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Tres de cada diez indígenas del país ya no hablan la lengua de su pueblo

El Censo Nacional de Población 2022 puso una realidad sobre el tapete: apenas el 2,85% de la población se reconoce como integrante o descendiente indígena y casi la mitad vive en Buenos Aires y CABA. Los Mbya Guaraní están entre los dos pueblos que más conservan su idioma.

11 marzo, 2024
POBLACIÓN. Según el Censo, hay en el país 11.014 personas del pueblo mbya guaraní.

POBLACIÓN. Según el Censo, hay en el país 11.014 personas del pueblo mbya guaraní.

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 mostró que apenas el 2,85% de las personas que viven en el país se reconoce parte de la población indígena o descendiente de pueblos originarios y que son cada vez menos los que entienden o hablan la lengua de su pueblo.

En todo el país, 1.306.730 personas se reconocen parte de pueblos originarios de los cuales 26.006 viven en Misiones (el 2,04% de la población provincial). Lo que muestra el censo es la urbanización de las personas originarias en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

No es casual que la mayoría de los guaraníes viva en Buenos Aires, con 36,9%, seguido de Salta con 26,2 y CABA con 7%. Recién ahí aparece Misiones con 6,2% apenas por encima de Corrientes, con 6,1 y Jujuy con 5,6.

Este mismo fenómeno de urbanización se observa en la distribución de la población guaraní de Misiones donde el 15,10% (5.812 personas) reside en el departamento Capital, el 14,4% en el departamento Libertador General San Martín (3.751), 13,9% en Iguazú (3.617), 7,58% en Guaraní (1.971), 6,9% en San Ignacio (1.797), 6,43% en el Eldorado (1.673), 5,25% en San Pedro (1.363) y 4% en el departamento de Oberá (con 1.058 indígenas o descendientes).

 

La pérdida de la lengua ancestral

Otro dato revelador del censo poblacional 2022 es que siete de cada diez indígenas (el 29,3%) ya no entiende ni habla la lengua de su pueblo. Sin dudas, esta pérdida de la cultura y el idioma está directamente asociada a la vida fuera de sus comunidades.

No obstante, los indígenas de los pueblos originarios del noreste del país son los que menos perdieron su lengua: el 89% del pueblo mataco habla y entiende la pilagá.

La segunda lengua originaria que aún conocen, hablan y entienden los indígenas y sus descendientes es la mbya guaraní: el 83,6% de las 11.014 personas que se reconocieron de este pueblo originario hablan o al menos entienden su idioma.

Vale recordar que la mantienen viva a través de la transmisión oral, tanto en la educación de los niños, la divulgación de conocimientos como la comunicación inter e intra aldeas.

El guaraní, por el contrario, se va perdiendo como lengua viva entre las poblaciones indígenas y sus descendientes: en la actualidad, el 60% ya no lo entiende ni lo habla. En cuanto a los mapuches, la población indígena más numerosa del país con 145.783 personas, también registra una marcada pérdida de su lengua: apenas el 17,9% la entiende y habla. Si sumamos a los mapuches tehuel, de cuyo pueblo se censaron en el país 23.416 personas, solo el 10,5% entiende su lengua originaria.

El otro colectivo que tiene presencia en Misiones es el afro, con 9.374 personas, apenas un poco menos que los mbya, pero sin dudas, con una menor representación social.

Sin embargo, Misiones es la octava provincia con mayor población afrodescendiente. En el departamento Capital hay 3.124 personas, en Iguazú otros 1.063 y en Guaraní 727. Oberá es el cuarto departamento con mayor población afro, con 678 personas.

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Tags: #Censo2022lenguas indígenasMbya Guaranípueblos originarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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