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El Gobierno da de baja a más de 27 mil planes sociales por incompatibilidades

El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión luego de realizar la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de los titulares de Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. El monto total supera los $2.000 millones.

22 enero, 2024

El Ministerio de Capital Humano confirmó en las últimas horas que dará de baja a más de 27.000 beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo luego de realizar la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares.

El justificativo que esgrimieron desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es que los beneficiarios tenían irregularidades y no cumplían los requisitos para recibir estos aportes estatales.

“Se detectaron 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000 millones del Estado nacional”, afirmó el organismo dirigido por Pettovello.

“Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000 millones del Estado nacional”, agregaron desde el Gobierno mileísta.

Según fuentes oficiales, algunas de las incompatibilidades, detectadas por el cruce de información entre ANSeS y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS) fueron “beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad”.

El anuncio de la baja actual de las 27.220 beneficiarios se suma al anuncio que realizó el Gobierno de los 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que viajaron al exterior en yates, aviones privados, aerolíneas y autos, entre otros medios de transporte y a la vez cobraban el plan social. Hasta el momento, esta última baja no se hizo efectiva.

El gobierno de Javier Milei quedó, a partir del lunes 8 de enero, habilitado a tomar una demorada decisión que se viene arrastrando de la gestión anterior: la suspensión preventiva de los casi 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad social pero que son cobrados por personas que viajaron al exterior.

Aquel recorte involucró unos $12.000 millones mensuales.

Por, ende el último martes 16, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se están terminando de entrecruzar los datos y que “en cualquier momento la baja se hará efectiva”.

 

Investigación

La causa se inició con la investigación que realizó el fiscal Guillermo Marijuan. “Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó el fiscal.

Tras un entrecruzamiento entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron.

Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Toda esa investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no había tenido hasta ahora ningún resultado. Los nombres de los beneficiarios estaban en bases de datos que las tenían en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.

$73.000 por mes

En tanto, los montos que reciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo están congelados hasta nuevo aviso, según indicó el portavoz de Javier Milei. Actualmente, el pago mensual que reciben los beneficiarios es de $73.000.

En general, los planes sociales están destinados a personas desempleadas o que trabajan en el sector informal, es decir, “aquellas personas que no poseen ingresos aptos o suficientes para garantizar una mínima calidad de vida en cuanto a las necesidades básicas propias y las de su grupo familiar”.

Por ejemplo, “el Programa o Plan Potenciar Trabajo es una iniciativa del Gobierno Argentino que busca promover una mejora en la generación de empleos en el país. Además de la creación de nuevos puestos de trabajo, el programa también tiene el objetivo de capacitar a sus participantes e incentivarlos a que culminen su formación académica entre otras cosas”.

Ingresos

Una familia conformada por dos adultos y dos menores de edad necesitó en diciembre un ingreso de casi $495.798 para no ser considerada en situación de pobreza, informó el (INDEC).

Este número se desprende del costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió 27% el mes pasado. Este indicador a lo largo de 2023 reflejó un incremento acumulado de 225,1%.

Por su parte, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 30,1% en diciembre, lo que determinó que el mismo tipo de familia necesitara ingresos por $240.678 para no caer en la indigencia.

En este último caso, que mide únicamente la evolución de los precios de los alimentos que forman parte de la canasta, el costo sumó una suba de 258.2% en 2023.

La diferencia entre ambas canasta radica en que la total incluye precios regulados, como el transporte, electricidad y gas, que reflejaron menos subas que alimentos y bebidas.

 

En números

A lo largo de 2023, la inflación general fue del 212%, el mayor registro desde 1990 a la fecha. Al respecto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes.

En ese marco, la cantidad de personas en situación de indigencia se ubicó en el 9,6%, según el trabajo de la UCA.

La medición de la casa de altos estudios tiene como período de corte a septiembre 2023, por lo que no contempla las subas de 8,3% registrada en octubre en el índice de precios al consumidor, del 12,8% en noviembre; y del 25,5% en diciembre.

Las cifras de la UCA reflejaron un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia fue del 8,1%.

 

“Situación crítica”

El director del ODSA, Agustín Salvia, dijo recientemente que la sociedad argentina tiene una “gran capacidad de aguante” ante las reciente medidas que impulsó el Gobierno que dispararon la inflación y reconoció que “todavía no hay un shock de cierre del consumo”, pero no lo descartó: “Lo va a haber seguramente”.

“Existe un sistema de programas sociales que hace que haya un piso de ingresos y que ese mismo piso genere demanda de trabajo informal en los propios barrios. La situación es crítica pero no es explosiva”, remarcó el investigador principal del CONICET.

“Todavía no hay un shock de hambruna, pero lo habrá si se tocan los planes”, señaló finalmente.

El economista y director de la consultora, Focus Market, Damián Di Pace, precisó que en Argentina hay 182 planes sociales y más 25 millones de personas reciben estos beneficios.
“En cuanto al dinero que el Estado destina para estas ayudas, el 46%, el mayor porcentaje, pertenece al exMinisterio de Desarrollo Social y en 2021 el número se ubicó en $7.000 millones”, señaló Di Pace.

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Tags: bajasMinisterio de Capital HumanoPlanes socialesPotenciar TrabajoSandra Pettovello
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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