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Arjol presentó un proyecto para restituir las facultades de regulación al INYM

El dirigente radical aseguró que tanto el DNU como la Ley Ómnibus deben ser tratados en el recinto legislativo. Advirtió que el IMYM no resolvería el problema de los productores, solo generará impuestos.

3 enero, 2024
CONTROLES. El Área de Fiscalización del INYM recorre comercios.

CONTROLES. El Área de Fiscalización del INYM recorre comercios.

El año político comenzó temprano en el Congreso de la Nación, luego de que el Ejecutivo presentara en las últimas semanas de diciembre del 2023 el DNU 70/2023, donde deroga y modifica alrededor de 300 leyes y el proyecto de Ley Ómnibus para ser tratado en Diputados y en el Senado.

Los diferentes bloques empezaron a moverse y sentar posición ante las medidas contempladas en sendas normas y las posturas son dispares. En Misiones, uno de los puntos que generó más revuelo fue la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la derogación del artículo que facultaba al Instituto a estipular el precio de la hoja verde.

Luego de que el Gobierno de la provincia presentara una cautelar en defensa de las funciones históricas del INYM, el diputado nacional por Misiones de la Unión Cívica Radical, Martín Arjol, presentó ayer un proyecto de ley para restituir al INYM sus facultades.

“El DNU, si bien todavía no fue aprobado, está vigente, digamos, porque al no ser tratado dentro de los ocho días posteriores a su publicación, entró en vigencia. Así que, en el transcurso, seguramente el tratamiento legislativo, y habiendo esto estado incluido dentro de la Ley Ómnibus también, el DNU, hace que se puedan discutir estos temas y discutir en el Congreso, cada una de las leyes”, expresó Arjol en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

El legislador radical adelantó que su bloque acompaña varias medidas que presentó el Ejecutivo nacional, como ser cuestiones que tienen que ver con materia laboral, que se plantean tanto el DNU como la Ley Ómnibus.

“De hecho, el bloque ya ha nominado a las personas que tienen que integrar, por ejemplo, la Bicameral que trata el DNU, ha nombrado también ya la decisión de las personas que tienen que integrar cada una de las comisiones en el Congreso,(…) de nuestro lado hay una voluntad del bloque de dar la discusión dentro del Congreso”, agregó.

“Nosotros primero estamos planteando la necesidad de la discusión dentro del Congreso de los temas, de hecho, la voluntad del bloque está en discutir los temas”, reiteró.

No obstante, el dirigente radical insistió en que, uno de los puntos con el cual se manifestaban totalmente en contra, es la desregulación del INYM, lo que les llevó a presentar esta iniciativa.

“Del INYM, lo más resonante es la eliminación de la determinación de precios, que es una facultad importante del Instituto, no prioritaria. Nosotros somos muy críticos en cómo ha funcionado el INYM en los últimos tiempos”, argumentó.

Arjol explicó además que, el Instituto, ha tomado partido por un sector y en realidad tiene que representar a toda la cadena productiva.

“Entonces, claramente hay que rediscutir su rol, pero no eliminando las funciones que hacen que el instituto sea importante; sobre todo para acompañar a los pequeños productores y sobre todo en una economía como tiene la provincia de Misiones, basada en el pequeño productor. Esos pequeños productores son el pulmón y el corazón de la provincia. Entonces, no es una cuestión menor esto del instituto”, fundamentó.

 

Posiciones

El diputado radical no adelantó cómo votará, llegado el momento, respecto al DNU y la Ley Ómnibus, argumentando la necesidad de debatir sendas normativas.

“En cuanto a la posición, no se puede dar una todavía porque la ley va a tener su tratamiento legislativo, hay decisiones que acompañamos, otras que no”.

Asimismo, explicó que es difícil analizar, desde ese punto de vista, qué cosas pueden favorecer a Misiones, “porque el contexto económico en el que estamos lo sufren todos los argentinos. El proceso inflacionario en el que estamos es tremendo, el nivel de pobreza es tremendo, y en eso, la provincia de Misiones no es extraña”.

SENTAR POSICIÓN. Para Martín Arjol es difícil tomar una posición respecto al DNU y la Ley Ómnibus, ya que ambas tienen cosas que considera positivas y otras que no.

Para Arjol, el DNU y la Ley Ómnibus plantean la posibilidad de eliminar ciertas trabas burocráticas y legislativas que existían y que hacían al país inviable, en términos económicos.

“Y no porque lo diga yo, sino porque lo determinan los números”, fundamentó.

Agregó además que, esto también otorga la posibilidad de ver cómo se construye un país, en donde se plantea un avance hacia la modernización del mercado laboral, mayor productividad y mayor estímulo al sector privado con baja impositiva.

“Obviamente que ahí hay discusiones, por ejemplo, con el aumento de las retenciones, que tampoco estamos de acuerdo. Es difícil hacer un análisis o decirte esto beneficia a la provincia de Misiones, que en realidad no hay una cuestión puntual que beneficie, no hay una Zona Aduanera Especial, son leyes que en realidad terminan afectando a toda la Argentina, y a la provincia de Misiones”, apuntó.

Por otra parte, advirtió que hay otras cuestiones que comparten, como ser la eliminación de la fijación de precios. “La fijación de precios o precios cuidados, precios máximos o precios sugeridos, que han tenido distintos nombres en todo transitar de la vida, no solo de la Argentina, sino del mundo, y han fracasado sistemáticamente”.

Aunque entiende que lo que busca el presidente Javier Milei con estas medidas es la estabilidad fiscal, indicó que espera que, en los próximos meses, haya un plan macroeconómico de estabilización económica que tenga su fundamento, no solo en la reducción de gastos, sino particularmente en la mayor producción.

“La reducción de gastos tiene que ir en compañía del crecimiento productivo, de más trabajo, de más actividad económica, la mayor actividad económica, da mayor recaudación y eso equilibra las cuentas fiscales (…) Nosotros lo que pretendemos es que ese debate se haga en el Congreso, que es el ámbito en el que priman estos tipos de discusiones, y discusiones legislativas”, finalizó.

 

“La creación del INYM implica mayor burocracia” 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio se mostró totalmente en contra de la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM) debido a que implica “mayor burocracia, más cargos políticos, más impuestos y no soluciona el problema yerbatero”.

Arjol tomó como ejemplo los diferentes organismos, secretarías y direcciones que se crearon de protección de derechos de las mujeres y que no se reflejaron en una merma de casos de violencia de género.

“Mayor burocracia o mayor intervención del Estado no garantiza la protección de los derechos. Entonces, lo que tenemos que hacer es no crear un Instituto Provincial de la Yerba Mate, sino fortalecer el Instituto Nacional de la Yerba Mate”, agregó.

El cuestionamiento del legislador partió desde las facultades que podría tener este instituto y su alcance, debido a que no podrá regular muchas cuestiones, ya que la yerba mate se produce en otras partes del país y de la región.

“Porque, además, un Instituto Provincial no va a poder determinar el precio. O la pregunta es, ¿lo va a poder hacer? ¿Cómo va a determinar un precio de un producto que también se elabora y se fabrica en una provincia vecina, que lo hacen también en Brasil, que lo hacen también en Paraguay?”, afirmó.

Por ello, insistió en que el organismo sólo va a generar mayores trabas burocráticas para el sector productivo, va a generar mayor empleo público, va a generar más gasto y va a generar nuevos impuestos.

“¿De dónde van a sacar para financiar el Instituto Yerbatero? ¿Van a sacar una estampilla nueva? Es decir, que la yerba misionera va a salir más cara que la yerba correntina y la paraguaya y la brasilera. Entonces, creo que el Instituto Provincial no soluciona nada y suma más problemas al sector. Porque va a sumar no solo al sector, sino a toda la provincia más cargos políticos, más burocracia y más impuestos”, sentenció.

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Tags: FacultadesInstituto Nacional de la yerba Mate (INYM)Martín ArjolProyectoRegulación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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