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Argentina, entre los países con peores salarios de Latinoamérica

Los haberes están muy lejos de los de Uruguay y Chile.

10 enero, 2024

Muy por debajo de Uruguay y Chile, solo por encima de Venezuela y a casi US$100 de República Dominicana, que la precede en el ranking, el salario mínimo en Argentina es el segundo peor en Latinoamérica, con solo 152 dólares por mes.

El ingreso básico viene hundiéndose sistemáticamente producto de la devaluación del peso y de una fuerte pérdida contra la inflación que aún no contabiliza el número de diciembre, que cerrará el año y que se situaría en torno al 30%.

Según señala el índice de Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE), en noviembre del año pasado los salarios formales aumentaron tan solo un 6,3% contra el 12,8% de inflación, poco menos de la mitad.

Así, nuevamente los ingresos de los trabajadores perdieron contra la inflación en el último mes analizado y aún resta conocerse el impacto en los salarios de la devaluación aplicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, al inicio de la gestión de Javier Milei.

Esta medida, que supuso una caída del valor del peso contra el dólar oficial de más del 50%, junto a la liberación de precios de la economía empujó a una inflación que se calcula en torno al 30% y que contrasta con la magra política salarial del Gobierno con casi nulo impulso a la reapertura de paritarias.

Una canasta básica

En este marco de fuerte pérdida del poder adquisitivo, sin embargo, los trabajadores registrados no son los más afectados: un escalón por debajo se encuentran los informales, quienes no tienen atados sus ingresos a negociaciones paritarias.

Según el último índice de salarios de octubre del 2023, este grupo perdió un 3,4% real sobre el 8,3% de inflación de dicho mes, y aún resta conocer los datos de noviembre y diciembre, dos meses con una fuerte aceleración de precios.

El salario mínimo en la Argentina, aunque se mueve dentro del grupo de trabajadores registrados, es de los más golpeados ya que el Consejo del Salario se reúne de manera trimestral y pacta por adelantado aumentos.

Esto se evidencia en el último relevo de salarios mínimos latinoamericanos realizado por Bloomberg Línea, el cual analizó los ingresos dolarizados de las naciones de la región y evidenció que Argentina tiene el segundo peor ingreso mínimo de todos, tan solo por delante de Venezuela.

En el último round del Consejo, aún bajo gestión de Alberto Fernández en septiembre 2023, se definió una suba del 32% para el último trimestre del año (octubre-diciembre) que contrasta con el 50% de inflación aproximada que se espera para el mismo período, agravada por la devaluación de diciembre.

Hoy, el salario mínimo en Argentina es de $156.000 para los mensualizados y $780 por hora para los jornalizados, poco más que la Canasta Básica Total (CBT) que en noviembre cerró en $126.361 sin siquiera considerar, por ejemplo, el pago de un alquiler. La fuerte devaluación de diciembre anunciada por Caputo impactó fuertemente en los precios de los alimentos y en los bolsillos de los trabajadores.

El retraso de las remuneraciones locales, en contraste con los de la región, resulta aún más impactante. Un ranking de los salarios mínimos de los países de Latinoamérica ubicó a la Argentina como el que tiene el segundo nivel más bajo de la región, con un valor en el orden de los US$152, superado únicamente por el de Venezuela (US$ 3,61).

Según un relevamiento de Bloomberg, el salario mínimo argentino es menor que el de República Dominicana (US$245); Perú (US$277) y Brasil (US$291).

Mientras que Costa Rica (US$687) cuadruplica el total nacional y Uruguay (US$570), Chile (US$521) y Ecuador (US$460) más que lo triplican. Incluso República Dominicana, el tercer país peor posicionado en el listado justo detrás de Argentina, se encuentra un 61% por encima con un salario mínimo de US$245.

 

Nuevos pobres

“La pobreza y el desempleo son los otros grandes problemas que tenemos hoy”, dijo hace cuatro meses la exvicepresidenta Cristina Kirchner al trazar un profundo análisis de la economía en el eleccionario preelectoral en septiembre pasado.

“Tenemos un asalariado que es pobre, esto no pasaba en Argentina. Querer vivir bien y dignamente no es de derecha”, sentenció CFK en la presentación del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner” ante una nutrida militancia que la escuchó desde la calle, en la inmediaciones de la UMET, en la CABA.

 

También advirtió que “es imposible usar una motosierra si no dan los números”, y aseguró que si “no discutimos entre nosotros las condiciones” de la realidad “van a venir de afuera a discutirnos e imponernos todo: los vouchers, las universidades pagas”.

“Nos debemos una discusión y un debate, sin enojarse”, pidió entonces. Lo cierto es que se profundiza un fenómeno surgido en los últimos años a raíz de la inestable situación económica: hoy, cada vez más trabajadores son pobres y no alcanzan la línea básica de ingresos pese a gozar de trabajo formal.

En este contexto, mientras se aguarda por la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir un incremento urgente que alivie los bolsillos de los trabajadores de la mínima, el salario mínimo en la Argentina sigue cayendo y recorre una trayectoria que inició ocho años atrás cuando, con US$583 por mes, el país se encontraba entre los que mejor pagaba en la región.

 

Convocatoria

La Secretaría de Trabajo de la Nación informó que convocará entre el 20 y el 30 de enero al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir la primera suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de este año.

Así lo anticiparon fuentes gubernamentales a la agencia Noticias Argentinas (NA).

En este contexto, se aguarda por el llamado oficial de Omar Yasin, secretario de Trabajo, al Consejo del Salario para definir una suba urgente que intente recomponer esta situación crítica, agravada en el último trimestre, en la que se encuentran los trabajadores de la mínima.

“Considerable”

El Consejo debería haberse reunido en diciembre para establecer subas para el primer trimestre del 2024, en su momento no lo hizo y, aunque Yasin prometió convocarlo para los primeros días de enero, ahora se espera un nuevo encuentro entre mediados y fines del corriente mes.

La decisión del Ejecutivo se da ante la incesante inercia inflacionaria, que llevó a una suba de precios general en el orden del 30% durante diciembre, y se enmarca en el objetivo de tratar de hacer equilibrio interno, por un lado, entre las posiciones más inflexibles y las dialoguistas que componen la administración de Javier Milei, y por el otro, la discusión quedará en medio del paro general pautado por la CGT para el miércoles 24.

En este sentido, la estrategia del Gobierno pasa por contar con una herramienta para abrir un canal de diálogo con la central obrera, que permita evitar un mayor distanciamiento y descomprimir la protesta de 12 horas.

Con la intención de pactar un incremento “considerable”, según subrayó días atrás Yasín, la revisión además definirá de forma directa e indirecta distintas prestaciones sociales liquidadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, plus para jubilados y pensionados y Programa Acompañar, entre otros.

¿De cuánto es el salario mínimo en Argentina?

El SMVM actual en Argentina para trabajadores mensualizados asciende actualmente a $156.000 (brutos) tras absorber el tercer tramo de actualización del 8,5% correspondiente a la suba del 32% definida en septiembre.

La Resolución 15/2023, de la gestión anterior, por la que se oficializó los incrementos definió también el monto por hora para los jornalizados. Así, desde enero el haber trepa a $780.

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Tags: ArgentinaHaberesJavier MileiLatinoaméricaSalarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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