La obra en Aña Cuá se paralizó y más de 450 argentinos se quedaron sin trabajo. El consorcio adjudicatario atribuye la decisión de despedir trabajadores al gobierno de Javier Milei y las “nuevas condiciones macroeconómicas” que impiden seguir con la obra.
En este contexto, los legisladores Nacionales por Corrientes, Jorge Antonio Romero, Christian Zulli y Sand Nancy presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para demandarle a la administración del presidente Javier Milei para que, a través de los Ministerios de Infraestructura, de Economía y la Secretaría de Energía, arbitre los medios necesarios tendientes a revertir la paralización de la obra.
Recordemos que la obra se trata de “la maquinización” que ejecutaba el consorcio Webuild-Rovella-Tecnoedil ; cuyo avance se frenó en el 41% de ejecución, dejando sin empleo a más de 900 operarios, donde 450 de ellos son argentinos.
El escrito de los diputados de Corrientes destaca que “hasta diciembre 2023 la obra -licitada durante la administración del presidente Mauricio Macri en Argentina y del presidente Horacio Cartes en Paraguay- se venía ejecutando en forma normal” con los siguientes avances: 226 millones de dólares ejecutados del contrato, con un avance de obra del 41%. Restan ejecutarse 133 millones de contrato y el 59% de la obra civil a desarrollarse.
Que el normal desarrollo de la obra hidroeléctrica se interrumpió “por el recorte de inversión en infraestructura pública que impuso el Poder Ejecutivo Nacional, sumado al drástico incremento de los costos por la devaluación oficial del 119% y la inflación de 30% por mes”. Que esta situación llevó a la contratista Webuild-Rovella-Tecnoedil a desafectar a unos 900 operarios (450 argentinos y 450 paraguayos) y la consecuente paralización total de la obra.
El escenario “se vio agravado por la situación de incertidumbre que atraviesa la República Argentina a partir de la modificación sustancial e imprevista de las condiciones macroeconómicas: aumentos de precios, aceleración de la inflación, imposibilidad de importación de equipos y materiales imprescindibles, falta de flujo de fondos que garantice el debido financiamiento de la obra, incumplimiento de medidas compensatorias y correctivas; entre otros cambios no imputables al Consorcio”, comunicó la contratista.
Los funcionarios correntinos señalan que “para la Provincia de Corrientes es muy alto el impacto económico” que genera la paralización de la obra, debido a que “el 90% de los trabajadores/as argentinos/as del proyecto son deItuzaingó; principal área geográfica en la que se redistribuye y circula la inversión en salarios e insumos que demanda la obra”.
También describen la importancia estratégica de continuar y finalizar la nueva Central Hidroeléctrica Añá Cuá que permitirá ampliar entre un 10% y 20% la generación de electricidad de Yacyretá y aporratará 2.000 gigavatios-hora (GWh) anuales de energía limpia y renovable al Sistema Interconectado Nacional para “el desarrollo económico, industrial, productivo y tecnológico de nuestro país, favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo y brindando grandes avances en el camino de la autofinancia energética de la Argentina”.
Darío Romero, secretario general de UOCRA en Corrientes, repudió en diálogo con PRIMERA EDICIÓN “la actitud de la empresa, que ha dejado mucho que desear”, como también la forma en la que terminaron decidiendo la desafectación de 450 obreros del lado argentino y una cifra similar en la otra orilla.
