Por algunos minutos durante el mediodía de ayer se caldearon los ánimos en la ruta nacional 14, en San Vicente, cuando los docentes misioneros trasladaron su reclamo allí con un corte total.
La fuerza de seguridad competente, Gendarmería Nacional, acudió al lugar y trató de persuadir a los educadores de levantar la medida o, al menos, liberar la ruta cada 10 o 15 minutos. El nerviosismo o la falta de habilidades para negociar de un agente hizo que todo se tensara aún más tras la frase: “Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle a un docente”. Afortunadamente la situación no pasó a mayores porque, justo a las 11, los educadores levantaron el corte.
A un día de lo ocurrido caben las preguntas: ¿fue correcto el proceder del agente de Gendarmería Nacional?, ¿cuáles son los procedimientos correctos ante el corte total de una ruta nacional y qué sanciones le caben a quienes lo realizan?; ¿los docentes pueden denunciar el delito de “amenaza” por parte del efectivo tras lo ocurrido ayer en San Vicente?
El juez federal de Oberá, Dr. Marcos Alejandro Gallandat habló con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la radio de PRIMERA EDICIÓN y explicó en primer término que la jurisdicción de su juzgado va, del lado del río Paraná, desde Santa Ana a Puerto Rico; del lado del río Uruguay, de El Soberbio a San Javier.
Ayer “dentro de ese territorio hubo cinco cortes de los docentes autoconvocados donde por lo menos habían interferido la comunicación por las rutas nacionales. Uno de ellos fue el de San Vicente en el cual habría ocurrido este incidente”, recordó el magistrado.
Gallandat opinó que “en general el manejo de la protesta por parte de la fuerza, que es Gendarmería la que actúa en los cortes de ruta, fue bueno porque los cinco cortes que iniciaron de manera muy permisiva por tiempo indeterminado, con corte total de la ruta, finalizaron a través de las negociaciones pertinentes de las fuerzas de seguridad, de manera intermitentes, por media calzada, permitiendo una circulación quizás ralentizada pero no obstaculizada en su totalidad”.
Aseguró que eso “tratamos siempre de lograr, que sea solucionado por vías pacíficas y no perjudique en gran medida a los conductores y a gente que está transitado por las vías nacionales”.
Sobre el trabajo del Juzgado Federal de Oberá con las fuerzas nacionales competentes, en este caso GN, dijo que “siempre intentamos que nos informen cuál es la situación puntual para poder tomar medidas en un corte de ruta, cuál es el reclamo, cuál es la modalidad, y a raíz de eso tomamos la decisión en cuanto a lo que hay que disponer de manera judicial”, aseguró.
También comentó que Gendarmería Nacional habría tomado sanciones disciplinarias contra el agente de esa fuerza federal que aparece en el video de la protesta docente.
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Causa penal
Al explayarse sobre el caso de ayer en San Vicente, explicó que “no hubo un corte total, más que por escasos minutos hasta que solucionó la liberación”.
Sin embargo, “en el caso de que se hubiese provocado un corte total y de manera indeterminada, en perjuicio de las personas que transitan por la ruta nacional, hay que iniciar una causa penal contra los organizadores de este corte de ruta y disponer el desalojo compulsivo a través de las fuerzas debidamente preparadas y capacitadas para este tipo de desalojos sin el uso de arma, y de la manera menos violenta posible“, aunque deslizó que, en este caso, “se pecó por efecto del nerviosismo o lo que sea, pero no es una manifestación correcta la que realizó (el gendarme)”.
Denuncia por amenazas
El Juez Federal fue consultado explícitamente sobre la supuesta amenaza del gendarme contra el grupo de docentes, si constituye o no ese delito. Al respecto, Gallandat confió que “una persona puede considerarse víctima de un delito y poder realizar la denuncia que tiene que corresponder, y después se investigará si es efectivamente una amenaza o no constituye un delito”.
Cortes de rutas nacionales
En los cortes de las rutas nacionales, como se mencionó, tiene competencia Gendarmería Nacional, que es la fuerza que informa al Juzgado Federal de la jurisdicción sobre los pasos judiciales a seguir. Pero Gallandat aclaró que “las fuerzas de seguridad nacionales están obligadas a seguir el mandamiento del Ministerio de Seguridad y en ese sentido se aplican”.
“Nosotros como Poder Judicial tomamos decisiones jurídicas, no decisiones de seguridad y lo que puedo decir es que, en este último tiempo, hemos hecho y ha tenido éxito, tratar de persuadir, previo al inicio de la causa judicial con los consecuentes perjuicios para todos, evitar consecuencias que el día de mañana puedan ser lamentadas y también una situación poco satisfactoria para la fuerza de seguridad misma”, resumió el magistrado federal de la zona centro.
Lo que sí no puede llegar a ocurrir, porque se estaría violando el artículo 194 del Código Penal Argentino, es la interrupción total o de manera indeterminada de una vía de circulación nacional, ya que “establece una pena para quien las obstaculice, en este caso las rutas nacionales”.
Por ende, “lo que nosotros tratamos de evitar es que ese delito se concrete, persuadir y prevenir que eso ocurra a través de justamente protestas a los costados de la ruta o bien permitiendo el tránsito por una vía, siempre dentro de la seguridad que puede llegar a haber en el tránsito así no se producen accidentes”, reiteró.
