El EMIPA denunció que “un particular viene desmontando ilegalmente territorio indígena, en la Comunidad El Doradito, Caraguatay, sin consulta previa y a los ojos del Ministerio de Ecología”.
“Estos hechos se están realizando impunemente con una firma falsa. Las autoridades ministeriales – hipotéticamente competentes – dieron cuenta de una autorización expresa de la mburuvicha, Gregoria Duarte, quien desconoce la supuesta “firma” inserta en la referida nota, siendo esta, además, completamente distinta a la suya”, agrega el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen.
Este jueves se presentó una ampliación de la denuncia anterior al Ministerio (entregada el 4 de junio y jamás respondida) denunciando este ilícito, penado con “reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”, según el Código Penal argentino.
Emipa advierte que “aunque la firma fuera válida, no cumple con los estándares exigidos para la validez del proceso de consulta, previa, libre e informada a la Comunidad, lo que demuestra la falta de participación, ya que tampoco consta que se hayan realizado audiencias o reuniones informativas para dar a conocer el proyecto de cambio del uso del suelo, vulnerándose así un derecho constitucional y las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que Argentina está adherido. Tampoco consta ningún tipo de traducción al idioma guaraní o la mediación de intérpretes para comprender y tomar decisiones que pudieran afectarlos”.
Por estas razones, sostiene que “Ecología deberá responder por los criterios administrativos que se tuvieron en cuenta para aceptar e incorporar el mencionado papel a un expediente formal”. Además, como se mencionó antes, “hace más de dos meses se presentó al organismo una nota solicitando suspender toda actividad, como también tomar las medidas necesarias para evitar nuevas incursiones, la cual no fue respondida; y ante la inacción, se siguió desmontando libremente en territorio Mbya”.
Es así que en esta ampliación de la presentación anterior, la mburuvicha, Gregoria Duarte, solicitó la nulidad del permiso otorgado a esta persona y suspender el plan de manejo de suelo.
Por último la Pastoral remarca que “a 30 años de la Reforma Constitucional, los derechos indígenas se siguen pasando por arriba y en complicidad con el Estado. En Misiones el Pueblo Mbya continúa siendo invisible a los ojos del Gobierno, que convenientemente los utiliza para promover una imagen de multiculturalismo, exacerbando una versión reduccionista que consiste en resaltar sus virtudes artísticas y culturales, escondiendo bajo la alfombra su verdadera lucha: aquella por sus territorios ancestrales”.
