El planteo oficial elevado al Superior Tribunal de Justicia por el Colegio de Abogados de Misiones que cuestiona el sistema de ferias de invierno y verano para el servicio judicial en todos sus fueros, avivó voces a favor de la modificación de las agendas de vacaciones durante enero y dos semanas en julio. Pero también generó la defensa de actores centrales de la Justicia misionera.
Uno de ellos fue Carlos Jorge Giménez, juez integrante del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial y Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Misiones. En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, entabló su posición con moderación pero “obligado a realizar algunas aclaraciones sobre las expresiones vertidas de algunos pocos, que quieren instalar maliciosamente a la feria judicial como un privilegio ante nuestra sociedad. Una desmedida o, en algunos casos inexacta, crítica tendría entidad para generar un alejamiento de las partes de esos lugares de consenso y trabajo mancomunado que la sociedad moderna nos demanda”.
Giménez manifestó además: “Rechazo categóricamente que la feria judicial implique un privilegio sin fundamento. El origen y fundamento se encuentra no solamente en la organización interna de nuestras dependencias, establecer prioridades, organización de depósitos, elementos secuestrados, depósitos de armas, en fin, organizaciones de carácter administrativo que en tiempos normales no se realizan por la vorágine propia del Servicio de Justicia, además del derecho al descanso consagrado por nuestra Constitución Nacional”.
Agregó que “también es fundamento la consideración del ‘otro lado del mostrador’. Muchos colegas abogados son sus propios jefes y secretarios de tiempo completo y no cuentan con ciertas estructuras para tomarse descanso en cualquier época del año, y es la feria judicial donde saben con tranquilidad que algún expediente suyo no ocurrirá algún vencimiento o alguna presentación a realizar, por ejemplo. La feria judicial radica también en brindar un descanso a quienes día a día bregan por una correcta y eficaz administración de justicia”.
El presidente de los Magistrados provinciales fue cauto a su vez: “Tratar de privilegio, al legítimo ejercicio de interpretación de organización institucional por parte del mayor órgano que posee nuestra Justicia provincial (STJ) por no seguir lo establecido por la Justicia nacional, es fuera de todo respeto y a su vez que demuestra una errónea interpretación de la estructura federal de estado”.
Ofreció alternativas para considerar: “Como Asociación (Jueces y Magistrados) nos parece prudente realizar mesas de trabajo donde se puedan escuchar todas las voces de la abogacía, poder discutir los términos en los cuales se dan dichas ferias, o por caso sostenemos el asidero en relación a la naturaleza alimentaria de los honorarios con la inherente necesidad de que tenga una especial mención como materia habilitada de tramitación en feria”.
No esquivó y remarcó también que “el servicio de Justicia en enero y en julio está en funcionamiento con jueces y secretarios de turno en todos los fueros, además del juzgado de Instrucción Penal en turno que da respuesta a la demanda de nuestra ciudadanía”.
“Escuché con desazón que se hiciera despectiva mención a jueces en relación a su estabilidad en el cargo, soslayando que la inamovilidad de los mismos no radica en un privilegio de perpetuidad, sino en una garantía de naturaleza constitucional a efectos de poder asegurar el ejercicio sin presiones circunstanciales de la magistratura”.
Hace una semana, un documento dirigido a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti de Sartori, el Colegio de Abogados de Misiones solicitó que se anule la feria judicial, en particular, la que va desde el 24 al 31 de diciembre.
Para la comisión directiva del Colegio, la acordada 80/09 “desnaturaliza el sistema tal cual fue pensado transformándolo en un privilegio sin fundamento”.
Con esta medida, sumada a la feria de invierno (14) y a los días de enero (31), la feria judicial total es de 50 días por año. Por el contrario, el sistema actual del Poder Judicial deja 196 días hábiles judiciales, “los cuales resultan incompatibles con un adecuado servicio de justicia”, apunta el documento firmado por el presidente del Colegio de Abogados, Antonio López Forastier, y la secretaria, Mariana Ferro.
Los abogados solicitaron al STJ que “se extienda la jornada diaria al horario normal y habitual del Poder Judicial, ya que no existen razones que ameriten sostener la reducción de la carga horaria, que sumada a la restricción de trámites por materia, implica en los hechos una restricción incompatible con un adecuado servicio de justicia”, apuntan, recordando que la presente feria judicial es de tres horas por jornada”.
Pidieron además que “se habilite el cobro de honorarios profesionales por revistar carácter claramente alimentario”. Y también, cualquier trámite de regulación o tramitación.
