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Cosecheros siguen sin cobrar el Programa Intercosecha y piden gestiones provinciales

El 15 de enero se debía depositar el dinero del subsidio y el 13 de la tarjeta para alimentos. Desde la Nación no informaron los motivos pero crece la preocupación por el posible recorte de los fondos. En otras provincias ya se realizan protestas.  UATRE también pide controles en la chacra.

27 enero, 2024
Foto ilustrativa

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Más de siete mil cosecheros misioneros de diversas actividades, pero principalmente de la yerba mate, siguen sin cobrar el Programa Intercosecha que asciende a una ayuda mensual de $64.000 para los meses en que su actividad se paraliza. Se tenía que haber depositado el lunes 15 de enero.

Crece la preocupación no solo en Misiones sino en el resto de las provincias por la posibilidad de que la Nación suspenda definitivamente esta ayuda, en el marco de la política de eliminar gastos del Estado para lograr un equilibrio fiscal.

En Misiones la medida afecta a los tareferos de la yerba pero también a cosecheros de mandioca, cítricos y tabaco. En otras provincias están en la misma situación los cosecheros de uva, limones, arándanos, peras, manzanas, tabaco, y azucareros entre otras actividades temporales.

En este sentido, el 23 de enero, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) le envió una nota a la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, y por su intermedio al gobernador Hugo Passalacqua, solicitando que se gestione ante la Nación el pago de estos fondos.

En el escrito se le solicita “arbitrar las medidas que sean necesarias ante el Gobierno nacional o quien consideren a los efectos de que se proceda al pago de los beneficiarios del programa Intercosecha destinado a trabajadores de la yerba mate, de igual manera la Tarjeta Alimentar y otros beneficios que están destinados para los sectores más vulnerables de nuestra provincia”.

“Lo peticionado obedece a que los beneficiarios del programa Intercosecha de la hierba mate aún no han percibido dicho beneficio correspondiente al mes de enero, como también los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar”, agregó UATRE.

Son ingresos “pequeños pero tan necesarios para la subsistencia de estas familias, que dependen exclusivamente de estos beneficios para acceder a alimentos, en este momento tan difícil que abunda la falta de trabajo en nuestra región”.

El programa, justamente, fue creado en 2014 para asistir económicamente a los trabajadores golondrina de algunas actividades del agro que no se realizan durante todo el año. Entonces, se les paga por alrededor de cuatro meses cada año, siempre que demuestren haber actuado en la cosecha anterior.

En otras provincias la situación es igual de preocupante. En Entre Ríos y Tucumán, los peones rurales están organizando protestas y se declararon en alerta y movilización.

Desde la Nación informaron “de palabra” al Ministerio de Trabajo de Misiones que “está demorado” pero “se va a pagar”. Sin embargo “el hambre no espera”, responden desde las chacras.

Existe un dato concreto que abona la teoría del bloqueo de los fondos: los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social dejaron de existir y sus funciones pasaron a depender de Capital Humano. Estos dos ministerios eran los encargados de procesar la información y disponer el pago de los fondos Intercosecha.

En Tucumán, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) declaró el estado de alerta y movilización. Además del Intercosecha, se bloqueó el pago de la Tarjeta Social (PRIST), que es otro programa para las familias en extrema vulnerabilidad económica.

Germán Ferrari, delegado regional de UATRE, manifestó que era el “único beneficio” de los cosecheros. Además, señaló que se hicieron las presentaciones correspondientes “a fin de poder destrabar esta difícil situación”. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuestas.

El Intercosecha representa $64.000 mensuales y $15.000 la tarjeta. Ferrari apuntó contra las medidas del Gobierno nacional en torno a la reforma laboral y señaló que “lo único que hace es avasallar el derecho de los trabajadores”.

 

Más controles

Por otra parte, UATRE solicitó a la ministra Giménez que “se continúe y profundicen los controles que se vienen realizando en el ámbito del trabajo rural a los efectos de evitar el incumplimiento de pago de remuneraciones y condiciones de trabajo establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario”.

El gremio rural denunció que existen “atropellos que se dan por parte de algunos empleadores inescrupulosos que están siempre al acecho y aprovechan la disminución o falta adecuada de controles”.

Aclaró que “además, la denominada zafriña de yerba mate que en esta época del año arrancaba, prácticamente no se está dando por la incertidumbre que hay en el sector yerbatero, como así también en el resto de las actividades existentes en Misiones”

Esta situación en esta época del año “donde disminuye generalmente un poco los controles, algunos empleadores aprovechan la necesidad de los trabajadores para incumplir con sus obligaciones”, denunció el gremio.

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Tags: intercosechaMisionesSubsidioTereferosYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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