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La suspensión de la importación de yerba “evitará un desequilibrio que provocaría que los precios continúen en caída libre”

Así lo manifestó Marcelo Hacklander, director por la producción del INYM, a FM de las Misiones. Comparó los desafíos actuales con los vividos en los años 90 y dijo que saben que "el Estado nacional no se va a quedar tranquilo".

17 mayo, 2024

En un fallo significativo para el sector yerbatero, el juez Civil y Comercial 5, Fernando Escalante, aceptó un amparo que suspende la importación de yerba mate en Argentina. Esta decisión ha sido recibida con gran alivio por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y productores locales. Marcelo Hacklander, director por la producción del INYM, habló con FM 89.3 Santa María de las Misiones sobre la importancia de la medida.

“Es algo sumamente necesario para nuestro sector. La producción local este año ha sido muy favorable, con un clima que acompañó el período de brotación de las plantas de manera excelente, así que nuestra producción va a ser realmente significativa y va a ser más que suficiente para mantener los mercados que tenemos en la actualidad. Por esto, la suspensión de las importaciones evitará un desequilibrio en el mercado que podría provocar que los precios continúen en caída libre, perjudicando a toda la cadena productiva”, explicó.

El problema de la “competencia desleal” causada por la importación de yerba de países vecinos con ventajas impositivas, no solo afecta los precios locales, sino que también impacta negativamente en la producción nacional y aunque la decisión de abrir las importaciones tenía como objetivo bajar los precios internos, en realidad resultó perjudicial para los productores argentinos. “Es fundamental que se proteja nuestra producción nacional y que se favorezcan medidas que reduzcan los costos de producción internos”, añadió Hacklander.

También señaló que en el sector creen que “sería mucho más inteligente que se tomen medidas que favorezcan a la producción, dándonos esa mano que necesitamos para poder producir de una manera más económica. Que los productos que necesitamos para el sistema productivo tengan menos carga impositiva” lo que haría que el producto final termine teniendo un valor más bajo.

Según los datos más recientes, hasta el último relevamiento, se habían importado más de tres millones de kilos de yerba mate, lo que equivale a alrededor de diez millones de kilos de hoja verde que se dejan de producir localmente. Este volumen es significativo y su eliminación del mercado contribuye a estabilizar la producción nacional.

La decisión judicial no solo protege a los productores locales, sino también a las miles de familias que dependen de esta industria. Se estima que “más de 13.500 familias de productores, junto con aproximadamente 15.000 familias de trabajadores rurales y más de 200 secaderos, dependen directamente de la producción de yerba mate. En total, más de 30.000 familias están vinculadas a este sector”, comentó el productor.

La calidad del producto importado también era una preocupación, ya que no se sometía a los mismos estrictos controles que la producción local, creando una competencia desleal. “Nosotros somos muy estrictos con la calidad por eso justamente creamos la Subgerencia de Control de Calidad, entonces tenemos un producto nivelado en calidad en todos los sectores. Entonces, qué sentido tiene que hagamos todos estos controles internos si la yerba que ingresa de países limítrofes no los cumple”, afirmó.

El fallo del juez Escalante proporciona un alivio temporal hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría implicar la derogación del DNU 70/23 que permitió las importaciones o bien que se dicte una medida diferente. “Sabemos que el Estado nacional no se va a quedar tranquilo como pasó cuando hicimos la presentación del pedido de amparo justamente por el DNU, entonces sabemos que es una cuestión de lucha judicial larga, pero en este caso la cautelar queda efectiva hasta que se dicte una medida diferente, lo que nos da un respiro”.

En cuanto al alcance de la medida, Hacklander manifestó que “dejará de entrar lo que dice la media (por la cantidad de yerba importada). Estamos evaluando qué alcance real tiene y si es necesario que pidamos una ampliación”.

 

Déjà vu constante

Reflexionando sobre la situación actual, Hacklander comparó los desafíos actuales con los vividos en los años 90, destacando las dificultades y la incertidumbre que enfrenta el sector yerbatero en la actualidad, enfatizando la rápida y dolorosa caída en los precios y la prolongación de los plazos de pago: “Es vivir un déjà vu constante, es doloroso volver a pasar por las mismas situaciones que habíamos atravesado en los años 90 y realmente es una cuestión muy similar. En ese momento fueron un par de años dulces y después tuvimos caída libre, pero ahora el efecto fue tremendo y muy rápido. Hay una diferencia abismal en tiempos porque van cinco o seis meses y esto ya se sintió de una manera muy impactante en el sector productivo. Teníamos un laudo vigente que a marzo era de 250 pesos, se estaba pagando por sobre ese valor de 370 pesos y hoy los anuncios son muy dolorosos para el sector productivo porque van bajando los precios y los plazos se van estirando y eso es una cuestión que nos afecta muchísimo”.

 

Tags: CautelarDNU 70/23Fernando EscalanteINYMMarcelo HacklanderMisionesYerba Mate
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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