Con dos policías que se abstuvieron de ser indagados ayer ante el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, y el fiscal René Germán Casals, al igual que los quince ya citados e involucrados en la investigación por sedición durante la protesta de la fuerza de seguridad provincial en mayo pasado frente al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I de Posadas, se espera ahora la definición en el expediente y quiénes podrían ser imputados por distintos hechos delictivos que se relacionan con la manifestación, entre ellos, la sustracción de patrulleros y otros móviles de la institución.
Los suboficiales que se abstuvieron ayer serían los señalados como quienes se llevaron sin autorización una autobomba del cuartel de Bomberos de la UR-I.
Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, los policías se ampararon en su derecho de no declarar en su contra por sugerencia del abogado que patrocina a los 17 investigados. En esta lista, cabe agregar, se encuentran también los dos referentes de la protesta, suboficiales retirados Ramón Oscar Amarilla y Germán Martín Palavecino.
A los dos suboficiales que se presentaron ayer se les notificó de la imputación provisoria de presuntos hechos vinculados a la sedición, que incluye la “sustracción” del patrimonio del Estado y la supuesta negativa a devolverlos, como lo solicitó la Justicia desde el primer momento que la autobomba fue estacionada sobre la avenida Uruguay y calle Félix Bogado frente al Comando Radioeléctrico.
El jueves 27 de junio se inició en el Juzgado de Instrucción 6, el tránsito de los policías efectivos y retirados que fueron denunciados por la figura básica de “sedición en concurso ideal” y en algunos casos “real con el de hurto, robo, peculado, e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Como lo remarcara este Diario, la pena, si es elevada la causa con esa carátula a juicio oral, prevé entre uno y seis años de prisión.
Se intenta esclarecer la supuesta toma del Comando Radioeléctrico que los manifestantes negaron en todo momento al asegurar que la protesta se realizó sobre la avenida Uruguay y se garantizó el funcionamiento de la dependencia clave en la prevención del delito.
Además, se busca establecer si hubo o no utilización de vehículos oficiales de la Policía, Bomberos y Policía Científica como parte de la manifestación y si no se cumplió con la orden emitida por el juez Balor, entre otras, de garantizar el tránsito en la avenida Uruguay.
La protesta de efectivos policiales y de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial se inició el viernes 17 de mayo a las 5 de la mañana con la irrupción en el Comando Radioeléctrico de varias patrullas de la Policía y allegados en otros vehículos que reclamaban en la calle una recomposición salarial inmediata. El martes 28 a las 23, los líderes e interlocutores anunciaron la aceptación del acuerdo ofrecido por el Gobierno provincial.
