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Un interno en la prisión de Loreto murió e investigan si hubo desidia en la asistencia

Santiago Rafael Benítez fue hallado, al menos, una hora después del óbito, con rastros de golpes. Solicitaron autopsia y hay dudas respecto a los testigos que acercó la guardia del Servicio Penitenciario Provincial.

16 junio, 2024

La Justicia de Instrucción Penal de la Primera Circunscripción Judicial investiga una nueva muerte en la prisión de Loreto, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial. Se trata del segundo caso en menos de diez meses y que esta vez tuvo como víctima a un interno encausado federal e involucrado en violación a la Ley 23.737 (de drogas).

Santiago Rafael Benítez es posadeño, con domicilio en la chacra 159 de Villa Cabello, y fue hallado sin vida el viernes por la tarde, con múltiples lesiones de golpes en el cuerpo y que se intentan aclarar si corresponden a un ataque de terceros o fue resultado de un brote de epilepsia, enfermedad que señalaron fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, tampoco recibía la atención médica o tratamiento.

“No menos de una hora después de muerto”, habría sido alertado el óbito por los guardias del pabellón conocido como “Federal” y que mayoritariamente aloja a procesados de la Justicia Federal en Misiones.

Otras fuentes concretas de consulta con este medio resaltaron que “hubo demora” en responder para auxiliar a Benítez y que la única medida de seguridad que le ofrecieron para que no se lastimara cuando sufría un episodio de reacción epiléptica fue que le sacaran las cuchetas alrededor. Aseguraron que dormía en el piso para que no se cayera de altura.

Una vez que se comunicó el hecho a la comisaría de San Ignacio, Unidad Regional XIII, se solicitó la intervención al juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, de turno en junio. Ante las irregularidades marcadas y los relevamientos de la Policía Científica, el magistrado solicitó que el cuerpo se traslade a la Morgue Judicial de Posadas para la autopsia. Caratuló provisoriamente como “muerte dudosa”.

Otras de las medidas de seguridad para preservar el escenario del hecho, fue ordenar la clausura de la celda y buena parte del pabellón señalado.

Lo que habría alertado de mayores sospechas e irregularidades fue que los presuntos testigos del deceso habrían sido buscados en otro pabellón o sector de la Unidad Penal de Loreto. “Del sector semiabierto, que queda como a cien metros del pabellón de los ‘federales’”.

 

Antecedente cercano

El martes 1 de agosto de 2023 el interno Gustavo Rodrigo Lindstrom murió en la celda 1, sector B del módulo A de la cárcel de Loreto. Nervios y fuertes temblores, un pedazo de dulce de membrillo y el ruido de la caída ya sin vida desde la tercera hilera de la cucheta estremecieron a sus compañeros.

Murió en el acto y la autopsia fue solicitada por el mismo juez que intervino el viernes por la noche por el deceso de Santiago Benítez.

Los forenses indicaron que el paro cardiorrespiratorio estaba vinculado a que en su cuerpo se hallaron restos de cocaína. Pero también se abrió la sospecha que no pudo corresponder, únicamente, a un deceso por sobredosis sino a que la droga que consumió podría haber estado adulterada con químicos o productos tóxicos para estirarla.

Las voces entonces del pabellón apuntaron que lo vieron nervioso y que les aseguró que sentía frío y temblaba. Pensaron que estaba con presión baja y le acercaron dulce para ayudarlo.

Luego lo subieron a su cama a dos metros de altura e instantes después solo escucharon el golpe en el piso. Los demás internos señalaron que Lindstrom consumió “veneno puro”. La muerte no fue esclarecida hasta el momento.

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Tags: Epilepsiamuerte en prisiónSantiago Rafael BenítezServicio Penitenciario Provincial SPPUnidad Penal de Loreto
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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