Esta semana ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años. Una iniciativa que había sido anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la abogada Andrea Zayas explicó que “viene de la mano con cumplir los eslóganes de campaña de Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre las frases que veníamos escuchando: “el que las hace las paga”, “delitos de adultos, penas de adultos”, “cortemos con la puerta giratoria”, esta lucha con el narcotráfico también ligada a los delitos juveniles.
“Estamos hablando de un régimen que fue creado en la dictadura. Ya en la dictadura se venía planteando la posibilidad de la baja de imputabilidad, que claramente no tuvo su buena recepción a nivel nacional e internacional. No tiene una visión actualizada o integradora”, agregó y afirmó que “si bien es necesaria una reforma, hay que tener en cuenta los estándares internacionales y hasta qué punto es útil una baja de la edad de imputabilidad”.
Qué prevé el proyecto
El proyecto de ley prevé que “en los casos de penas que no superen los seis años, que vayan de los tres a los seis años, no necesariamente vayan detenidos estos menores de 13 años, a menos que se cumplan ciertas cuestiones: que haya muerte de la víctima del delito, que haya violencia física o psicológica grave, una lesión gravísima o que el joven sea reincidente. Solamente en ese caso se va a pensar en la detención en un centro especial de contención”, desarrolló Zayas.
“Si no se dan ninguno de estos supuestos, lo que propone es una justicia alternativa, es decir, medidas que ya existen dentro de nuestro Código Penal, pero que no se cumplen, como por ejemplo la prohibición de salir del país, de asistir a ciertos espectáculos públicos, realizar tareas comunitarias, la obligación de tener estudios, de realizar rehabilitación en el caso de consumo problemático y pensar otras alternativas como por ejemplo la mediación penal en donde un juez determine”, agregó.
No obstante, en caso de que sí se den estas condiciones, “se piensan en penas hasta 20 años. No está prohibida la pena perpetua, pero tiene la posibilidad de quedar detenido hasta 20 años”, remarcó.
Cuestionamientos a la reforma
La profesional se refirió a puntos que no quedan muy claros dentro del proyecto. “El proyecto dice que la detención de estos menores de entre 13 años a 18 se va a dar en establecimientos especiales o en sectores especiales dentro de las cárceles de adultos que existen en nuestro país”.
En relación con ello, señaló que “hay que tener en cuenta que tenemos cárceles con sobrepoblación en todo el país. Hacinamiento incluso en nuestra provincia. Si bien en la provincia de Misiones nosotros tenemos una unidad correccional que cumpliría con estos establecimientos especiales, no es así en todo el resto del país”.
“Sí estamos pretendiendo lograr un espacio especial para que el joven que está en conflicto con la ley penal logre su reinserción, logre comprender no solamente la criminalidad del hecho, sino lograr una reinserción, conseguir un trabajo, aprender un oficio, terminar los estudios, acceder a una oportunidad para que no reincida, ¿cómo se va a dar dentro de un establecimiento que ya está contaminado?”, cuestionó Zayas.
A su vez, destacó que estos espacios, de aprobarse la ley, “tienen que contar con personal idóneo. Tampoco se especifica si va a ser un sistema mixto, si va a haber psicólogos, trabajadores sociales, acompañamiento terapéutico, laborterapia, de qué manera se va a capacitar a los profesionales que trabajan dentro de estos lugares o dentro de estos sectores para que sean idóneos para el acompañamiento de este menor en conflicto con la ley penal”.
La aplicación quedará en manos de cada provincia
Cabe destacar que el proyecto deja librado a las provincias cómo va a llevar adelante la reforma y la reestructuración del sistema, así como la adecuación a los estándares internacionales.
“El proyecto de ley no establece una normativa integral para todas las provincias, sino que lo que prevé es la invitación a las provincias para que adhieran a este proyecto de ley, para que, una vez aprobada, modifiquen sus códigos procesales penales y para que, en función de la realidad particular de cada una, se genere la estructura necesaria. Entonces, esto va a quedar a criterio de la provincia”, manifestó.
“Hay provincias que tienen dos detenidos jóvenes en conflicto con la ley penal, y provincias como Santa Fe, por ejemplo, en el caso de Rosario, que tiene muchísimos jóvenes en conflicto con la ley penal a raíz de todas estas redes de narcotráfico. Lo mismo en los casos de trata”, añadió.
Experiencias en otros países
Andrea Zayas explicó que la experiencia internacional demuestra que la baja en la edad de imputabilidad no repercute en las estadísticas respecto a la delincuencia juvenil.
“En la práctica ha sucedido en países como Dinamarca que han bajado la edad de imputabilidad de 15 a 14 años y que uno o dos años después, teniendo en cuenta que los índices no mejoraron, que no hubo una baja en la delincuencia juvenil, que no hubo menores de esa edad detenidos, decidieron volver a reformar sus códigos penales, sus regímenes penales juveniles y volver a subir a la edad de imputabilidad”, comentó.
“Sí han influido los proyectos socioeducativos, las políticas públicas para la reinserción social, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, remarcó.
Por otra parte, en los países limítrofes: Uruguay, Chile y Brasil “la edad de imputabilidad de base sigue siendo de 18 años, pero tienen un régimen especial juvenil que, dependiendo del país, lo que tienen es como un régimen socioeducativo, tienen penas diferenciadas de las penas de adultos, y lo que plantean son centros socioeducativos para lograr reinsertar a ese joven en la sociedad, para lograr, en el caso de que tenga consumo problemático de alcohol, estupefacientes y demás, lograr rehabilitarlo, generar la revinculación con los familiares, ver la situación socioambiental también, de qué entorno viene ese joven, tiene contacto con la familia, está solo, cuál es la realidad de esa familia, tanto a nivel económico como habitacional, si tiene educación”, puntualizó.
Asimismo, compartió que el artículo N°40 de la Convención de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes prevé como mínimo la edad de imputabilidad en 14 años.
“Como un mínimo estandarizado, pero que en lo posible se acerque más a los 18 años, que no baje de los 14”, finalizó.
