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Caso Marset: separan a 17 policías de Interpol-Paraguay

Las policías de Uruguay, Paraguay y Bolivia buscan dar con el paradero de Sebastián Marset cuyo caso desató una crisis política en el Gobierno del presidente Lacalle Pou.

25 noviembre, 2023
Los agentes fueron separados de sus cargos bajo la sospecha de que levantaron el código rojo que pesaba sobre Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset.

Los agentes fueron separados de sus cargos bajo la sospecha de que levantaron el código rojo que pesaba sobre Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset.

Un total de 17 agentes de Interpol-Paraguay fueron separados ayer de sus cargos, por la sospecha de que levantaron el código rojo que pesaba sobre Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset, en un caso que puso en una situación sumamente incómoda al presidente Luis Lacalle Pou.

“Estamos investigando la probable existencia de hechos punibles que van desde sabotaje, alteración de datos y frustración de la persecución, en principio”, informó en conferencia de prensa la fiscala interviniente, Ruth Benítez.

“Evidentemente la persona que hizo la modificación tiene los permisos correspondientes para dar altas y bajas. Tenemos un listado de 17 personas que tienen acceso al sistema de Interpol”, expresó la representante del Ministerio Público.

“Todos son sospechosos de haber levantado el código rojo”, expuso la letrada, quien aguarda que la sede mundial de Interpol en Lyon, Francia, informe sobre el usuario que borró a García de la red de buscados. Entretanto, los funcionarios fueron suspendidos en sus funciones.

“Las acciones de investigación van a continuar encabezadas por el Ministerio Público”, subrayó el jefe de Interpol, comisario Juan Pereira, citado por la agencia de noticias AFP.

Al mismo tiempo, la Interpol Paraguay informó que restableció el código rojo contra Gianina García Troche, esposa de Marset, ambos buscados por la policía internacional a requerimiento de Uruguay.

Interpol confirmó a las autoridades paraguayas que la orden de captura de la mujer había sido levantada en el país guaraní. Los funcionarios estaban autorizados a operar el sistema de alertas con fines de detención.

García es acusada en Paraguay -al igual que Marset- de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. El levantamiento del código le permitía ingresar a los países en los que no tuviera requisitoria nacional.

La policía de Uruguay, Paraguay y Bolivia buscan dar con el paradero de Sebastián Marset.

Cabe recordar que el escándalo político por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset derivó en la renuncia de cuatro representantes del gobierno. El revuelo abierto en Uruguay por el ocultamiento de datos a la Justicia, que involucra a funcionarios del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, ya está golpeando el sistema político uruguayo a gran escala.

Lucas Silva, periodista uruguayo, explicó la causa en MDZ Radio 105.5 FM. En primer lugar, brindó un contexto respecto al principal implicado: “Sebastián Marset es un narcotraficante uruguayo de 33 años, es de una generación distinta a la de los grandes capos del narcotráfico. Es un tipo más vinculado a otro tipo de negocio, utiliza mucho las criptomonedas para el lavado de activos, está vinculado al fútbol, tiene cosas más de millennial”.

“Al mismo tiempo, es una persona que tiene un tipo de cobertura específica que aún se está investigando. Nosotros ahora estamos siguiendo este escándalo, en primera instancia, él cae preso en Dubái y, a partir de ahí, arranca la historia de que Uruguay le hace el pasaporte falso y logra salir de la cárcel”, agregó.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #Narcotráfico#ParaguayGianina García TrocheSebastián Marset
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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