas de internación y luchar contra un desenlace peor.
El Juzgado Correccional y de Menores 2 lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso como autor de “lesiones graves por la conducción imprudente de un vehículo automotor, calificada por el estado de ebriedad del autor”, delitos previstos por el artículo 94 Bis, segundo párrafo, del Código Penal Argentino.
Además, la sentencia impuso la inhabilitación a Sosa para volver a conducir durante tres años. El cómputo final de la pena fue notificado el miércoles 17 de abril pasado y no remitía dudas ni vueltas para no cumplir lo firmado por Jiménez: que la condena de prisión en suspenso vencía el lunes 25 de mayo de 2026 y la prohibición de tomar el volante de un vehículo a motor hasta el sábado 21 de noviembre del mismo año.
Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida y menos de dos meses después que se le notificara al sentenciado los límites, los habría violado de manera flagrante: el jueves 13 de junio a las 11.25 en un control preventivo de seguridad montado por efectivos de la Policía Federal Argentina sobre la ruta nacional 12 en la zona de ingreso y egreso al barrio Itaembé Guazú de Posadas, descubrieron que el conductor que se identificó con una licencia de conducir emitida por la Municipalidad de Candelaria, tenía vigente el impedimento para manejar por la condena a prisión.
Sosa fue invitado a descender de su presunta camioneta Toyota Hilux y a comunicarse con un familiar que se haga cargo del transporte y resolver los próximos trámites respectivos con la Dirección de Tránsito de la comuna posadeña.
Se le informó a su vez que la situación sería notificada al Juzgado Correccional y de Menores 2 para que determine el paso procesal respecto a la sentencia vigente. Intervino la semana pasada la fiscal María Laura Álvarez y solicitó la inmediata detención de Arturo David Sosa con la revocatoria pertinente de la prisión en suspenso.
El juez Jiménez acompañó la solicitud y el viernes (12 de julio) se ordenó la aprehensión del empleado de comercio para que se ejecute la decisión.
