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El Gobierno “congela” la Ley Ómnibus y apuesta a que los gobernadores paguen los costos

Javier Milei evalúa la posibilidad de llamar a un plebiscito no vinculante para hacer pasar las reformas y se esperanza con la composición de un nuevo Congreso tras las elecciones legislativas del 2025.

7 febrero, 2024

Tras la derrota en el tratamiento de la ley Bases, el presidente Javier Milei no descarta la posibilidad de convocar a una consulta popular y busca hacer pagar “el costo” del truncado proyecto a los gobernadores que no acompañaron, a los que acusó de “traidores”. En su ideal, fantasea con la conformación de un nuevo Congreso en 2025.

Con la ley en segundo plano, y a pesar de las imprecisiones esbozadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a la posibilidad de llamar a un plebiscito, por los pasillos de Casa Rosada revelan que la idea está y que “hay grandes chances” de que suceda.

Hay quienes creen que la megaley “está muerta” y ven con buenos ojos la chance de llamar a un referéndum no vinculante, con la intención de exponer a los opositores que no acompañaron la reforma, pero saben que debe pasar por el Congreso que, creen, “está diseñado para trabar las cosas”.

Sobre el tema, estudian los casos testigo de América Latina: en Uruguay, cuando Luis Lacalle Pou hizo pasar una serie de reformas en 2022 vía consulta popular, y en Chile, luego de que Gabriel Boric se viera debilitado tras el rechazo del pueblo a una nueva Constitución Nacional.

“Las experiencias indican que cuando pasa esto los proyectos no vuelven a tratarse. Creemos que no se tratará, esto está muerto y la opción era consulta popular”, alertó una fuente con despacho en Balcarce 50.

Casi sin lugar a la autocrítica, en La Libertad Avanza responsabilizan en su totalidad a los gobernadores que, en la previa a la sesión de ayer, habrían dado garantías al oficialismo de acompañar la megaley y en el recito, sus diputados, votaron en contra.

Los señalados son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), y Rolando Figueroa (Neuquén).

La relación con los mandatarios provinciales se encuentra frizada a tal punto que desde el Gobierno no ven factible un nuevo encuentro que aglutine a todos los mandatarios en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para hoy entre Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión es simple: las provincias deberán pagar el costo político de la caída de la megaley.

“A ningún gobierno le rechazaron la primera ley que presentó. En estas condiciones es difícil sentarse a charlar con gente que te traiciona. Con traidores no se negocia”.

El enojo es tal que hay quienes cuestionan al cordobés Osvaldo Giordano, titular de ANSES, debido a la negativa en la votación particular de su esposa, la diputada de Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres, aunque aseguran que continuará en funciones.

 

El nuevo Congreso con el que sueña Milei

El Presidente sabe que está en minoría en el Congreso, por lo que deberá afinar la estrategia negociadora si planea aprobar proyectos de ley de acá a, por lo menos, el año 2025.

Es que las elecciones legislativas que se avecinan emocionan a la administración libertaria que sueña con una nueva conformación de las cámaras con mayorías propias.

En su viaje a Israel, el mandatario habló de la jornada legislativa de ayer al expresar: “Veo con mucho optimismo lo que pasó, dejó de manifiesto quién es la casta, es decir, todas esas cosas que fuimos presentando y adelantando durante la campaña se hicieron realidad”.

“Creo que, como dije en el discurso, no venía a guiar corderos sino a despertar leones, creo que ayer nuevos leones se han despertado y van a tomar conciencia de la basura inmunda asquerosa que es la casta y que es sin lugar a dudas en el 2025 le van a dar la espalda y vamos a tener un Congreso más limpio y más honrado y van a ser posible pasar las reformas”, disparó.

Fuente: agencia Noticias Argentinas

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Tags: Congreso NacionalGobernadoresJavier MileiLa Libertad AvanzaLey ÓmnibusPlebiscito
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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