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“Los voy a matar a garrotazos a todos y después cortar con un machete a cada uno”

Tiene 41 años y fue denunciado ante el Juzgado de Violencia Familiar de Puerto Rico por su pareja y madre de dos de las víctimas. Firmó un juicio abreviado ante el fiscal Vladimir Glinka de 12 años de prisión efectiva.

18 mayo, 2024
PRIMER PASO. En marzo de 2018 los delitos fueron denunciados en esta dependencia judicial en el centro de Puerto Rico.

PRIMER PASO. En marzo de 2018 los delitos fueron denunciados en esta dependencia judicial en el centro de Puerto Rico.

Obligó a callar a los tres varones, niños de 10, 5 y 2 años, dos de ellos sus hijos biológicos, que debía cuidar, todos los actos de violencia sexual que concretó contra ellos, en base de amenazas de arma de fuego y golpes. Entre 2017 y 2018, los tres menores atravesaron episodios que transcurrían entre extremos de golosinas y advertencias de machete, entre otros hechos.

El empleado de 41 años con residencia en un barrio de Puerto Rico, cuya dirección se reserva este medio, firmó la semana pasada un acuerdo de juicio abreviado ofrecido por el fiscal del Tribunal Penal 2 de esta capital, Vladimir Glinka.

Rubricó el acta que lo envió nuevamente a la unidad penal del Servicio Penitenciario Provincial por 12 años de cumplimiento efectivo por “amenazas, cometido en reiteradas oportunidades (previsto y penado por el artículo 149 Bis del Código Penal Argentino), en detrimento de dos hijos y un hijo de la abuela materna, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra persona menor de 18 años en reiteradas oportunidades, abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido contra persona menor de 18 y corrupción de menores agravado (artículos 119, párrafos segundo y quinto e incisos inciso B y F, y 125 tercer párrafo), todos los delitos en concurso real (artículo 55 del CPA)”.

El 13 de marzo de 2018, la madre de los tres menores se presentó en el Juzgado de Violencia Familiar 1 de Puerto Rico y su denuncia abrió la investigación a partir de la intervención del fiscal de Instrucción (subrogante entonces) de la misma localidad, Jorge Fernández.

La causa fue elevada a juicio por el juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez y recayó en el Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

 

Acuerdo

En audiencia de visu ante el fiscal Glinka, el encartado no tuvo alternativa ante el cúmulo de evidencia en su contra y la proximidad de la concreción del juicio oral llamado por los jueces Gregorio Augusto Busse, César Antonio Yaya y Carlos Jorge Giménez. Aceptó el acuerdo de 12 años y evitó el banquillo de acusados, no la culpa.

Un directivo del nivel inicial de la Escuela Normal Superior 3 de Puerto Rico fue quien encendió las alarmas cuando denunció que uno de los niños denotaba conductas y relataba episodios como víctima de delitos contra la integridad sexual.

 

Violentos y reiterados

Entre las pruebas y testimonios que registra el expediente al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, se describen hechos reiterados y comportamientos violentos del acusado con los tres menores, entre los maltratos físicos y psicológicos y gritos amenazantes como: “Los voy a matar a todos a garrotazos y después los voy a cortar con un machete uno por uno”.

Entre los episodios de abuso sexual se detallaron tocamientos en los genitales de los niños y hasta haberle practicado sexo oral el acusado.

“Aprovechó la convivencia preexistente y la vulnerabilidad de sus hijos”, se destaca en la elevación a juicio y del relato de una de las víctimas se confirmó que a los tres los obligó a acostarse desnudos en un colchón en el piso al lado de su cama en ausencia de otras personas y los abusó, previo amedrentamiento con armas y golpes.

Tags: AbusosCondenaMisionesPrisiónPuerto RicoViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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