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Obras sociales presionan por subas y se prevé 50% de aumento entre marzo y abril

Las empresas accionan ante la reciente desregulación implementada por el gobierno de Javier Milei. Según la Unión Argentina de la Salud (UAS), estos ajustes no serían suficientes, ya que hay por lo menos un 40% atrasado correspondiente al 2023.

4 marzo, 2024

Las obras sociales y prepagas, tras la desregularización que se efectivizó el 23 de febrero, ya están planeando los aumentos para todo el 2024. En marzo, la suba promedio informada será de un 25% aproximadamente y para abril se estima un porcentaje similar, mientras que en el resto de los meses podría ir en línea con la inflación.

Sin embargo, según la Unión Argentina de la Salud (UAS), estos ajustes no serían suficientes, ya que hay por lo menos un 40% atrasado del 2023 producto de aumento de los costos de las obras sociales y prepagas que, con los precios regulados en sus planes, provocaron que los aumentos fueran insuficientes.

Durante el 2023, las obras sociales y prepagas aumentaron un 134% contra la inflación que fue del 211,4%.

Esto ocurrió porque el Gobierno anterior había implementado un sistema en el que, antes de implementar un aumento, debían tener autorización de la Superintendencia de Servicios de la Salud.

Esta medida quedaría desafectada con la desregularización de las obras sociales y prepagas.

Con respecto a los aumentos del 2024, hubo fuertes incrementos en enero y febrero, muy por encima de la inflación. En enero, en general, las subas estuvieron en torno al 40%, mientras que en febrero fueron del 36% e incluso cobraron retroactivos.

De esta forma, los aumentos de los dos primeros meses son de más del 75% sobre los valores de diciembre, cifra que superará la barrera del 100% en marzo, cuando se aplique el mencionado aumento del 25%.

Para el resto de los meses, aún no se conocen los aumentos, aunque es probable que empiecen a ir en línea con la inflación.

Uno de los principales cambios implicados en el nuevo esquema que implementará el Gobierno es que las prepagas deberán destinar un 20% de la recaudación al Fondo Solidario de Redistribución, el cual se utilizará para cubrir prácticas y tratamientos médicos de alto costo. La reglamentación será publicada en el Boletín Oficial en el decreto 70/2023.

Además, otro cambio es que, a partir de abril, los trabajadores podrán derivar sus aportes salariales a una prepaga sin intermediación de una obra social. Cabe recordar que Javier Milei, al poco tiempo de asumir, permitió la incorporación de empresas de medicina prepaga incluirse en el régimen de la ley 23.660 de las obras sociales.

Esta medida, que a dos meses de su publicación aún no se aplicó, le permite a las prepagas recibir aportes del sistema de la seguridad social. Para ello, estas empresas deben anotarse en un registro especial.

Asimismo, las prepagas podrán seguir estableciendo los precios de sus planes y aumentos que consideren, tal como sucedió en enero y febrero de este año.

En el caso de los contribuyentes que deseen transmitir sus aportes de forma directa, deberán abonar el diferencial entre el costo de la cobertura y el monto que obtiene la empresa producto de las contribuciones.

Al mismo tiempo, quienes comiencen con un trabajo ya no deberán mantenerse en la obra social sindical por un año, sino que desde el primer momento podrán escoger entre la prepaga o la mencionada obra social.

Esta medida no es nueva, ya que fue aplicada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, considerado por Milei como el mejor presidente en la historia del país, hasta que en 1998 se estableció, a través de un decreto, la obligatoriedad de estar, como mínimo, 1 año en la obra social de la actividad desarrollada.

En el 2001, el Poder Ejecutivo eliminó el mínimo de permanencia e incrementó el derecho a la opción. Sin embargo, en el 2021, el expresidente Alberto Fernández puso la restricción nuevamente en vigencia y, posteriormente, los límites al aumento de las cuotas de las obras sociales. Estos montos, al quedar muy por debajo de la inflación, generaron mayores aumentos en este 2024.

 

La calculadora de “Toto”

El ministro de Economía pretende que la inflación baje a un dígito para abril. Cree que sería una señal poderosa hacia la sociedad en medio del ajuste.

Para marzo, no obstante, el objetivo es que la tendencia a la baja se manifieste en el rubro de los alimentos. En el Palacio de Hacienda saben que, por una cuestión de estacionalidad, el IPC de marzo suele dar más arriba que en febrero.

Ahora, además de las lógicas subas con el inicio de las clases, se van a sumar otros ajustes: desde las tarifas de luz hasta el nuevo aumento en los colectivos y trenes, y la nueva suba en los combustibles. El objetivo del titular del Palacio de Hacienda es que la inflación de marzo no sea superior a la de febrero.
Sería un verdadero logro. Eso sí, para cumplirlo el Gobierno necesita que la inflación de los alimentos corra un escalón por debajo del resto.

El ministro se quedaría conforme si la inflación de marzo termina igual que en febrero, por debajo del 15%, y lo más cercano posible al 10%.

Es obvio que esta reducción de los índices de la inflación se relaciona con el fuerte deterioro del consumo, ante la caída del poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados.

Al parecer, podría ser un objetivo totalmente cumplible. La única duda pasa por la dinámica en el precio de la carne vacuna y el pollo, que volvió a moverse en las últimas horas.

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Tags: #saludAumentosMedicina prepagaObras Sociales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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