Mientras los jueces de la Corte Suprema siguen sin analizar las demandas que Misiones presentó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei; la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas resolvió hacer lugar a un planteo de una veintena de productores yerbateros, que son parte de diferentes organizaciones del sector, al darles la razón en cuanto a la intención que tiene la Casa Rosada de desfinanciar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Eso traería aparejados problemas para el sostenimiento de la obra social de los productores, más allá de la desregulación de la actividad que también dispuso la misma norma presidencial.
Los camaristas ratificaron el fallo que en primera instancia tuvo en el mismo sentido, la titular del Juzgado Civil y Comercial N°8 de Misiones, Adriana Fiori. Pero hacía falta una cautelar federal para suspender los alcances del DNU, lo que terminó dando la Cámara.
Para la defensa de los miles de pequeños productores que deben defender su actividad, el INYM fue un instrumento que no solo permitió imponer reglas de competencia entre las partes, sino también de otorgar beneficios sociales, como obtener por primera vez una obra social para la atención sanitaria propia y de la familia.
Esos miles de minifundistas misioneros necesitan que “la política” los interprete y actúe en consecuencia en el Congreso. En el Senado, ya se dio un primer paso en contra del DNU. Falta Diputados de la Nación, donde la cuestión todavía sigue “dormida” hasta nuevo aviso.
