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Barrios posadeños denuncian quita de refuerzos del Grupo Z

Esta situación se da mayormente en aquellos espacios alejados del centro que, por consecuencia, son los que más dependen del servicio público para realizar sus tareas diarias. “Nos mandan colectivos que ya son para descartar”, apuntó referente vecinal

28 noviembre, 2023

Viajar en colectivo urbano en Posadas se volvió una verdadera y lamentable caja de sorpresas para los usuarios del Grupo Z. Es que un día los pasajeros pueden encontrarse con que no funciona el lector de código QR (ver recuadro), al siguiente subirse y descubrir que su tarjeta SUBE Misionero dejó de estar operativa sin motivo aparente. Todo eso mientras en horario pico deben esforzarse por encontrar un espacio para poder respirar en medio de unidades colapsadas que pasan de largo muchas paradas porque no entra ni un alfiler.

Los pasajeros ya se resignaron y aceptaron en la mayoría de los casos que el “viajar mal” es la norma y no la excepción. Por eso, a los vecinos del barrio Aeroclub de Posadas poco les llamó atención ayer cuando advirtieron que una de las dos líneas que ingresan a esa zona había sufrido la quita de frecuencias, ocasionando demoras y dolores de cabeza. No obstante, decidieron denunciar la situación y recurrir al defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, para intentar encontrar una solución.

Un problema tras otro

El presidente de la comisión vecinal del barrio Aeroclub, Ariel Bogado, explicó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN que los vecinos dependen de las líneas 85 y 125 del Grupo Z, debido a que son las únicas que ingresan a ese lugar ubicado en las afueras de Posadas.

En ese sentido, indicó que en el caso puntual de la línea 85 (que va hasta la Terminal Quaranta) ya habían aceptado las múltiples fallas, especialmente a la falta de refuerzos en los horarios de mayor demanda.

“Es algo normal y esperar el 85 es una cuestión de suerte. Los refuerzos no salen porque no anda el lector de tarjeta SUBE. En horario pico es imposible viajar con los chicos que van a la escuela, los adultos a su trabajo y todo el resto de personas”, lamentó.

Pero como siempre se puede estar un poco peor, los usuarios del barrio Aeroclub advirtieron que la otra línea, la 125, también cortó sus refuerzos y de una frecuencia de 10-12 minutos en horario pico, pasó a ser prácticamente de media hora.

“Se complicó todo aún más”, resumió Bogado, quien en su rol de referente barrial empezó a canalizar los reclamos ayer.

La situación fue reconocida por los propios inspectores de la empresa, quienes no brindaron mayores detalles al respecto.

“El problema no son los inspectores o los choferes, está más arriba”, aclaró el entrevistado, quien apuntó que entre “los rumores que circularon fue que se pudo tratar de la previa a un posible paro que se viene. Ese es el comentario que circula entre los choferes”.

Estado de los coches

Otra de las cuestiones a la que hizo referencia el líder barrial fue al estado de los coches con los que deben viajar los usuarios.

“Nos mandan colectivos que ya son para descartar y los utilizan para brindar los refuerzos. Los que más sufren con todo esto son los trabajadores”, lamentó.

Tal lo mencionado en párrafos anteriores, Bogado puso en conocimiento de todo esto a Penayo.

“Me dijo que redacte una nota firmada por los vecinos y se la lleve para que él pueda presentarla en la empresa. Veremos que ocurre”, concluyó.

¿Modus operandi?

La experiencia de los vecinos del barrio Aeroclub es similar a las quejas que llegan todos los días en la Asociación Civil de Protección y Difusión de Derechos de Usuarios y Consumidores “Defender”.

Su titular Marcos Contreras, en diálogo con este Diario semanas atrás, expuso que a medida que los barrios se van alejando del centro posadeño, peor es el servicio de transporte urbano que reciben los vecinos, a pesar de que por la lejanía, dependen más del mismo.

“El circuito metropolitano es el más visible y ahí podés ver nuevas unidades. Pero cuando te alejás de la gran urbe, empezás a observar las deficiencias, con unidades con techos rotos, caños y asientos sueltos; etc”, criticó Contreras en su momento.

En ese contexto, un proyecto que ingresó al Concejo Deliberante posadeño en una de sus últimas sesiones también da cuenta de malestar de vecinos de barrios lejanos al casco céntrico por falta de frecuencias.

A esto hay que sumarle que quienes viven alejados padecen también la falta de puestos de carga de la tarjeta SUBE Misionero, cuyo control está en manos también del Grupo Z. Cabe recordar que con esta modalidad de pago, el pasaje tiene un valor menor que haciéndolo en efectivo.

Inconvenientes con el QR

Mientras que los vecinos del barrio Aeroclub esperaban ayer el colectivo, al mismo tiempo cientos de usuarios que intentaban pagar el pasaje desde el celular con el código QR se encontraban con que no podían hacerlo. “Es una falla del sistema”, era la respuesta que se escuchaba de los choferes, a quienes les tocó en primer lugar dar la mala noticia.

Con el correr de los minutos, la empresa Servicios Urbanos, del Grupo Z, sacó un escueto comunicado donde le restó importancia a lo ocurrido.

“En el día de la fecha se detectaron demoras en el sistema de pago con QR en algunas unidades”, fue el argumento de la firma.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un episodio como este que deja a los usuarios a la “buena voluntad” del conductor de la unidad de turno.

Ayer, por ejemplo, sobraron testimonios de pasajeros que en esa “demora”, se encontraron con que no tenían la tarjeta SUBE Misionero o dinero en efectivo (los otros dos medios de pago) por lo que no pudieron viajar o tuvieron que pasar momentos de tensión y discusión con los choferes.

Aumento de la carga

En este contexto, esta semana podría haber novedades acerca del proyecto que está congelado en el HCD de Posadas que plantea elevar el tope de carga de la SUBE Misionera de $600 a $6.000.

Si bien hoy no se puede acceder al plástico porque la empresa dejó de emitirlo, la medida anterior es un fuerte reclamo que vienen realizando los usuarios que sí cuentan con la misma.

Tags: #PosadasBarrio AeroclubGrupo ZTransporte Urbano
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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