Las medidas económicas de ajuste anunciadas por el nuevo Gobierno nacional podrían implicar un fuerte aumento de la litigiosidad, creen en los ámbitos de la Justicia en base a experiencias anteriores donde hubo recetas similares. La falta de dinero deriva en conflictos entre las partes que terminan acudiendo al Juzgado para que resuelva.
Es que, de acuerdo a lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se prevén posibles despidos de empleados públicos, paralizaciones de obras, revisión de contratos, aumento de las tarifas de servicios públicos, fuerte suba de los precios y encarecimiento generalizado del costo de vida de los ciudadanos.
Esto traería más trabajo a los jueces en la medida que tendrán, posiblemente, un aumento de los casos a resolver en cuestiones como: demandas laborales por despidos u otros derechos, los contratos incumplidos de empresas con el Estado y entre particulares, la conflictividad social en las calles, la renegociación de deudas entre privados y con el Estado, las tasas de interés por la alta inflación y los reclamos familiares por cuestiones económicas que se incumplan total o parcialmente.
Dos abogados posadeños consultados por PRIMERA EDICIÓN reconocieron que efectivamente hay un crecimiento de consultas después de que se escucharan los primeros anuncios de Caputo, el martes 12 de diciembre. “Todavía no podemos decir que hay más juicios porque la instancia judicial es la última de un conflicto, pero hay más consultas”, dijo un letrado que se especializa en lo laboral.
La ministra del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti, dijo al respecto que en casos de crisis “se da un aumento de la litigiosidad, lo que motiva que los jueces tienen más trabajo, que la gente acude más a la Justicia para resolver cierto tipo de conflictos”.
Puso como ejemplo la crisis del año 2001 con la salida de la “convertibilidad” donde “era toda una cuestión matemática que había que establecer, aquellos contratos que se habían pactado en dólares y que había que pesificar”.
“Aumenta la litigiosidad en época de crisis muchísimo, aumenta la necesidad de interpretarse los contratos, las cuestiones de interpretación laboral. En ocasiones se dieron más pedidos de quiebra, concursos preventivos, cuestiones familiares que se vienen viendo”, señaló la jueza.
Aunque aclaró que hoy existen instancias de mayor facilidad y velocidad para tener resoluciones en menor tiempo: mayor digitalización y tecnología en la Justicia, mayor número de juzgados en el territorio provincial y la instancia de mediación mediante los centros de mediación donde se busca llegar a una conciliación sin la necesidad de esperar una sentencia.
En la actualidad hay varios conflictos que se encuentran en la Justicia y que vienen derivados, por ejemplo, de las decisiones tomadas en el gobierno de Mauricio Macri, como por ejemplo el endeudamiento de los créditos UVA, cuyo ajuste por interés hace imposible cumplir con las cuotas a los adjudicatarios; y el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de los 0km, que también se disparó por encima de los ingresos de los compradores.
Venchiarutti explicó que se debe tener en cuenta que existe una división de Poderes y, por lo tanto, el Poder Judicial no puede interferir sobre decisiones que toma el Poder Ejecutivo a cargo del Presidente.
“En derecho y constitucionalmente tenemos algo que se llama ‘cuestiones políticas no judiciales’. O sea, son decisiones políticas que se toman y que no pueden ser evaluadas por los jueces, salvo que una de esas decisiones impacte directamente en un derecho adquirido de alguna persona”, dijo.
Explicó que “cuando digo cuestiones políticas no judiciales son, por ejemplo, si se toma el camino de la dolarización, es una cuestión política no judiciable. Como en su momento se tomó el camino de la pesificación para dejar atrás la convertibilidad”.
Aclaró que “las decisiones políticas y económicas que se tomen y que no afecten un derecho individual se tienen que entender como cuestiones políticas no judiciales (…). Nosotros no podemos discutir la dirección política. Una cuestión política no judicial es la moneda”.
Y por último dijo que, en los casos de paralización de obra pública, no se juzgará la decisión presidencial sino “vamos a juzgar las consecuencias que traigan ese incumplimiento contractual para con la empresa o el impacto que tenga en el trabajador, si se le reconoció la ley laboral”.
