La Cámara Federal de Posadas ratificó el fallo del pasado 12 de enero de la Justicia de primera instancia donde se suspendió un artículo delDecreto de Necesidad y Urgencia (DNU N°70) del presidente Javier Milei que pretendía desregular el mercado de la yerba mate.
El fallo es del viernes 5 de abril y lleva la firma de las camaristas Mirta Delia Tyden; Analía Lía Cáceres de Mengoni; Mario Osvaldo Boldú y la secretaria civil de Cámara, Verónica Susana Zapata Icart.
Mediante esta decisión, los camaristas ratificaron elprimer fallo de la jueza Adriana Fiori, titular del Juzgado Civil y Comercial N°8 de Misiones, quien hizo lugar a una medida cautelar pedida por 20 productores, nucleados en ocho asociaciones, que calificaron al decreto presidencial como “una auténtica estafa institucional” y cuestionaron el escaso control parlamentario del mismo.
En el pedido, los productores sostuvieron que la entrada en vigencia del decreto pone “en riesgo cierto e inminente el derecho a la salud de miles de productores yerbateros y sus familias, como beneficiarios del Convenio de Cobertura de Salud Integral” que fue firmado en abril del año pasado entre el Gobierno de Misiones y el INYM.
Ahora los camaristas tomaron los mismos fundamentos al coincidir en que al pasar la recaudación del INYM a la órbita del Estado nacional, se genera el “inminente vaciamiento o desfinanciamiento y por ende la imposibilidad de contar con recursos propios para cumplir con sus obligaciones legales y convencionales, entre ellas la de aportar los fondos o recursos pertinentes para la ejecución del régimen de Cobertura Sanitaria Integral implementado a través del convenio”.
En su resolución, la magistrada suspendió un capítulo del DNU para que “no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate”.
Cabe destacar que al margen de la cautelar a la que hizo lugar, la jueza Fiori se inhibió y remitió la causa al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas a cargo de José Luis Casals. En ese fuero, en otra causa reciente, accionó la provincia de Misiones, y ya se remitió el expediente a la Corte Suprema.
El recurso inicial fue tramitado por ocho entidades yerbateras: Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Unión de Agricultores de Misiones (Udam), Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN (), Asociación Chimiray, Asociación de los Yerbatero del Alto Uruguay, Casa de la Familia Yerbatera, Centro Agrario Yerbatero Argentino (Caya)) y la Asociación de Productores Agrarios Zona Sur (Apasur).
Por otra parte, el recurso del Estado provincial fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde también hay presentaciones de otras dos provincias: Buenos Aires y La Rioja. Ese trámite inició en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de Posadas, del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, quien se declaró incompetente y pasó todo a la Corte.
Desde el sector productivo explicaron que con el decreto de Milei, la situación se retrotrae a finales de la década del noventa, cuando la desregulación del mercado yerbatero propiciada por el neoliberalismo generó la mayor crisis del sector, empobreciendo a los pequeños productores y promoviendo la concentración en pocas industrias.
Aquella crisis derivó en 50 días de protestas que dieron nacimiento al INYM, que desde aquel momento reguló los precios de la materia prima y la cantidad de hectáreas que podría plantar cada productor, generando un mejoramiento de la economía de los colonos y mayor equilibrio en la negociación con los molinos compradores de hoja verde.
