El incremento del contrabando de granos con destino al Brasil, aprovechando la depresión del peso frente a monedas extranjeras como el real, sigue creciendo. A tal punto que, en declaraciones recientes, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, admitió que en número de expedientes superaron a las de narcotráfico.
Entre las causas que tramita la Justicia Federal de esa zona, se encuentra el secuestro de 216 bolsas con expeller de soja el 31 de julio de 2023, en paraje Londero (Colonia Aurora), en la costa del río Uruguay. Además, en una precaria vivienda cercana, donde estaba la mitad de las bolsas, se hallaron armas y municiones.
Se secuestró también un tractor que era usado para la carga de la mercadería en un bote sobre las aguas del Uruguay.
Entre las personas que fueron detenidas estuvo el ex candidato a diputado provincial del PRO, Marcos Marcelo Cassol, productor agrario que en 2019 ocupó el lugar 13 de la lista de Juntos por el Cambio, la alianza que en Misiones protagonizaron el macrismo y el radicalismo, que estuvo encabezada precisamente por el todavía legislador provincial Ariel “Pepe” Pianesi.
El mencionado, junto a varias personas más, fueron procesados al considerarlos coautores penalmente responsables del delito de “contrabando de exportación agravado por intervenir en la comisión del hecho tres o más personas en grado de tentativa (arts. 871, 864 inc. a), 865 inc. a) y 886.a del Código Aduanero)”, según el expediente judicial que se puede obtener online del sitio del Poder Judicial de la Nación y al que accedió PRIMERA EDICIÓN.
Gallandat Luzuriaga lo hizo sin prisión preventiva para ellos.
Casi cinco años atrás, esa lista acompañó a Humberto Schiavoni como candidato a gobernador, quien cayó derrotado ante Oscar Herrera Ahuad por amplia mayoría de votos. Precisamente se adjudica al además ex senador nacional macrista el “padrinazgo” político de Cassol que ingresó a la lista de candidatos por el PRO misionero.
Tras el procesamiento del juez Gallandat, la defensa del excandidato presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Posadas, con el patrocinio del abogado Silvio Denis Contreras.
La segunda instancia judicial rechazó la misma por “inadmisible” y ratificó lo actuado por Gallandat. Esto ocurrió el pasado 19 de julio de este año.
Quisieron recuperar el tractor
El fallo de casación de la Cámara Federal de Posadas se sumó a otro revés judicial que los procesados tuvieron de la misma instancia, cuando requirieron que les devuelvan el tractor secuestrado, mediante la figura de “depositario judicial”.
En mayo de 2024, cuando resolvieron en contrario, los integrantes de la Cámara destacaron que en el expediente se mencionó que “… según surge de las actas labradas por los funcionarios públicos, el tractor fue observado en proximidades de un puerto natural no habilitado, cargado con granos de soja, desplegando maniobras propias del delito investigado en los autos principales”.
A su vez, también se puede leer en la causa, “…del análisis de la pericia telefónica confeccionado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones se constataron filmaciones y audios que ilustran la modalidad delictiva bajo investigación, particularmente maniobras de descarga de grandes cantidades de bolsas de granos similares a las secuestradas, las que eran cargadas en botes de madera con posible destino la República Federativa del Brasil; por lo que en principio se encuentra comprendido en el art. 876 inciso b) de la ley 22.415, que impone como regla el comiso del medio de transporte y, que solo por vía de excepción resulta operativa la restitución pretendida”.
Fueron los magistrados federales Mirta Tyden, Mario Osvaldo Boldú y Ana Lía Cáceres de Mengoni.
Un dato no menor aportó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando se le pidió opinión y se mostró contrario a darle a Cassol el vehículo: “… no se acreditó la titularidad del dominio del tractor marca Massey Ferguson tipo/modelo 290 año 1986, únicamente el registro de máquina agrícola de la Municipalidad de Colonia Aurora a fs. 1/1 que se corresponden con la documentación aportada por el requirente”.
Qué dice el expediente
Sobre los hechos que se investigan, en las actuaciones judiciales figura que “personal de la fuerza visualizó, mediante el uso de prismáticos, sobre puertos naturales de dicha zona a un grupo de masculinos manipulando bolsas de similares características a las utilizadas para el transporte de granos, realizando estas maniobras desde un tractor con acoplado hacia una embarcación sin propulsión remolcada por otra embarcación de construcción artesanal con propulsión a motor fuera de borda”.
Ante la presunción de un hecho ilícito, el grupo de prefecturianos “procedió hacia el lugar, logrando la aprehensión e identificación del imputado Cassol y las personas antes mencionadas. No obstante, pudieron huir del lugar con dirección a costa brasileña las otras personas no identificadas a bordo de varias embarcaciones, constatándose en el lugar la existencia de cien bolsas que contenían en su interior expeller de soja”.
En la huida, a pocos metros, un par de personas se refugiaron en una precaria vivienda donde se hallaron otras más de 100 bolsas con expeller de soja y las armas, entre otros elementos.
Un delito en crecimiento
A mediados de abril pasado, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, contó en FM 89.3 Santa María de las Misiones que “siempre ha sido el fuerte de las causas el narcotráfico desde que yo asumí al frente del Juzgado creado en 2013. El año pasado, durante 2023, hubo más causas por infracciones a la Ley Aduanera que por narcotráfico, por lo cual hay una incidencia cada vez mayor del contrabando”.
Durante la charla telefónica exclusiva, el magistrado lo atribuyó a “varias cuestiones, en particular creo que son dos aunque no haya un estudio: una es la situación cambiaria que se vivió durante todo el año pasado, las retenciones y todo lo que tenga que ver con la política de comercio exterior que favoreció la rentabilidad de evadir el control aduanero, ha dado mejor la venta en el exterior sin pasar por los controles aduaneros”.
El juez Gallandat separó en estos delitos a los changarines de los que tienen poder económico. “Hay dos realidades distintas. Por un lado está el ‘bolsero’ contratado por 20.000 pesos o menos para hacer el trasbordo a una embarcación. Son claramente vulnerables, recolectores de yerba y tabaco con una instrucción muy baja. Es una preocupación enorme porque son delitos graves, con 2 años y medio a 8 de prisión; y si hay más personas de 4 a 12 años sin beneficio de pena en suspenso. En esa situación tenemos entre 50 y 100 imputados con causas en el Tribunal Federal de Posadas para su resolución”.
