Las causas de contrabando superaron en 2023 en porcentaje a las de narcotráfico, por primera vez en los diez años de trabajo que lleva el Juzgado Federal de Oberá en funcionamiento en la zona centro de Misiones. Así lo reveló el titular de dicho Juzgado, Alejandro Gallandat Luzuriaga, en una entrevista exclusiva con el programa “Primera Plana” que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones, FM Guaraní de El Soberbio y canal 9 Norte Misionero.
El magistrado brindó un panorama sobre todas las actuaciones en esa materia y describió a las organizaciones que manejan este tipo de contrabando de granos, cigarrillos y tabaco, entre otros elementos.
Sin dudas que la frontera misionera con el Brasil, a partir de la brecha cambiaria del peso con el real, impulsó el avance de estos delitos tipificados penalmente por legislación nacional.
El juez Gallandat también se refirió al operativo realizado la semana pasada en El Soberbio, en una causa que viene de 2021, que ayer tuvo como episodio más reciente una movilización y corte de ruta exigiendo al Juzgado obereño que libere varias toneladas de soja secuestrada de galpones.
Gallandat Luzuriaga también envió un mensaje a los concejales soberbianos y fue rotundo al advertir que no se dejará presionar.
Crecimiento del contrabando
“Siempre ha sido el fuerte de las causas el narcotráfico desde que yo asumí al frente del Juzgado creado en 2013. El año pasado, durante 2023, hubo más causas por infracciones a la Ley Aduanera que por narcotráfico, por lo cual hay una incidencia cada vez mayor del contrabando”, señaló el magistrado durante la charla telefónica exclusiva.
Lo atribuyó a “varias cuestiones, en particular creo que son dos aunque no haya un estudio: una es la situación cambiaria que se vivió durante todo el año pasado, las retenciones y todo lo que tenga que ver con la política de comercio exterior que favoreció la rentabilidad de evadir el control aduanero, ha dado mejor la venta en el exterior sin pasar por los controles aduaneros”.
Por otro lado, señaló “una fuerte devaluación de lo que se considera la condición mínima de imputabilidad, un monto mínimo dinerario donde deja de ser infracción aduanera y pasa a ser delito”. El año pasado, se fijó a partir de los 500 mil pesos en mercadería y 160 mil pesos en tabaco y derivados.
“Hace tres años estaba completamente desfasado de lo que podría ser razonable y casi desaparecieron las infracciones aduaneras y todo pasó a ser delito”, advirtió.
De las 800 causas penales que ingresaron en 2023 al Juzgado, unas 350 fueron por contrabando de cigarrillos, vinos, soja, maquinarias agrícolas y agrotóxicos, entre otros reveló el juez Gallandat.
“Me animo a decir que de esas causas tenemos la mayor cantidad de personas imputadas, porque en el contrabando de granos, la modalidad se detiene al momento del trasbordo al borde del río Uruguay hacia una embarcación. En ese momento, son habidos en flagrancia por Prefectura y otras fuerzas no pocas personas. Suelen ser un mínimo de tres y hasta 12 personas hemos tenido en una causa”, aseveró.
Gallandat sostuvo que el contrabando hacia la Argentina sucede en la costa del Paraná en la zona de Puerto Rico, que es parte de la jurisdicción del Juzgado Federal de Oberá. Y en el contrabando de exportación de granos (soja, avena, trigo) la zona va desde Alba Posse hasta El Soberbio “donde se concentran puertos no habilitados”.
Cómo son las organizaciones
El juez Gallandat separó en estos delitos a los changarines de los que tienen poder económico. “Hay dos realidades distintas. Por un lado está el ‘bolsero’ contratado por 20.000 pesos o menos para hacer el trasbordo a una embarcación. Son claramente vulnerables, recolectores de yerba y tabaco con una instrucción muy baja. Es una preocupación enorme porque son delitos graves, con 2 años y medio a 8 de prisión; y si hay más personas de 4 a 12 años sin beneficio de pena en suspenso. En esa situación tenemos entre 50 y 100 imputados con causas en el Tribunal Federal de Posadas para su resolución”.
Dijo que para este tipo de personas, la pena “es una exageración, una desproporción en la pena. Lastimosamente no tengo injerencia en las leyes: tres o más personas cometiendo el delito de contrabando son de 4 a 12 años de prisión”.
Por el otro, advirtió que “hay organizaciones que vienen trabajando desde hace muchos años, el 2015, y que han hecho un crecimiento económico muy grande, dejaron de ser contrabandistas de supervivencia o tráfico hormiga; son organizaciones como la desbaratada entre 2020 y 2022 donde estaban implicados agentes de las fuerzas de seguridad, empresarios de mucho dinero y con muchos bienes inmuebles, camiones, campos, concesionarias de autos. Ese es el otro perfil de personas implicadas”, detalló el juez.
El caso de El Soberbio
Gallandat Luzuriaga también explicó las actuaciones de su Juzgado en el caso que moviliza a un grupo de personas en El Soberbio, tras el secuestro de varias toneladas de granos de soja la semana pasada.
Advirtió que “las personas que trabajan dentro de la ley no suscriben este tipo de manifestaciones. En especial las personas que tomaron conocimiento de las razones del secuestro de las mercaderías”.
El magistrado aclaró que las investigaciones en este caso de El Soberbio “no son el capricho de una persona”, sino actuaciones que se iniciaron en 2021 por parte de la Prefectura Naval Argentina.
“El Destacamento de Alba Posse siguió investigando y la Fiscalía Federal de Oberá solicitó el secuestro de las mercaderías y se le otorgó la medida desde el Juzgado a mi cargo. No hay una resolución que no haya sido deliberada, no hay nada que se pueda dar para liberar la mercadería porque es parte de un proceso judicial que llevará un tiempo comprobar si hay delito. En el interín la mercadería debe quedar secuestrada”, confirmó.
Sobre los granos secuestrados, explicó que muchos de ellos son perecederos, “se pudren, atraen alimañas, por eso hemos logrado con éxito con Aduana de Oberá proceder a la subasta y el depósito del dinero se transfiere a las arcas de la aduana y, si corresponde la restitución de la mercadería, se transfiere a los eventuales beneficiarios o propietarios”.
En cuanto al origen de los investigados por contrabando, que tienen mayor poder económico, el juez reveló que en su jurisdicción, “son personas que se dedican a pasar mercaderías al otro lado, son personas que están en la producción a veces fuera de la provincia, con emisión de facturas que podrían ser apócrifas o una usina de facturas o cartas de porte para el traslado de la mercadería para sacar del país por el río. En el caso que investigamos de pase al Brasil, son mayormente de la provincia (de Misiones) o afincadas acá desde hace un tiempo, con fuertes vínculos parentales o amistosos en el Brasil”.
Mensaje a la política
Gallandat Luzuriaga no eludió hablar de la declaración aprobada por el Concejo Deliberante de El Soberbio como “localidad productora de granos”, con el fin de evitar los operativos de control a los que dicen ser productores en el acopio agrícola. Y se le preguntó si se sentía presionado para no actuar.
“Sin dudas es una presión para no actuar. Lastimosamente algunas, aclaro que no es generalizado, de las autoridades y personas son fogoneadas como pseudo líderes comunales para llevar agua para su canal. La verdad es que la gente desconoce que no es un capricho ni medidas que no evalúan perjuicios o la indiosincrasia del lugar. Hay más de 200 toneladas de soja incautadas, es mucho dinero en la defraudación a la Argentina. En ese sentido, trabajo con las leyes vigentes”.
Y advirtió: “En todo caso, si los líderes políticos que se prestan a este juego de tratar de sacar leyes declarativas para amigarse con la gente cercana con fuertes presiones, les recuerdo que las leyes se modifican en el Congreso de la Nación. Como la que mencioné como injustas sobre los bolseros. Pero no con quienes lucran con 200 toneladas, evadiendo retenciones e impuestos aduaneros o evaden impuestos internos como IVA o Ganancias”.
“La ley penal no puede ser modificada en un municipio sino con el acuerdo de diputados y senadores en el Congreso de la Nación”, pProfundizó su mensaje apuntando a lo sucedido en El Soberbio.
Finalmente, se le preguntó si fue amenazado: “A mí me pueden matar y el día de mañana hay secretarias, instructores, fiscales, policías, fuerzas de seguridad nacionales que van a seguir con este trabajo. Lo único que se ganarán es un nuevo conflicto con la ley que investigará lo que me pueda llegar a pasar a mí. Eso es determinante. No soy una persona insensible y mucho menos subjetiva en atacar a una persona implicada en un delito. Conozco a las personas cuando el imputado llega a declarar por primera vez a mi juzgado”, dijo.
