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Carlos Giménez fue propuesto como procurador general del STJ

Habrá un recambio generacional en la jefatura de los fiscales misioneros. El presidente del Tribunal Penal 2 de Posadas será el reemplazante de Miguel Piñero, quien permaneció 33 años en ese cargo.

4 julio, 2024
EL ELEGIDO. Carlos Jorge Giménez será el procurador general.

EL ELEGIDO. Carlos Jorge Giménez será el procurador general.

El gobernador Hugo Passalacqua remitió a la Cámara de Representantes de Misiones el pliego del magistrado Carlos Jorge Giménez para ser designado como el nuevo procurador general del Superior Tribunal de Justicia. En la práctica, en pocas semanas, será el nuevo jefe de los fiscales y reemplazará a Miguel Ángel Piñero (79 años) que hizo historia, al permanecer 33 años en el mismo cargo hasta que se aceptó su jubilación a inicios de mayo de este año.

La llegada de “Carlin” Giménez será un cambio generacional, ya que se trata de un magistrado de 41 años y una importante trayectoria en la Justicia provincial.

Si bien la nota fue enviada el 24 de junio por Passalacqua al diputado Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Cámara de Representantes, PRIMERA EDICIÓN pudo saber que tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria de hoy, pero será tratado con posterioridad al receso invernal.

Junto a la propuesta de Giménez como procurador general, el Gobernador pidió la designación de María Esther Leiva como jueza de Paz letrada en Posadas; de Valeria Cristina Schock para un cargo similar pero en Cerro Azul; y de Vanesa González Puczko como defensora oficial de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar en Puerto Iguazú.

 

Trayectoria y formación

En la danza de nombres que hubo previamente para llegar a la propuesta formal, el gobernador Passalacqua se inclinó por proponer al doctor Giménez.

PRIMERA EDICIÓN pudo saber que se graduó en 2008 con el título de abogado de la Universidad Católica de Santa Fe (sede Posadas) y, luego, de escribano. Cuenta con especializaciones en derecho penal y procesal civil. También ejerció la docencia universitaria en la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la Cuenca del Plata.

En sus 41 años de vida, Carlos Giménez pasó por la actividad privada y la pública hasta convertirse en presidente del Tribunal Penal 2 de Posadas y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Misiones, electo por el conjunto de sus pares.

Apenas recibido de abogado, ejerció la profesión privada hasta 2011, cuando fue propuesto para ocupar la secretaría del Juzgado de Instrucción 2 a cargo entonces de César Antonio Yaya (con quien hoy comparte el mismo Tribunal).

Dos años después, se presentó al concurso del Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante que dejó José Alberto López cuando fue nombrado camarista. Y ganó el mismo, donde asumió al frente del Juzgado en 2014 y permaneció durante cinco años.

En su paso por la primera instancia, consiguió un hito en la Justicia provincial: su juzgado fue el primero que obtuvo la certificación de calidad ISO 9001 y se destacó como uno de los pocos en llegar a esa meta en el país, lo que le valió ser invitado a numerosas conferencias y eventos relacionados al derecho y la justicia en la Argentina, junto al hoy juez Civil y Comercial N°5 de Posadas, Fernando Escalante.

En su afán por avanzar en la carrera dentro del Poder Judicial, Carlos Giménez concursó en varias oportunidades para ascender a camarista, hasta que se produjo la tercera vacancia en el Tribunal Penal 2 de Posadas, integró la terna de concursantes, fue propuesto para el cargo y consiguió el Acuerdo legislativo. Juró en octubre de 2019 con apenas 36 años de edad y está por cumplir casi cinco años de ejercicio de la vocalía del Tribunal.

Hasta hoy, fue electo por los magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura que selecciona a jueces y funcionarios de la Justicia provincial; y desde 2016 es vocal por sus pares en el Tribunal Electoral de Misiones.

Residente desde hace 30 años de la chacra 49 de Posadas, a metros de donde vive su padre, Jorge “Polilla” Giménez (secretario general de la UPCN Misiones), vive con su familia integrada por esposa y dos hijos (Clara y Joaquín).

Una vez que obtenga el Acuerdo parlamentario -decisión que cuenta de antemano con la mayoría necesaria- Carlos Jorge Giménez tendrá la responsabilidad de dirigir el Ministerio Público Fiscal misionero.

 

Requisitos y funciones

El Artículo138 de la Constitución de Misiones establece que “para ser magistrado del Superior Tribunal de Justicia o procurador general se requieren: ser ciudadano nativo o naturalizado con diez años de ejercicio en la ciudadanía, tener título de abogado expedido por universidad nacional o extranjera legalmente admitido por la Nación, treinta años de edad y seis en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura”.

Entre las principales funciones de la Procuración están intervenir en todas las acciones y recursos de inconstitucionalidad llevados a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia; dictaminar en los conflictos de competencia que se susciten entre los Poderes Públicos de la Provincia de los que debe conocer dicho Tribunal; dictamina en las cuestiones que corresponda resolver a dicho Tribunal por vía de superintendencia; deducir de oficio o por denuncia de parte interesada ante quien corresponda, la acción contra el juez negligente; entre otras.

Tags: Carlos GiménezJusticiaMisionesProcurador general
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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