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Tarifazo de gas: “Habría que acudir a Defensa del Consumidor”

Así lo afirmó José Tomaselli, director de Gas de la provincia, tras conocerse el aumento de 1.333% que sufrieron vecinos de Itaembé Guazú quienes pasaron de pagar 2.000 pesos a 35.000 en algunos casos.

25 junio, 2024

El pasado fin de semana, la distribuidora Gas NEA publicó sus nuevos cuadros tarifarios conforme a la Resolución 263/2024. Al recibir las boletas, los vecinos de Itaembé Guazú en Posadas se encontraron con aumentos de hasta un 1.333%. Algunos pasaron de pagar 1.300 pesos a 24.000 e incluso a algunos les llegaron facturas de hasta 40.000 pesos. “La incertidumbre es muy grande, habría que acudir a Defensa del Consumidor, a diputados nacionales y senadores (…) estamos en un escenario realmente muy complejo”, sostuvo al respecto José Tomaselli, director de Gas de la provincia, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Tomaselli señaló que “esto no concierne a la Provincia, está controlado por el Ente Nacional Regulador de Gas (ENRE) y está dentro del paquete de las grandes incertidumbres que vive Argentina”.

Con respecto al aumento de las tarifas de gas, valuadas en dólares pero pagadas en pesos por los usuarios, Tomaselli explicó que “existen cuestiones vinculadas a la época de la privatización en los años 90, cuando el sistema se fracturó. La producción estaba dolarizada debido a importaciones, mientras que el transporte y la distribución estaban pesificados. Actualmente, ingresan al sistema buques con gas natural líquido que se pagan en dólares, lo cual encarece el servicio. Estamos en un momento de poca resistencia, donde los entes reguladores cumplen órdenes y existe gran incertidumbre”.

“El país está dolarizado en todos sus aspectos menos en los salarios, especialmente los de los trabajadores estatales. La proporción ha cambiado drásticamente: un aumento en tarifas como las de gas afecta considerablemente a salarios que no se ajustan conforme a las subidas de precios”, agregó Tomaselli.

Sobre las razones detrás del impactante aumento del 1.333%, admitió que “suena exorbitante, pero la proporcionalidad es la que afecta considerablemente. Además, actores empresariales influyen significativamente. Este contexto ha surgido en parte por la falta de finalización de obras previstas por el Gobierno nacional, obligando a importaciones apresuradas”.

“Tener gas, pero a un costo tan alto, es una paradoja que enfrentamos. Vaca Muerta produce cantidades significativas, pero los altos precios del aumento reflejan problemas estructurales como la dolarización y el desajuste salarial”, explicó Tomaselli. “Ironías como exportar gas a Chile por gasoducto e importarlo a precios más altos, subrayan la complejidad de la situación actual”.

Consultado sobre posibles medidas para mitigar el impacto económico en los usuarios, Tomaselli subrayó nuevamente la incertidumbre y la necesidad de intervención política y recomendó “acudir a defensa del consumidor, a diputados nacionales y senadores, pero no nos olvidemos que se acaba de votar una ley en el marco absoluta entrega de nuestro patrimonio nacional, entonces estamos en un escenario realmente muy complejo” 

En cuanto a la posibilidad de que las tarifas vistas en Itaembé Guazú se trasladen al precio del gas en garrafa, Tomaselli indicó: “En principio, no. Estamos hablando de dos entidades nacionales distintas: el ENRE, que regula el servicio por red, y la Secretaría de Energía, que regula los combustibles líquidos, incluido el gas licuado por garrafa. Sin embargo, no descarto que se puedan realizar ajustes en el futuro cercano, dada la posibilidad de que se considere un atraso en el precio”.

“Suele decirse que una garrafa tiene el equivalente calórico a 10 litros de nafta súper. Así que, si consideramos que 10 litros de nafta súper hoy están a 10.000 pesos, podríamos concluir que la garrafa aún se mantiene relativamente accesible en ese sentido. Sin embargo, sigue siendo un bien y no un servicio público, afectando más a los usuarios en situación de vulnerabilidad”, destacó.

“Este Gobierno nacional parece tener poca consideración por las situaciones sociales. No sería sorprendente que se presente no un aumento, sino un reajuste de valores”, concluyó Tomaselli.

Tags: AumentoFM 89.3GasJosé TomaselliMisionesTARIFAS
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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
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Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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