El “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido popularmente como el Protocolo Antipiquetes, seguirá plenamente vigente, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ganara un round judicial en la Justicia Federal.
Aunque no se resolvió la cuestión de fondo, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal intervino minutos antes de iniciarse la audiencia y removió el expediente del juzgado del juez de primera instancia que había limitado su aplicación, Sebastián Casanello.
El fallo en el marco de la causa “María Celeste Fierro (diputada del Frente de Izquierda/MST) c/ Ministerio de Seguridad” donde se cuestionó su constitucionalidad en línea con otras críticas que se plantearon a nivel internacional. El único juez que intervino en la decisión, a partir de los recursos presentados por las partes, fue Eduardo Farah, en nombre del tribunal.
De este modo, el magistrado de la Sala II de esta Cámara Federal, resolvió revocar el fallo de primera instancia que había sido apelado por el Ministerio de Seguridad, retrotrayendo con ello la situación del protocolo. Incluso, hace unos días se había suspendido la medida que condicionaba la aplicación del protocolo pero el proceso de fondo no se había frenado.
Asimismo, la Cámara rechazó la competencia del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 28 de esta ciudad, Sebastián Casanello, quien se había expedido en esa oportunidad y preparaba hoy la segunda audiencia para analizar la constitucionalidad del protocolo.
El tribunal entendió, de este modo, que Casanello no resulta competente para las facultades que se arrogó al resolver el habeas corpus planteado por la referente del MST, Celeste Fierro, “determinando con su accionar una inoficiosa demora en el procedimiento natural del instituto, las que, al decir de la propia Cámara ‘tales desviaciones han llevado a una desnaturalización de aquél y a demoras injustificadas”, consignó el Ministerio de Seguridad en un parte de prensa.
Desde la cartera que comanda Bullrich recordaron que el magistrado de primera instancia dio curso en el trámite al planteo de 36 organizaciones sociales como amicus curiae, sin requerirles los estatutos para comprobar su personería. Entienden que, de este modo, hubo una irregularidad manifiesta a la hora de dar curso a la denuncia.
Fuente: El Cronista.
