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“No podemos aceptar un mínimo salarial provincial de 190 mil pesos”

UDA, SEMAB, SIDEPPy AMET alertaron que el paro del lunes es contra el ajuste nacional y provincial. Y alertaron que, sin aportes presupuestarios, las escuelas agrotécnicas no podrán subsistir más de una semana.

1 marzo, 2024

Los cuatro gremios docentes cegetistas ratificaron ayer la convocatoria a un paro de 24 horas para el próximo lunes, en coincidencia con el primer día de clases en Misiones y otras siete provincias.

Según precisaron a PRIMERA EDICIÓN los secretarios generales de la Unión Docentes Argentinos (UDA) Misiones, Mirta Chemes; del Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo-CEA, Mariana Lescaffette; del Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), Daniel Bereta, y de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Ángel Rodríguez, la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo.

Remarcaron que la huelga es contra el ajuste al sector educativo implementado por el Gobierno nacional, “no solo en salarios sino también en inversión de infraestructura y carrera docente, además de la falta de envío de fondos a las provincias”, pero también contra el gobierno de Misiones “que incumplió con el acta de acuerdo homologada, firmada con nuestros sindicatos en la que se estableció el ajuste del salario en función de la variable socioeconómica y el adicional por movilidad 960 que recién ahora están por pagar lo que faltó de enero porque liquidaron mal diciembre y enero y todavía falta que paguen lo que falta de diciembre para comenzar a hablar de paritaria 2024, más allá del aumento irrisorio que unilateralmente otorgó la Provincia y que ningún gremio acompañó”, señaló Chemes quien advirtió que “este es el comienzo de una larga lucha que puede llevar a muchas medidas de acción directa”.

 

“No podemos aceptar un salario de 190.000 pesos”

La dirigente advirtió que la única garantía que tiene aval es el mínimo provincial “y no podemos aceptar que sea de 190.000 pesos a partir de febrero, lo que significa una rebaja en el salario respecto a noviembre de 2023, lo que ubica a muchos docentes por debajo de la línea de indigencia”.

En tanto, aseguraron que más del 60% de los docentes misioneros cobra el piso mínimo y, “en el sector privado de la educación, representa el 80% de los docentes porque se va renovando todos los años el personal porque el sistema vigente es que dejan cesantes a los docentes al cumplir unos pocos años de antigüedad para contratar a otro”, según precisó Bereta.

Por su parte, Lescaffette denunció la cesantía de muchos trabajadores docentes suplentes que estaban en cargos donde el titular estaba próximo a jubilarse y que “ahora recibieron la orden del CGE de presentarse para que caigan esas suplencias e incluso hay cargos bloqueados, figura que no existe en el Estatuto Docente, donde no se les permite a los suplentes firmar los libros pese a que no se presentó el titular y eso es muy grave”.

 

“Sin partidas no sobrevivirán las escuelas agrotécnicas”

En tanto, el secretario general de AMET manifestó la preocupación del sector por la falta de envío de fondos nacionales, entre ellos los del INET, que ya anunció que este año no vendrán los fondos para las escuelas técnicas, lo que consideró “un atropello a una Ley de Educación Técnica Profesional”.

Al respecto, Rodríguez aseguró que “las escuelas agrotécnicas serán las que recibirán el golpe más fuerte en su normal funcionamiento que no podrán sobrevivir ni siquiera una semana si no tienen esos recursos para comprar los insumos para sostener a los animales y plantas… porque a la producción agropecuaria hay que sostenerla las 24 horas durante toda la semana, no hay forma de esperar que llegue un presupuesto… se requieren insumos a diario”.

En este contexto, señaló que las medidas de ajuste que se están tomando a nivel nacional y provincial “perjudican no solo a los docentes, sino también a los alumnos y a sus familias en sectores muy vulnerables; y con estos indicadores de pobreza muy altos que arrastramos de gobiernos anteriores y la suba de estos últimos meses estamos hablando de familias que necesitan formación y capacitación en el sector técnico profesional”.

 

Presión en los colegios

Bereta admitió la presión que reciben los docentes de colegios de gestión privada para no hacer paro, “los padres tuvieron un incremento del 70% en las cuotas por lo que la cuota más baja será de 23.000 pesos, por lo que ninguno está dispuesto a pagar esa cuota si la escuela se cierra por paro docente… por lo que hay aprietes y amenazas de despido o suspensión a los docentes que quieren adherir al paro”.

En este sentido, el dirigente del SIDEPP recordó a los padres de los alumnos que el dinero de las cuotas no va a salario docente por lo que “deberían pedir a los colegios que rindan cuentas sobre qué hacen y a dónde se destinan esos ingresos”.

Tags: AMETDocentesMisionesSalariosSEMABSideppUDA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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