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DNU: Misiones mantendría la cantidad de diputados pero con otra forma de elección

También modificaría el sistema de financiamiento de los partidos políticos para las elecciones. Además, dividiría el país en 254 circunscripciones, con un diputado por cada uno.

7 enero, 2024
Archivo

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La provincia de Misiones no perdería ni ganaría representantes en la Cámara de Diputados de la Nación debido a que, por la densidad de su población le correspondería la misma cantidad actual: siete. En cambio, se modificaría la forma en que se asignan los diputados a cada partido ya que la provincia se dividiría en varios distritos y cada uno elegiría en forma directa a un diputado. De esta manera, el partido o frente con mayor fortaleza territorial podría llevar todos los legisladores y la minoría perdería representatividad.

Estos son algunos de los cambios que se establecen en la Ley Ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso de la Nación y que se votaría en las próximas semanas. Además incorpora la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para elecciones nacionales y propone modificar el sistema de financiamiento político eliminando el tope de aportes privados.

Más para unos, menos para otros

La Ley pretende reformar la representación legislativa, al eliminar los 3 diputados “extras” por distrito y el piso mínimo de 5 diputados por provincia, lo que disminuiría la cantidad de diputados en 16 provincias con menor densidad poblacional.

Misiones se mantiene en el lote de las provincias que conservan la cantidad de diputados, junto con Corrientes.

La Ciudad de Buenos Aires sería la más perjudicada: perdería 8 de los 25 escaños que posee actualmente y quedaría con 17.

No es la única. Otras 15 provincias verían reducida su cantidad de diputados por su menor densidad poblacional: Catamarca, La Pampa y La Rioja perderían 3 de los 5 que tienen y quedarían con solo 2; Formosa tendría 3 en lugar de los 5 actuales; y Tierra del Fuego, el distrito de menos habitantes, se quedaría con apenas una banca ya que perdería 4 de las 5 bancas actuales. Esta última, es la más afectada de todas las provincias, ya que el recorte de su representación sería del 80%.
Chaco perdería 1 de 7; Chubut y San Luis verían reducida sus bancas en 2 de 5; Jujuy y San Juan, en 1 de 6; y Entre Ríos perdería 1 de sus 9 diputados actuales.

En tanto, las provincias patagónicas también perderían escaños: Neuquén y Río Negro tendrían uno menos de 5, y Santa Cruz 3 menos de los 5 que tiene hoy.

Las que verían aumentada su representación, son seis. Además de Buenos Aires, Córdoba se vería favorecida en 3 más al pasar de 18 a 21; Mendoza subiría de 10 a 11; Salta pasaría de 7 a 8; Santa Fe, de 19 a 20; y Tucumán, de 9 a 10.

La diferencia entre las bancas ganadas (34) y las que se perderían (37) es de 3, lo que explica que la Cámara de Diputados pasaría de 257 escaños a 254.

En Misiones, con siete legisladores nacionales “en una elección se deberán hacer tres circunscripciones y en la otra deberán ser cuatro, porque en una elección se renuevan tres diputados y en la otra cuatro”, dijo el secretario electoral, Eduardo Bonetto.

En declaraciones a Radio República, indicó que “dice el proyecto, que cada diputado tendría que representar a 180.000 electores o una fracción no menor a 90.000. En Misiones eligiendo tres diputados nacionales, se dividiría en 3 circunscripciones. Una ocuparía más de la mitad de la provincia, otra una franja menor y una tercera podría ser la Capital”, dijo.

“Se modificaría cada diez años, por cada censo. Hay que respetar los 180.000 electores que debe representar el diputado”, explicó.

Y añadió que, por ejemplo: “La provincia de Buenos Aires está sub representada porque hay muchísimos electores y no tantos diputados como debería tener, y otras como Tierra del Fuego están sobre representadas, porque tienen más diputados de lo que la población le daría”.

 

El nuevo cálculo

El texto busca establecer una nueva base para el cálculo de bancas por habitantes por lo que la Cámara baja pasaría de 257 a 254 bancas, ya que se reduciría la representación de distritos con menos población.

Desde la llamada “ley Bignone” de 1983, se otorga una banca cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. El proyecto entregado al Congreso por el ministro del Interior, Guillermo Francos, eleva a 180.000 la cantidad de habitantes necesarios para elegir un diputado nacional.

Además, deroga la compensación de tres diputados extra para aquellas provincias que no alcancen el mínimo de cinco legisladores.

Por este motivo, si se aprobase la nueva normativa, saldrían perjudicadas provincias que tienen poblaciones entre los 180.000 y 1.400.000 habitantes, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, entre otras.

 

Por circunscripciones

El proyecto de “ley ómnibus” incluye otro aspecto que va a generar polémica: la división del país en 254 circunscripciones, y la elección de un diputado en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si Córdoba pasase a tener 21 representantes a la Cámara baja, estaría dividida en 21 circunscripciones, donde se elegiría uno en cada una. Se reemplazaría así el sistema D’Hondt de representación proporcional por uno de circunscripciones uninominales, en el cual un candidato puede ganar por un voto. Los partidos presentarían un único postulante por circunscripción.

De acuerdo al Gobierno, este modelo que replica el vigente en Estados Unidos, promueve una “mayor proximidad” entre el votante y el candidato. El sistema contribuye a una “personalización de la política” en detrimento de los partidos. Y evita la lista sábana cerrada con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas.

Uno de los aspectos más cuestionados de este modelo es el criterio para establecer los límites de cada circunscripción, que quedaría en manos del Poder Ejecutivo y sería el encargado de dividir los distritos electorales un año antes de los comicios.

Este cambio de sistema podría implicar una reestructuración del sistema de partidos en beneficio de unos y perjuicio de otros, ya que favorecería a las mayorías y le quitaría peso y visibilidad a terceras fuerzas y minorías.

“Las circunscripciones uninominales, de acuerdo a la experiencia de otros países, tiende a la eliminación de los partidos chicos. ¿Por qué? Porque a la medida que se centre la disputa en esa circunscripción a un solo cargo, los partidos grandes van a llevar los diputados”, explicó el secretario electoral de Misiones, Eduardo Bonetto.

Y comparó: “Ahora un tercer partido podía meter un diputado cuando se trata de cuatro bancas a repartir. Acá no, acá se va a llevar el diputado el partido ganador. La lista ganadora se lleva el diputado. Salvo que en la otra circunscripción sea fuerte el otro partido”.

 

Sin aportes para boletas

El proyecto también elimina el subsidio que otorga el Estado para la impresión de las boletas papel partidarias, antes de cada elección nacional. Esta modificación estaría alineada con la intención del Gobierno de promover la Boleta Única Papel cuya impresión sería solventada por el Estado.

CON MENOS. Alrededor de 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrían menos congresistas en la Cámara baja.

Actualmente, la Dirección Nacional Electoral le paga a cada agrupación que compite en las elecciones generales un monto que le permite imprimir dos boletas y media (con un valor testigo previamente fijado) por elector para cada categoría. La ley actual prevé este aporte público para garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación que hubo en estas elecciones en el país.

Los partidos chicos o los nuevos, al tener menor capacidad financiera, suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas en todo el territorio nacional. No así los más grandes, que suelen imprimir por su lado dos o tres padrones más, para el reparto previo de boletas a la ciudadanía.

 

No más spots gratuitos

Milei también busca derogar la distribución que hace la Dirección Nacional Electoral de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión para pasar sus spots y avisos. “Al eliminar la equidad en la distribución de espacios de publicidad de campaña, los candidatos que consigan más dinero, podrán comprar más minutos de aire”, advirtió Secchi.

Finalmente, el proyecto propone terminar con la prohibición de difundir encuestas ocho días antes de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, y elimina el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión.

 

Financiamiento para los partidos

A través de la derogación y modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos (Nro. 26.215), se elimina el tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.

Con esta modificación de la ley, se propone derogar, entre otros, el artículo 44 bis de la norma actual que limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación.

Cabe recordar que esta fija un tope del 2% de los gastos permitidos para esa campaña.
Asimismo, ese monto máximo debe ser informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) antes de cada elección.

En las elecciones generales 2.023 para la categoría de presidente, por ejemplo, ese tope en las donaciones fue de $40.732.350 por persona o empresa.

El proyecto de ley también propone eliminar el monto máximo de gastos destinados a la campaña electoral que puede realizar una agrupación política.

El límite del gasto de campaña en las elecciones generales 2023 para las agrupaciones o alianzas fue de $2.036.617.499.

En la práctica, la reforma significaría que los partidos podrían recibir donaciones de privados sin tope y gastar sin límites.

“Va contra todos los avances que hizo Argentina en materia de financiamiento político. Desde Poder Ciudadano, venimos hace 25 años luchando para que el financiamiento político sea más transparente y tenga límites que generen equidad en la competencia electoral” sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de esa ONG a Infobae.

Con esta nueva normativa, restaría ver en la provincia cuales serían los partidos o frentes beneficiados con la misma, como así también, cuánto perjudicaría a los partidos más pequeños.

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Tags: diputadosJavier MileiLey ÓmnibusMisionessenadoresSistema Electoral
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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