Las cuestiones relacionadas a los cada vez más escasos recursos para las cárceles de Misiones está crispando los ánimos y “comienzan a ser un problema”, reconoció el presidente de la Comisión Provincial contra la Tortura, Eduardo Scherer, en diálogo con Primera Plana el programa de análisis político que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero.
“El problema de la comida, de los malos tratos y lo edilicio que son cuestiones transversales que no solo afectan a los privados de libertad de Misiones sino a todos en el país, pero lo primero va en crecimiento porque va de la mano de la crisis económica reinante. En los penales empiezan a aparecer problemáticas que se crecen en ese sentido y hay que buscar un abordaje”, urgió Scherer.
Específicamente el funcionario provincial remarcó que se agudizan los reclamos por la calidad y la cantidad de la comida, además de los elementos de higiene, algo que ya detonó algunas revueltas en las cárceles en años anteriores.
“Los disparadores (de los motines carcelarios) son multicausales y a grandes rasgos yo describo cuatro: malos tratos (de quien tiene a cargo la custodia y la seguridad) que puede estar relacionado a la violencia física o psicológica”, dijo.
Y luego agregó que lo segundo está relacionado con la infraestructura, llámese agua, espacio físico o electricidad.
El problema de la comida también aparece e inclusive desplazó la hegemonía de los disparadores anteriores, de acuerdo a la visión de Scherer. “La comida es escasa o bien, cuando es abundante es de baja calidad”, referenció.
Por último aparecen las cuestiones relacionadas con los temas médicos y procesales.
“Obviamente cuando eso no está en equilibrio genera un ambiente hostil. Hay que partir de que estar privado de su libertad es algo que no quiere nadie, porque las situaciones que viven en las comisarías y penales no son nada agradables. Es un ambiente hostil, violento, quienes están ahí están por la fuerza. Nadie está contento ahí dentro, entonces cualquier disparador de estos que mencioné genera inconvenientes”, remarcó durante la extensa charla radial en donde también trajo a colación el problema de los privados de su libertad sin condena.
“Esto tiene su origen con una medida tomada en noviembre del año pasado para tratar de regular el uso de la telefonía celular, pero no por la cuestión de restringir la comunicación de los internos con sus familias, sino por una cuestión de seguridad pública y de intramuros que hay que salvaguardar”, sostuvo el hombre.
La cuestión del uso de los celulares se había flexibilizado a partir de la pandemia y ahora por protocolo se comenzó a reducir, con lo cual se generaron nuevas tensiones.
“De parte nuestra nos encargamos de verificar que el uso de la fuerza pública se haga dentro del marco de las responsabilidades que tienen quienes la utilizan cuando es desproporcionada”, remarcó.
Y agregó: “Cuando comenzamos a trabajar, allá por 2017, lo recurrente de las quejas era el maltrato de parte del personal de las fuerzas de seguridad. Si bien, eso no desapareció ni va a desaparecer, pero logramos minimizarlo. No obstante, comenzó a florecer otro problema de la falta de recursos. En algunos se han recortado presupuestos y hay menos y en otros aunque hay más, no alcanza”.
En ese sentido, el achique llevó a una reestructuración y en esa reestructuración se rebajó la cantidad o la calidad y “comenzaron a aparecer los problemas”, dando a entender que el fenómeno se amplía y hace prever que no desaparecerá de la noche a la mañana.
Averiguación de antecedentes
El artículo que avala las detenciones por averiguación de antecedentes, eliminado en casi todas las provincias del país, tiene vigencia en Misiones y debe ser “revisado”, según el presidente de la Comisión Provincial contra la Tortura, Eduardo Scherer. Y señaló que se trata de “algo vetusto que debe modificarse”.
Sus expresiones, en sintonía con el breve informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), quien recientemente realizó una visita de inspección a la provincia, donde se monitorearon establecimientos penitenciarios.
En la charla el funcionario remarcó que el adelanto del documento de Nación es “duro” y coincide con el trabajo que viene realizando la CPT hace más de 7 años ya que siempre planteamos el tema de las prisiones preventivas, el excesivo plazo de los expedientes penales y el volumen de detenidos: “Antes era 50-50 y ahora 60-40, pero es mucho”.
