Al cumplirse 41 días del inicio del levantamiento policial en Misiones por mejoras salariales, este jueves 27 de junio comenzarán las indagatorias a los 17 denunciados por los presuntos delitos que la Justicia investiga si se cometieron durante la revuelta.
Al respecto, el titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, René Casals, quien pidió las indagatorias, solicitó que la causa vaya a juicio, indicó que en un princio son quince las denuncias contra los agentes activos y retirados de la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario Provincial que participaron del corte de calle frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, medida que duró trece días. No obstante, no descartó que se sumen más acusaciones en la medida que avancen las investigaciones.
El principal delito que sostiene la fiscalía es el de la sedición, que tiene tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.
“El funcionario judicial policial no es un empleado provincial, es una persona que ejerce una función del estado que se le delega y se toma estado policial. Por eso no puede hacer ese tipo de reclamos”, marcó Casals en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
De acuerdo al fiscal, las denuncias también alcanzan a “sustracción de los móviles, daños registrados en el pavimento, bloquear la institución como el comando radioeléctrico y la amenaza de tomar la jefatura”.
A todo ello le sumó “los actos incriminatorios con vehículos policiales que pasaron por toda la plaza, todo va sumando más hechos”.
“Esto podría derivar en una calificación que tenga una figura principal, como podría ser la sedición en concurso ideal o real, con otros delitos como incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, instigación a cometer delitos, robo, hurto, etc”
De acuerdo a Casals, se está investigando un grupo de WhatsApp que utilizaba el nombre falso de uno de los jefes para convocar a esa revuelta.
“Hubo una instigación a cometer delitos por parte de algún grupo de personas,pretendía extraer o conseguir algo del Gobierno que era un aumento salarial por una forma inadecuada“, acotó.
El caso de la autobomba
Uno de los vehículos que apareció en la manifestación desde el primer día fue el de un camión autobomba. Casals reveló que ayer en una declaración testimonial explicaron cómo fue que lo llevaron a ese lugar.
“Dos compañeros que estaban dentro de la autobomba fueron detrás de un llamado falso a un sendero, volvieron a cargar agua y en ese momento dos de los que integraban la comisión de la autobomba dijeron: ‘Vamos a la revuelta, vamos al comando'”, relató.
El chofer se negó al pedido y empezó un forcejeo que “generó el peligro de tumbar o ocasionar un accidente con la autobomba. Hasta querían entrar en contramano sobre Trincheras de San José”, sostuvo el fiscal.
Las indagatorias se extenderán hasta el próximo 8 de julio, con un promedio de dos declaraciones por día.
“La indagatoria también es el primer acto de defensa de un imputado. . Hay muchos casos que dicen: ‘Me obligaron a llevar el auto y yo me quedé ahí para resguardar’. Veremos si es así o no”; agregó.
Juicio
En el acuerdo con el Gobierno, los efectivos pactaron una “amnistía administrativa“, pero que no se replicaría en lo penal.
“Estamos hablando de delitos de acción pública, por lo tanto, son investigados por la justicia penal y acá nadie acuerda por la Justicia penal que no sea lo que permita el juicio acordar dentro de la propia unidad”, argumentó.
El fiscal hizo público sus deseos que la causa llegue a juicio. “Aportaremos todo lo que se pueda para se haga el juicio y se tenga una sanción”, advirtió. “Después, la aplicación de la pena ya no nos compete a nosotros, sino que será facultad propia de otro órgano si quisiera indultar a los que fueran beneficiados”, acotó.
Luego, añadió que “la amnistía requiere de una ley que impida el proceso penal. La denuncia con las actuaciones de oficio que fueron realizadas continuará en la medida que se realicen todas las pruebas y se pueda elevar la causa a juicio”.
“Una vez a juicio, podrá seguir con una sentencia que haga un indulto. La forma de evitar la penalización de este tipo de hechos no es por un acuerdo entre partes en una oficina”.
“Cualquier personal policial sabía plenamente lo que estaban haciendo. Esas no eran las formas para reclamar. Son personas que están armadas. Las confrontaciones de las medidas judiciales no se pudieron hacer justamente porque no se querían confrontar con otro sector que estaba armado. Todos tenían conocimiento de los hechos y esto creo que merece que se pliegue a debate, que se pliegue a justicia”, concluyó Casals.
