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Juzgado dejó sin efecto llamado a indagatorias a dirigentes gremiales

Ayer compareció Estela Genesini que también había sido citada a declarar para el lunes próximo. Se espera el cierre de la causa, “no poseen pruebas contra los docentes”, aseguró Olano.

10 agosto, 2024
ALERTA. Docentes se convocaron desde temprano frente al Juzgado de Instrucción 6.

ALERTA. Docentes se convocaron desde temprano frente al Juzgado de Instrucción 6.

La causa iniciada contra los doce dirigentes docentes del Frente Unido en Lucha en el Juzgado de Instrucción 6 del Juez Ricardo Balor estaría próxima a cerrarse por falta de pruebas.

Por lo pronto, ayer el juzgado dejó sin efecto todas las indagatorias del proceso luego de reconocer errores en la citación a la dirigente Estela Genesini, secretaria general de la Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (UDNAM) quien fue notificada de la cita indagatoria para ayer a las 8 de la mañana mientras que su abogado, Javier Olano, recibió la notificación para Genesini y Ángel Acosta con fecha para el lunes 12. Los otros docentes citados a indagar ayer ni siquiera fueron debidamente notificados.

“Pese a las contradicciones en las citaciones, me presenté en el juzgado donde reconocieron las irregularidades de las convocatorias, me hicieron firmar que comparecí y luego se suspendieron las indagatorias porque no hay pruebas suficientes para continuar con el proceso”, precisó Genesini a PRIMERA EDICIÓN.

 

Rechazo a la judicialización de la protesta

Los docentes se hicieron presentes ayer frente al Juzgado de Instrucción 6 para acompañar a Genesini y expresar el repudio a la judicialización de la lucha salarial. Vale recordar que la causa judicial se inició en medio de las protestas docentes que comenzaron a principio de año y se intensificaron en mayo cuando a los cortes de rutas y paros le sumaron el corte con acampe de la avenida Uruguay (a metros del acampe de la Policía) y las movilizaciones a la Legislatura.

Además de Genesini, otros once docentes y referentes gremiales fueron denunciados por los daños en la Cámara de Representantes en la marcha del 23 de mayo, entre ellos la secretaria general de la CTA Autónoma Misiones Mónica Gurina y su secretario adjunto y referente de UTEM Leandro Sánchez, así como el ex secretario general de la Central Jorge Gabriel Duarte. Esos mismos doce docentes fueron notificados a fines de mayo de una medida de restricción de acercamiento a la Legislatura.

 

“Ni siquiera estaba en la provincia”

Para Genesini, la causa es claramente “un ejemplo de criminalización de la protesta porque no hubo ningún tipo de daño y, en mi caso particular, se nota la animosidad porque justo me involucran en un hecho donde justo no participé porque no estaba en la provincia… que me llamen es un papelón”.

No obstante a su ausencia ese día, Genesini remarcó “que fueron miles los compañeros que marcharon ese día para pedir por un salario digno y lo grave de este proceso judicial es que se busca aleccionar y disciplinar a los trabajadores que salen a pedir”.

Para la dirigente, el conflicto de los trabajadores docentes, de salud y seguridad no solo llevó a una mejora del salario que “pasó de 230.000 a 450.000 en menos de dos meses” sino también permitió visibilizar el costo de vida de los misioneros ante la opinión pública del resto del país.

“Mediatizar a nivel nacional la realidad de esta provincia permitió visibilizar que una familia tipo no puede aguantar una factura de luz de 170.000 pesos cuando en el resto del país pagan el 10% de esa tarifa de luz”, destacó.

Tags: DocentesEstela GenesiniIndagatoriasjudicializaciónMisionesRicardo Balor
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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