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Se presentaron 120 misioneros para formar parte de un simulacro de juicio por jurados

De las cuatro provincias del NEA, solo Chaco avanzó en la participación ciudadana directa con esta herramienta de administración de justicia penal. Misiones es de las pocas del país que no reformó aún su procedimiento hacia el sistema acusatorio como indica la Constitución Nacional.

10 marzo, 2024
OCTUBRE 2023. Primera experiencia de juicio por jurados en el Palacio de Justicia misionero que organizó y desplegó la jueza correntina Gabriela Aromí.

OCTUBRE 2023. Primera experiencia de juicio por jurados en el Palacio de Justicia misionero que organizó y desplegó la jueza correntina Gabriela Aromí.

La experiencia de Chaco en utilizar los juicios populares como herramienta de administración de justicia, tendría viento favorable hacia Misiones. Al menos eso surge de las últimas iniciativas que se tomaron en esta provincia y que el próximo viernes se impulsará desde el Colegio de Abogados, que realizará en su sala de eventos el primer simulacro de resolución de una causa con doce jurados.

La intención repercutió de inmediato en la expectativa y se inscribieron 120 vecinos de la provincia para ser seleccionados e integrar el jurado que deberá resolver un expediente en el que una mujer está acusada de abandonar a un hijo menor de edad a una situación de vulnerabilidad extrema que resultó en un ataque fatal de perros al niño.

La variante de este simulacro de juicio por jurado, comprende una jornada preliminar para capacitar a abogados en los mecanismos de selección establecidos por los códigos de procedimiento penal de las provincias que implementaron este tipo de debates.

Para ello el martes próximo (de 17 a 19) en la sede del Colegio de Abogados (calle Santa Fe 1562 de Posadas) se desplegará la capacitación en “audiencias ‘Voir Dire’ para selección de jurados”, destinada a los profesionales del derecho, estudiantes y funcionarios judiciales. Será el paso preliminar para el juicio simulado del viernes, entre las 15 y 20 en la misma dirección.

Los estados provinciales que ya cuentan con juicio por jurados, con un sistema acusatorio, son diez además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Chaco, Río Negro, Chubut y Catamarca.

Los requisitos en los códigos de procedimiento penal para integrar un jurado popular en las jurisdicciones que ya lo utilizan en su sistema acusatorio, proceso que Misiones aún no tiene y contradice lo que indica la Constitución Nacional, coinciden en: ser ciudadano argentino o naturalizado, tener entre 21 y 75 años, saber leer y escribir, estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, aptitud física y psíquica suficiente para el cargo.

En Chaco, por ejemplo, se amplió la visión favorable y requiere que un jurado popular por juzgar a un integrante de pueblos originarios, debe contar con seis integrantes (de doce) que sean miembros de estas comunidades.

EXIGENCIA Y AMPLITUD PROBATORIA. Dos de los puntos garantizados en las provincias con experiencia de juicios por jurados.

Demora marcada

Mientras el modelo constitucional de juicio por jurados se expande a lo largo y ancho argentino, en Misiones aún reina el silencio respecto a proyectos para modificar su código e incorporar el sistema acusatorio como primer paso.

Solo para ampliar el contexto vale recordar que en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en julio de 1998 se celebró el primer juicio por jurados y fue una causa por homicidio simple la que se resolvió con una sentencia de nueve años de prisión para el encartado.

La selección de los 14 jurados, doce titulares y dos suplentes, surge de los ciudadanos que se registran en cada provincia para cumplir con esta función. El “Voir Dire” es la audiencia respectiva en la que se realizan entrevistas puntuales respecto a los perfiles y la temática del caso a juzgar. A este paso lo sigue un sorteo para obtener los jurados. Procedimiento que varía de acuerdo a los estados provinciales o jurisdicciones.

El 19 de octubre de 2023, en el Palacio de Justicia de Misiones, la docente universitaria de Derecho y jueza Correccional y de Menores de Corrientes, Gabriela Aromí, dio el primer paso para los ensayos o simulacros de juicio por jurados en Posadas.

De manera similar a lo que se desarrollará esta semana, dirigió la conformación y selección de los ciudadanos que integraron un jurado que debatió un caso penal.

Aromí explicó la intención que representa: “Confiamos y esperamos que este tipo de actividades permitan impulsar la reforma procesal penal en esta provincia. Es muy necesaria esta herramienta para ajustar el proceso penal a las bases constitucionales y para empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia”.

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Tags: ChacoColegio de Abogadosjuicio por juradossimulacroSuperior Tribinal de Justicia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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