La semana pasada, un representantes de las inmobiliarias en Misiones daba cuenta a PRIMERA EDICIÓN que había aumentado la oferta de inmuebles en alquiler tras la desregulación del mercado. Para los propietarios “es una buena ventaja” decía. Los inquilinos no lo ven así.
A nivel nacional, se estima que una persona que desea irse a alquilar un inmueble debe destinar entre dos y tres salarios mínimos para poder pagar un lugar donde vivir.
En Misiones, la situación “no dista mucho” de lo que pasa a nivel país, confió Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, en diálogo con la FM 89.3.“Lo cierto es que el alquiler se lleva una gran parte del ingreso familiar”, sumó.
Torres explicó que, alquilar, “se ha vuelto muy costoso debido a la devaluación, la depreciación del dinero y los estancamientos salariales hicieron que el precio de los alquileres esté por las nubes, mientras los salarios están por el piso. A una familia le cuesta muchísimo más, más aún con la libertad que hoy en día tiene el mercado inmobiliario y los propietarios de bienes de renta de exigir lo que se les vengan ganas, contractualmente hablando, a la hora de buscar algún tipo de índice para actualizar el precio”.
En este sentido, recordó que “no hay ninguna reglamentación que los obligue (a propietarios) a una actualización anual o semestral, lo pueden hacer trimestral, bimestral, semestral si lo desean. Hay una libertad absoluta promovida desde el Ejecutivo Nacional”, expuso.
En tono crítico, Torres apuntó que “nos quieren convencer de que hay libertad absoluta para negociar, pero la verdad es que, como las premisas no están equilibradas, la libertad no existe. Por un lado, está la necesidad de habitar un techo, que es un derecho básico de la familia, y ante el incumplimiento del Estado de garantizarlo, lo que constitucionalmente está obligado a hacerlo, se deja todo al mercado, lo que ahoga al inquilino y lo obliga a pactar condiciones que no le conviene”, resaltó.
El panorama para los siguientes meses
El panorama para los próximos meses, según Torres “es una incógnita. La gente va a aguantar hasta donde pueda. De hecho, muchos inquilinos han tenido que regresar a las casas de sus progenitores, mudarse a la periferia de la ciudad o a ciudades cercanas, como en nuestro caso, Garupá. Mucha gente ha decidido alejarse, otros han tenido que resignar ciertas comodidades, pasando de vivir en dos o tres ambientes a un monoambiente, viviendo de una manera hacinada, pero porque no les queda otra opción”, advirtió a este Diario.
Torres siguió más allá y alertó que “la calidad de vida de los trabajadores de vivir dignamente en un espacio acorde a su tipo de familia, ya no se ve de esa manera”.
“El ajuste lo paga el inquilino, pura y exclusivamente; no lo pagan ni los políticos ni los propietarios de la renta, que quieren hacernos creer que está todo fantástico, de que hay más oferta. Ofertas puede haber más porque es más tentador el mercado y no tiene regulación el mercado, y pueden pactar las condiciones que deseen. Pero esa no es la solución real que necesitamos quienes, sin tener un techo, tenemos la necesidad de habitar para desarrollarnos como familia”, dijo.
Sobre el acuerdo libre entre propietario e inquilino, dijo que “es una mentira total, una fantasía. En la mayoría de los casos, los acuerdos se renuevan cada seis meses, pero hay un libre albedrío y una falta de control total”, comentó.
En esta línea, contó que “conozco estudiantes que les suben el alquiler cada tres meses, están en grupos de WhatsApp donde simplemente les avisan que el alquiler ha subido y punto, sin más explicaciones. El problema más grave es que, más allá de las normativas que puedan existir para una regulación transparente, no hay control. Entonces, aunque estén violando alguna norma, el estudiante apenas tiene dinero para comer y vivir en un lugar ajustado. No tiene tiempo ni recursos para contratar a un abogado que defienda sus derechos, ¿a quién va a denunciar?, ¿dónde y cuándo?”, se preguntó.
Asimismo, el representante de los inquilinos apuntó que, con este presente, sin aumentos de sueldo que superen la inflación acumulada, va a crecer la litigiosidad. “Este es un mercado leonino y salvaje que ha tenido este comportamiento históricamente, y el Estado es cómplice por su inacción, o por su liberación, como lo llaman, al hacer caso omiso a la necesidad real de los ciudadanos”, dijo.
Un mercado regulado
Apuntó a aquellos que se mueven entre bastidores, los responsables verdaderos detrás de esta supuesta libertad de mercado de alquileres. “Hay un montón de asuntos que no se controlan, y estos tipos de mercados liberados favorecen la especulación y a toda esa mano negra que hay detrás“, apuntó.
Para Torres, “el mercado de alquileres tiene que ser regulado, porque todos los mercados están regulados. ¿Por qué un mercado comercial como este, que es una locación, un servicio que se le ofrece a una familia, no puede estar regulado? No puede ser un acuerdo civil entre dos partes, porque hay una operación encubierta”, advirtió.
De hecho, agregó, “las inmobiliarias son comercios, por lo tanto, debería estar regulado. Es una pelea de muchos años que difícilmente se pueda ganar porque cada vez que se avanza un paso, se retrocede cinco”, resaltó.
