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Mayoristas reclaman medidas urgentes ante la caída del consumo

Desde la cámara que representa al sector advierten que “más del 40% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos” y aseguran que “hay aportes injustificables que afectan a la industria”.

9 julio, 2024

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) reclama por la implementación de “medidas urgentes” para el sector ante la caída del consumo y la fuerte presión impositiva que enfrentan en este contexto.

La entidad afirma que “más del 40% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos” y asegura que “hay polémicos aportes injustificables que afectan a la industria y al comercio de productos de primera necesidad, sobre todo, en momentos de crisis”.

En este contexto solicitan “medidas urgentes al Gobierno nacional, a las provincias y municipios para evitar la caída de ventas del sector tradicional del comercio, compuesto por mayoristas, 140 mil almacenes, supermercados y comercios de cercanía”.

 

Las 10 medidas que reclaman

1. Eliminación de contribuciones al INACAP. Eliminar la contribución patronal al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Afirman que el aporte a cargo del empleador es de $3821,60 por cada empleado de comercio. El sector emplea a 1,2 millones de trabajadores, por lo que el instituto estaría recaudando por mes más de $4.500 millones, que administran ciertos gremios empresarios, con el fin de “capacitar”.
2. Impuesto al cheque. Desde el sector mercantil piden eliminar el impuesto al cheque para la cadena tradicional del comercio PyME, que actualmente paga el 0,6% de ese gravamen.
3. Ingresos Brutos y tasas municipales. Desde CADAM aseguran que el impuesto a los Ingresos Brutos provinciales son distorsivos, a sabiendas de que el consumidor lo paga hasta 3 veces. Por eso, el sector empresario sugiere que se reemplace por un IVA provincial.
4. Aporte a la COVIAR. Industrias y productores piden derogar la ley 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). En 2023, los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022 (-6,3%), mientras las exportaciones de vino argentino se desplomaron en un 31,7% en volumen en comparación con el año anterior.
5. IVA para productos alimenticios de primera necesidad que integran la canasta básica. Desde CADAM reclaman retrotraer o eliminar el Impuesto al Valor Agregado para alimentos y otros productos de la canasta básica. Señalan por ejemplo que en España se acaba de eliminar el IVA para incentivar el consumo de aceite de oliva. En este sentido, indican que una medida que iba en esa línea fue promovida por el exministro de Economía, Sergio Massa. El programa “Compre sin IVA” preveía la devolución del impuesto con un tope de $18.000 para los productos de la canasta básica a jubilados, trabajadores y monotributistas.
6. Saldos a favor de AFIP. El sector comercial distribuidor y mayorista reclama que se puedan utilizar para abonar cualquier otra obligación fiscal del organismo, evitando así su devaluación. Como así también, aseguran que resulta necesario que se implementen mecanismos “simples” de devolución exprés.
7. Anticipo del Impuesto a las Ganancias. La entidad solicita eximir al sector de la obligación de pagar anticipos del impuesto a las Ganancias, ya que “pagar por ganancias que no se obtuvieron resulta irrazonable, sobre todo para un sector vinculado a la comercialización de productos de primerísima necesidad”.
8. Impuesto PAIS. El sector asegura que se necesita retrotraer el impuesto PAIS (hoy en 17,5%) a la importación de todos los insumos y productos esenciales de consumo masivo.
9. Financiamiento PyME. Otra cuestión que pide CADAM es la creación de un Cuota Simple Mayorista, que permita a los 140 mil comercios, tiendas y supermercados de barrio comprar en cuotas al mayorista, para sostener así los precios al público frente a los efectos de la inflación.
10. Desgravación de bienes de capital de Ganancias. El beneficio de desgravación de bienes de capital del Impuesto a las Ganancias estaba incluido en la Ley 27.264, pero caducó. “Resulta necesario para que las PyME puedan incorporar maquinaria y tecnología para mejorar la competitividad. Además, sería importante la creación de un régimen especial de incentivos a la inversión de las pequeñas y medianas industrias nacionales”, sostienen.

 

Rebote inflacionario

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el próximo viernes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se ubicaría por encima del 5%, lo que significaría el primer repunte en el mandato de Javier Milei, tras haber alcanzado en mayo el menor dato de los últimos dos años.

La inflación interrumpió la senda bajista en junio luego de cinco meses consecutivos de retroceso, desde el 25,5% de diciembre al 4,2% de mayo pasado, a raíz de un mayor impacto de los precios regulados por la suba de tarifas, de acuerdo a las previsiones de las consultoras privadas y la perspectiva gubernamental.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, calculó que la inflación de junio alcanzó el 5,2% y proyectó para el año un aumento de precios del 138,1%, lo que representa una merma frente al 146,4% pronosticado el mes pasado y al 161,3% calculado en abril.

Las mediciones privadas, por su parte, rondan entre el 4,9% y 5,6%. El IPC de la Fundación Libertad y Progreso arrojó un aumento de 5,4% en junio, lo que implica una suba de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de mayo (4,2%).

De esta manera, el estudio reflejó que en los primeros cinco meses del año el IPC acumula una suba de 81,2%. Con respecto a la variación interanual, arrojó que alcanza el 274,4%, lo que la convierte en la segunda desaceleración consecutiva.

El economista Lautaro Moschet expresó que “la aceleración estuvo más que nada explicada por los precios regulados, que registraron un incremento mensual del 8,6%, donde incidieron principalmente las actualizaciones de tarifas de gas y electricidad” y reveló que “en cambio, el IPC núcleo, que excluye a los precios regulados, tuvo una suba del 4,0%”.

La consultora C&T Asesores Económicos, en tanto, midió una inflación de 4,9% en junio, y reflejó que la variación de doce meses volvió a bajar pero se mantuvo en un nivel elevado al ubicarse en 276,4%. Mientras que la inflación núcleo fue notoriamente inferior al alcanzar un 2,6% mensual.

Fuente: Agencia de Noticias NA y Medios Digitales

Tags: #economíaArgentinaCADAMConsumoCrisisMayoristas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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